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lunes, 23 de septiembre de 2019

  • 23.9.19
La Junta de Andalucía pone a su disposición de ciudadanos, empresas y entidades locales andaluzas hasta un total de ocho millones de euros de incentivos para la adquisición de vehículos de energías alternativas, fundamentalmente eléctricos, así como para infraestructuras de recarga eléctrica. El Programa MOVES-Andalucía mantendrá abierto el plazo de solicitud de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2019, o finalización del presupuesto, cuya ventanilla se abrió el pasado 19 de junio, y que cuenta con cerca del 85 por ciento de los fondos disponibles.



Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la Junta de Andalucía ha querido recordar que existen otras formas de moverse de forma más eficiente y limpia, para desafiar a los retos actuales de lucha contra el cambio climático y avanzar hacia una movilidad más sostenible para Andalucía y para Europa. Así, incide en que el vehículo eléctrico es una alternativa viable al transporte convencional para más del 80 por ciento de la población, que no suele hacer más de 50 kilómetros diarios con sus vehículos.

Con casi 3,4 millones de euros de presupuesto disponible, a través de MOVES-Andalucía se pueden solicitar ayudas para la adquisición de vehículos más eficientes, que oscilan entre 600 euros (para cuadriciclos ligeros eléctricos puros) y 15.000 euros (para furgones o camiones N3 y autobuses o autocares M3), situándose en 5.500 euros para vehículos ligeros eléctricos con una autonomía mayor de 72 kilómetros.

Para turismos y furgonetas, la factura de adquisición del nuevo vehículo debe incluir un descuento de 1.000 euros realizado en la factura por el fabricante, importador o punto de venta. Uno de los requisitos para optar a estas ayudas es que los vehículos deben sustituir a otros con una antigüedad de 10 años cuando se trate de turismos y de 7 años para furgonetas, siendo obligatorio el achatarramiento de los mismos.

También se pueden continuar solicitando ayudas para infraestructura de recarga de estos vehículos. Aunque el programa regional haya agotado sus fondos, todavía están disponibles 3,1 millones de euros del Programa MOVES-Andalucía, que ofrece el 30% de incentivo para empresas y autónomos, aumentando hasta el 40% para particulares, comunidades de propietarios o entidades públicas,

El procedimiento para solicitar los incentivos, tanto para vehículos como para infraestructuras de recarga, se realiza a través de entidades adheridas al Programa (concesionarios, puntos de venta, entidades de leasing o renting), que son las encargadas de gestionar las ayudas en nombre de sus clientes y realizar todos los trámites relacionados con la solicitud, gestión y justificación de las mismas. El listado de las más de 200 empresas adheridas hasta la fecha se localiza en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía.

El programa MOVES incentiva también a empresas y entidades locales sistemas de préstamos de bicicletas, con un presupuesto inicial del 5 por ciento (algo más de 404.000 euros), que podrán solicitarse a partir del 15 de octubre.

Mejora energética para un transporte sostenible

Este programa se incluye en el Paquete de medidas de mejora energética para un transporte sostenible de Andalucía, que la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, puso en marcha en mayo con un presupuesto global de 19 millones de euros.

Un paquete que está teniendo una gran acogida entre los ciudadanos, empresas y entidades locales como lo demuestra el hecho de que, en apenas 2 meses, se agotaron los 11 millones de euros de fondos regionales-FEDER del Programa para el desarrollo energético sostenible 'Andalucía es más', destinados a infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y combustibles alternativos, así como para la renovación de vehículos y flotas energéticamente eficientes para entidades locales. También incluía actuaciones de difusión y comunicación por parte de entidades locales.

Los puntos de recarga con energía fotovoltaica para autoconsumo han sido las actuaciones más solicitadas, que están permitiendo que la ciudadanía se mueva de forma aún más eficiente, generando cero emisiones, mientras las viviendas se benefician de la energía solar generada cuando el vehículo no está cargando.

