Rafael Llamas, alcalde de Montilla y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur Cordobesa y de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ha reclamado "blindar" en los próximos presupuestos europeos la financiación del programa Leader para evitar el desmantelamiento de una estructura territorial construida durante 35 años.
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que representa a cerca de dos centenares de entidades rurales de todo el territorio español, plantea una reserva mínima obligatoria del 5 por ciento de los recursos financieros destinados a las áreas rurales, que en España representaría aproximadamente 1.300 millones de euros para el periodo 2028-2034.
La reclamación se produce en una fase decisiva de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que definirá sus prioridades políticas y presupuestarias para esos siete años. El presidente de la REDR advierte de que la nueva arquitectura de los fondos Leader puede diluir los recursos destinados al desarrollo rural y comprometer la continuidad del modelo de participación local.
Llamas defiende el papel desempeñado por las entidades que aplican estos programas en los pueblos y subraya que "los Grupos de Acción Local han sido los verdaderos protagonistas de las mayores transformaciones que ha vivido el medio rural español en las últimas décadas". Para el también alcalde de Montilla, "desmantelar una red que atesora 35 años de capital social acumulado no es un simple cambio administrativo: es un error histórico irreversible que no se puede volver a reconstruir de la noche a la mañana".
El presidente de la REDR sostiene que "los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa están relegando los retos de cohesión territorial". En ese contexto, el primer edil montillano alerta del riesgo de que Leader y el Desarrollo Local Participativo (CLLD) pierdan su financiación específica si el nuevo marco presupuestario no incorpora una reserva explícita de fondos protegida por reglamento.
Según Llamas, "la ausencia de esa garantía dejaría el desarrollo rural a merced de prioridades nacionales centralizadas con mayor visibilidad política". El presidente de la entidad considera que "esta situación comprometería el trabajo realizado durante las últimas tres décadas y media y reduciría la capacidad de escuchar y atender las necesidades de la población de los pueblos".
La propuesta de blindaje presupuestario sitúa en el 5 por ciento de los recursos financieros reservados para las áreas rurales la asignación mínima obligatoria que debería recibir Leader. Para España, los aproximadamente 1.300 millones de euros correspondientes al conjunto del periodo equivaldrían a unos 185 millones anuales. La REDR identifica esta cantidad como el umbral indispensable para asegurar el funcionamiento de los Grupos de Acción Local y mantener la llegada directa de recursos a la población.
Junto a la financiación, Llamas reclama que el programa conserve un carácter obligatorio y diferenciado en toda la Unión Europea. La REDR destaca su contribución al empleo, al emprendimiento, a la fijación de población y al fortalecimiento del tejido socioeconómico, así como su "capacidad para crear condiciones de vida que permitan sostener económicamente esas actividades".
La tercera demanda consiste en mantener a los Grupos de Acción Local como la estructura territorial responsable de aplicar Leader. "Estos grupos reúnen a ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones de mujeres y jóvenes rurales para participar en el diseño del futuro de sus municipios", defiende el presidente de la REDR, quien advierte de que reducir "su función a la mera tramitación administrativa anularía el valor de la experiencia acumulada durante 35 años".
Por su parte, la vicepresidenta primera de la REDR, Juana María Martínez, pone el acento en los resultados sociales y económicos del programa y afirma que "Leader es la única política europea con rostro humano, diseñada de abajo hacia arriba, que lleva Europa directamente al ciudadano".
"Además, es un modelo con una eficiencia altamente demostrada, pues por cada euro público invertido, Leader es capaz de movilizar hasta tres euros de inversión total, habiendo generado o consolidado más de 72.000 empleos directos en los últimos diez años en España a través de una inversión pública de 1.200 millones de euros", añade Martínez.
La Red Española de Desarrollo Rural enmarca estas reivindicaciones en una cuestión de Estado que también afecta a la ciudadanía urbana. Recuerda que los territorios rurales producen los alimentos que llegan a las ciudades, conservan recursos naturales, mantienen el patrimonio y la cultura y contribuyen al equilibrio territorial y a la cohesión social. También vincula su continuidad con la transición energética y la preservación ambiental.
Por ello, la organización sostiene que una menor dotación presupuestaria o la dilución de Leader tendría repercusiones más allá de los pueblos y afectaría a la cohesión social y económica del conjunto de España. Su reclamación busca garantizar tanto la supervivencia y la autonomía de los Grupos de Acción Local como la continuidad de un modelo de desarrollo basado en la participación de los territorios.