Del total de los fondos destinados a este programa, 16,7 millones de euros, desde su apertura en septiembre de 2017 hasta su cierre en agosto de 2019, Sevilla ha sido la provincia en la que más demanda han tenido las ayudas en número de proyectos, que representan más del 37 por ciento de los solicitados, y en incentivos, con 5,6 millones de euros. Le sigue Cádiz, con 5 millones en ayudas y el 22 por ciento en número de proyectos solicitados.

Los ciudadanos, empresas y entidades locales cordobesas han solicitado ayudas por algo más de 3 millones de euros. En Málaga y Granada se van a destinar en torno a 740.000 en incentivos a través de este Programa regional. Le siguen Jaén, con 638.000 euros, Almería con más de 400.000 y Huelva con 375.000.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

domingo, 22 de septiembre de 2019

  • 22.9.19
El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, se ha reunido en Sevilla con representantes del sector del olivar de Andalucía para presentar los datos del aforo de la campaña 2019-2020, cuyo volumen total se estima que alcance las 397.300 toneladas. Pérez ha explicado que, si bien este dato supone un descenso con respecto a la campaña anterior, hay que destacar "la gran calidad y el mayor calibre" que se espera que tengan los frutos.



El representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha explicado que la pasada campaña fue la mayor de los últimos ocho años, circunstancia que se suma a "las condiciones desfavorables en cuanto a pluviometría y los efectos de la vecería, por la que, generalmente, a una buena campaña le sigue otra de menor volumen". La reducción de las precipitaciones y los golpes de calor de la primavera han tenido como consecuencia la reducción de la producción de algunas variedades, afectando en menor medida a la hojiblanca.

Por provincias, destaca en primer lugar Sevilla con algo más de 261.000 toneladas de aceituna de mesa, seguida de Córdoba (casi 76.000 toneladas) y Málaga (cerca de 53.500 toneladas). Por su parte, se espera que en Huelva se recojan alrededor de 5.550 toneladas; en Almería, 754 toneladas; en Jaén, 461 toneladas; en Granada, 70 toneladas, y en Cádiz, 39 toneladas.

En total, en Andalucía hay 188 entamadoras repartidas entre todos los territorios. En concreto, en Sevilla se ubican 111 de estas industrias agroalimentarias, las provincias de Córdoba y Málaga coinciden con 33 instalaciones, en Jaén se ubican seis, en Huelva dos, mientras que las provincias de Almería, Cádiz y Granada cuentan con una entamadora cada una de ellas.

Durante el encuentro con los productores se han abordado también otras cuestiones de relevancia para el sector como, por ejemplo, el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) y el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa), "herramientas fundamentales para garantizar la trazabilidad de los productos y el control de posibles robos", como ha apuntado Vicente Pérez.

Asimismo, en la reunión se ha analizado también la "gran utilidad" de la extensión de norma de la interprofesional del sector para "promocionar a nivel nacional el consumo de la aceituna y potenciar así la rentabilidad y competitividad de los productores y las empresas agroalimentarias de Andalucía".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

sábado, 21 de septiembre de 2019

  • 21.9.19
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo trabaja en la implantación de nuevas medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar a través de una nueva orden de incentivos a la conciliación, que tiene prevista una dotación económica de 4,6 millones de euros. Esta orden de ayudas reunirá todas las medidas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mejorará aquellas que ya se vienen desarrollando y, además, incluirá incentivos innovadores tanto desde el punto de vista del contenido como de los beneficiarios.



La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha detallado en comisión parlamentaria que la nueva norma incluirá cuatro incentivos dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores autónomos. El primero de ellos será una ayuda para las nuevas contrataciones laborales indefinidas a personas desempleadas, a jornada completa, que incluyan como medida de flexibilidad horaria que parte de la jornada se realice mediante la modalidad del teletrabajo.

La nueva orden contempla también la puesta en marcha de un incentivo dirigido a la contratación de personas desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, para la atención y el cuidado de algún miembro de la familia con al menos un 75 por ciento de discapacidad reconocida o enfermedad crónica que requiera atención continuada para la prestación de servicios retribuidos en el ámbito del hogar.

El nuevo paquete de incentivos incluye una ayuda dirigida a la contratación de personas desempleadas, inscritas en el SAE, en el sistema Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social, para la atención y el cuidado de hijos menores de tres años, así como una ayuda para incentivar la contratación, por parte de trabajadores autónomos con hijos de 0 a 3 años, de una persona, a tiempo completo o parcial, durante el período de atención del menor.

Políticas de igualdad

Blanco ha explicado el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo de políticas favorecedoras de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, a través de la puesta en marcha de propuestas como instaurar fuentes de conocimiento para localizar las desigualdades que sufre la mujer en el trabajo.

En este sentido, se ha referido al establecimiento de mecanismos para la detección y el análisis de las diferencias retributivas entre mujeres y hombres en las empresas andaluzas, diagnóstico en el que se tomarán en consideración las aportaciones de los agentes económicos y sociales.

La responsable andaluza de Empleo también se ha referido a la puesta en marcha del I Plan contra la desigualdad salarial, cuya formulación fue aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre de 2018, pero cuyos trabajos de redacción va a iniciar su departamento, incluyendo la promoción de cláusulas adecuadas en la negociación colectiva que ofrezcan mayor seguridad jurídica desde la perspectiva de género.

Blanco ha recordado actuaciones que la consejería viene desarrollando para fomentar la conciliación como la línea de subvenciones dirigidas a medidas de conciliación en corporaciones locales y empresas y a acciones de sensibilización en materia de igualdad para las empresas, así como los programas de fomento del empleo que se ejecutan desde el SAE, en los que las mujeres representan de media el 60 por ciento de los beneficiarios, o el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo, que intensifica las ayudas dirigidas a mujeres.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR


jueves, 19 de septiembre de 2019

  • 19.9.19
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado en comisión parlamentaria que su departamento prevé anticipar, desde el próximo mes de octubre, el pago de 780 millones de euros de la Política Agrícola Común (PAC) para mitigar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, "lo que permitirá al sector disponer de mayor liquidez y recursos para hacer frente a los efectos del estrés hídrico".



La consejera ha iniciado su discurso lamentando los graves daños causados por la gota fría, principalmente en las provincias de Almería, Granada y Málaga, a agricultores y ganaderos, a quienes ha garantizado ayuda inmediata para que "normalicen la situación lo antes posible".

De hecho, ha destacado la "celeridad" del Gobierno andaluz para aprobar un paquete de medidas por valor de 75 millones de euros, de los que 48 millones salen de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, incluyendo planes de recuperación de explotaciones, caminos y cauces. Precisamente, este episodio meteorológico redunda en la necesidad de asumir un cambio climático, con especial incidencia en Andalucía.

Respecto a la sequía que soporta la comunidad, Crespo ha recordado la interlocución "permanente" con el sector, iniciada a comienzos de agosto, haciendo un estudio pormenorizado que haga hincapié en que la extensión de la comunidad provoca que coexistan zonas con sequía moderada y otras donde es severa.

"El objetivo es mantener las explotaciones y puestos de trabajo, pero también evitar problemas de bienestar animal y anticiparnos a una sequía prolongada", ha explicado la consejera. Por ello, el pasado 4 de septiembre se articularon una serie de medidas en consenso con el sector, que también "quiere que se trabaje en sensibilización" por un buen uso del agua.

Respecto a la previsión de abono de 780 millones de euros, Crespo ha explicado que es fruto de la decisión de aumentar los anticipos de la PAC del 50 por ciento al 70 por ciento, una de las líneas acordadas por el Gobierno andaluz con el sector agrario para aliviar el impacto de la sequía. "La Consejería está desplegando una batería de medidas de la mano de los agricultores y ganaderos, porque un Gobierno serio no puede estar solo mirando al cielo esperando que llueva, sino que tiene que adelantarse, dialogar, actuar y ayudar al sector", ha subrayado.

En este sentido, la consejera ha asegurado que su departamento está trabajando para convocar en este último trimestre de 2019 las ayudas destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas y ha considerado "básico" seguir desarrollando una línea que contempla el PDR en futuras convocatorias para lograr "un mayor ahorro y una menor dependencia energética".