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que representa a cerca de dos centenares de entidades rurales de todo el territorio español, plantea una reserva mínima obligatoria del 5 por ciento de los recursos financieros destinados a las áreas rurales, que en España representaría aproximadamente 1.300 millones de euros para el periodo 2028-2034.
La reclamación se produce en una fase decisiva de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que definirá sus prioridades políticas y presupuestarias para esos siete años. El presidente de la REDR advierte de que la nueva arquitectura de los fondos Leader puede diluir los recursos destinados al desarrollo rural y comprometer la continuidad del modelo de participación local.
Llamas defiende el papel desempeñado por las entidades que aplican estos programas en los pueblos y subraya que "los Grupos de Acción Local han sido los verdaderos protagonistas de las mayores transformaciones que ha vivido el medio rural español en las últimas décadas". Para el también alcalde de Montilla, "desmantelar una red que atesora 35 años de capital social acumulado no es un simple cambio administrativo: es un error histórico irreversible que no se puede volver a reconstruir de la noche a la mañana".
El presidente de la REDR sostiene que "los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa están relegando los retos de cohesión territorial". En ese contexto, el primer edil montillano alerta del riesgo de que Leader y el Desarrollo Local Participativo (CLLD) pierdan su financiación específica si el nuevo marco presupuestario no incorpora una reserva explícita de fondos protegida por reglamento.
Según Llamas, "la ausencia de esa garantía dejaría el desarrollo rural a merced de prioridades nacionales centralizadas con mayor visibilidad política". El presidente de la entidad considera que "esta situación comprometería el trabajo realizado durante las últimas tres décadas y media y reduciría la capacidad de escuchar y atender las necesidades de la población de los pueblos".
La propuesta de blindaje presupuestario sitúa en el 5 por ciento de los recursos financieros reservados para las áreas rurales la asignación mínima obligatoria que debería recibir Leader. Para España, los aproximadamente 1.300 millones de euros correspondientes al conjunto del periodo equivaldrían a unos 185 millones anuales. La REDR identifica esta cantidad como el umbral indispensable para asegurar el funcionamiento de los Grupos de Acción Local y mantener la llegada directa de recursos a la población.
Junto a la financiación, Llamas reclama que el programa conserve un carácter obligatorio y diferenciado en toda la Unión Europea. La REDR destaca su contribución al empleo, al emprendimiento, a la fijación de población y al fortalecimiento del tejido socioeconómico, así como su "capacidad para crear condiciones de vida que permitan sostener económicamente esas actividades".
La tercera demanda consiste en mantener a los Grupos de Acción Local como la estructura territorial responsable de aplicar Leader. "Estos grupos reúnen a ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones de mujeres y jóvenes rurales para participar en el diseño del futuro de sus municipios", defiende el presidente de la REDR, quien advierte de que reducir "su función a la mera tramitación administrativa anularía el valor de la experiencia acumulada durante 35 años".
Por su parte, la vicepresidenta primera de la REDR, Juana María Martínez, pone el acento en los resultados sociales y económicos del programa y afirma que "Leader es la única política europea con rostro humano, diseñada de abajo hacia arriba, que lleva Europa directamente al ciudadano".
"Además, es un modelo con una eficiencia altamente demostrada, pues por cada euro público invertido, Leader es capaz de movilizar hasta tres euros de inversión total, habiendo generado o consolidado más de 72.000 empleos directos en los últimos diez años en España a través de una inversión pública de 1.200 millones de euros", añade Martínez.
La Red Española de Desarrollo Rural enmarca estas reivindicaciones en una cuestión de Estado que también afecta a la ciudadanía urbana. Recuerda que los territorios rurales producen los alimentos que llegan a las ciudades, conservan recursos naturales, mantienen el patrimonio y la cultura y contribuyen al equilibrio territorial y a la cohesión social. También vincula su continuidad con la transición energética y la preservación ambiental.
Por ello, la organización sostiene que una menor dotación presupuestaria o la dilución de Leader tendría repercusiones más allá de los pueblos y afectaría a la cohesión social y económica del conjunto de España. Su reclamación busca garantizar tanto la supervivencia y la autonomía de los Grupos de Acción Local como la continuidad de un modelo de desarrollo basado en la participación de los territorios.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: REDR
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