Crespo ha adelantado, además, que la Consejería está analizando la puesta en marcha de otras actuaciones dirigidas a incrementar la liquidez del sector agrario dentro de las posibilidades que permite el marco europeo. Así, ha apuntado a un incremento de los anticipos de los pagos Feader, como ya se ha iniciado con la convocatoria a jóvenes agricultores. De hecho, la Consejería va a permitir el pastoreo en la superficie de barbecho declarada de interés ecológico para el Pago Verde, como una medida extraordinaria en respuesta a la falta de pastos.

Reclama al Gobierno central una reducción del IRPF

La consejera ha incidido en la comisión parlamentaria de hoy en que va a reclamar al Gobierno central que también adopte medidas de apoyo al sector agrario afectado por el estrés hídrico, entre ellas la reducción de módulos del IRPF en aquellos cultivos y áreas perjudicados por la sequía. "Reclamamos al Gobierno de España una rebaja de impuestos que este año no hemos tenido y que espero que tengan los afectados por la sequía en el próximo ejercicio", ha aseverado.

La consejera ha expuesto las actuaciones puestas ya en marcha por la Consejería para paliar el impacto del estrés hídrico, entre ellas la autorización temporal y excepcional de uso de alimento convencional para el ganado ecológico.

Asimismo, ha resaltado que su departamento está trabajando para incrementar las subvenciones para la contratación de los seguros agrarios y para impulsar ayudas directas para la adquisición de depósitos y la construcción de abrevaderos con el objetivo de facilitar el acceso de los animales al agua.

Planes Especiales de Sequía

Por último, la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha hecho hincapié en el esfuerzo del Gobierno andaluz para sacar adelante la formulación de los Planes Especiales de Sequía para las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias andaluzas, cuyos avances, claves en materia de prevención, irán a la próxima reunión del Consejo de Gobierno.

Crespo ha recalcado que estos planes, previstos en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, "pero nunca impulsados por los anteriores Ejecutivos socialistas", hará posible "contar con instrumentos dirigidos a minimizar los impactos económicos y medioambientales como consecuencia de la falta lluvias".

Además, la consejera ha recordado que ya se está impulsando la comisión interdepartamental de cambio climático y el consejo andaluz por el clima. Y ha concluido anunciando que durante este segundo semestre de 2019, la Consejería asume la coordinación de la participación de las Comunidades Autónomas españolas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.

De este modo, Carmen Crespo ejercerá esta representación, como máxima representante de la Junta de Andalucía en la materia. La primera cita está convocada el próximo 4 de octubre en Luxemburgo, donde se abordarán cuestiones referentes a aguas regeneradas.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

miércoles, 18 de septiembre de 2019

  • 18.9.19
El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio de los trámites para la elaboración y aprobación, por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2021-2027, que sentará las bases de la política autonómica en esta materia para los próximos siete años, una vez que concluya en 2020 la vigencia del actual documento.



Esta nueva planificación estará enfocada a fomentar la excelencia científica como eje futuro de la competitividad, impulsar la internacionalización del sistema de I+D+i, facilitar un entorno innovador como apoyo al sector empresarial, así como a contribuir a la reorientación del modelo productivo andaluz. Para ello establecerá una serie de actuaciones prioritarias y estratégicas que tienen como objetivo incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como motor del cambio social y de la modernización de Andalucía, con el fin de lograr la convergencia en I+D+i con el nivel medio de las regiones de España y Europa, como elemento clave para minimizar la brecha económica.

El documento será elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas e Universidad en consonancia con el futuro Programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa; con la Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027, actualmente en elaboración; y con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada por la ONU. El futuro instrumento incluirá un diagnóstico del sistema andaluz de I+D+i; la concreción de los distintos programas y medidas con su valoración económica, y los criterios de seguimiento y evaluación.

En el proceso de elaboración de las acciones preparatorias del plan, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad propiciará un marco de participación con todos los agentes relevantes implicados en el sistema investigador e innovador andaluz. Asimismo, coordinará los grupos de trabajo y las propuestas que se deriven para concluir en una primera versión del documento.

Una vez redactado, este borrador se enviará al Consejo Andaluz de Universidades y contará con la participación de los agentes económicos y sectoriales a través del Consejo Asesor de la I+D+i, donde también estarán representados universidades e investigadores de reconocido prestigio. Finalizado este trámite e incorporadas las correspondientes sugerencias, el texto se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

La I+D+i en Andalucía

El gasto en I+D de Andalucía respecto del PIB se sitúa en el 0,92 por ciento, lo que se traduce en 1.420 millones de euros, según los datos disponibles de 2017. El sector público, compuesto por universidades y Administración pública, ejecuta el 62,7 por ciento de ese presupuesto, mientras que el 37,7 por ciento restante se desarrolla desde el ámbito empresarial.

En lo que respecta a los recursos humanos, 24.439 personas -13.920 hombres y 10.519 mujeres- se dedican a actividades investigadoras (datos equivalentes a jornada completa) en la comunidad. Este personal se encuentra ubicado fundamentalmente en las universidades públicas andaluzas, donde 11.384 personas -es decir, el 46,6%- realizan labores de investigación y desarrollo.

Atendiendo a la producción científica, según datos recogidos en el Sistema de información científica de Andalucía (SICA), la comunidad presenta una tendencia similar a España en términos de crecimiento de la producción científica y ocupó en 2018 la tercera posición en la clasificación nacional, con 17.015 publicaciones, lo que supone el 16,7 por ciento del conjunto del país. En producción tecnológica, según la Oficina española de patentes y marcas, la región ha sufrido una reducción superior al 24,4 por ciento, pasando de 540 en 2017 a 408 en 2018.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


martes, 17 de septiembre de 2019

  • 17.9.19
Un total de 62 centros y unidades sanitarias de Andalucía y cinco más del ámbito de los servicios sociales (cuatro residencias y un servicio de día) han obtenido en 2019 el sello de calidad que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA), entidad de evaluación y certificación dependiente de la Consejería de Salud y Familias.



Entre las certificaciones otorgadas en este periodo, una de cada cinco es de nivel 'óptimo', el segundo de los tres previstos por el modelo de la ACSA. Estas cifras elevan el nivel de certificación medio de las entidades que cuentan con el sello de calidad, en total 700 centros y unidades, de las cuales 50 ya cuentan con el nivel 'óptimo' y dos con nivel 'excelente', el más exigente de los tres.

En concreto, en los primeros seis meses del año, han alcanzado la certificación 62 centros sanitarios, de los cuales 24 son unidades de atención hospitalaria, 14 unidades de atención primaria, 10 centros de atención infantil temprana, 5 centros de formación continuada, 3 hospitales, 2 laboratorios, 2 servicios de urgencias y emergencias, un centro de hemodiálisis y una unidad de diagnóstico por imagen.

Entre los hitos del primer semestre del 2019, destaca la certificación en nivel 'óptimo' del centro de atención infantil temprana San Juan de Dios de Sevilla, primer centro de estas características en conseguir este nivel de reconocimiento, seguido por el de la asociación Asprodisis de Ronda. En el ámbito de los servicios sociales, en estos meses han conseguido la certificación de calidad cuatro residencias y un servicio de día.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

domingo, 15 de septiembre de 2019

  • 15.9.19
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha iniciado una nueva etapa "con más presupuesto, más investigadores, más proyectos y con una clara perspectiva medioambiental" bajo la responsabilidad de su nuevo presidente, José Cara, según destacó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante su intervención en el Consejo Social de la entidad.



Para ello, la entidad incrementará en un 7,7 por ciento su presupuesto hasta alcanzar los 56,6 millones de euros en 2019. Una medida que, según apuntó Crespo, "va a posibilitar la puesta en marcha de importantes novedades y, sobre todo, recuperar un tercio de la capacidad de trabajo que se había perdido con el anterior Ejecutivo".

A este respecto, la consejera señaló que se van a reforzar los medios humanos del instituto con una primera incorporación de 15 investigadores, "lo que permitirá potenciar los estudios en el sector agrario, en la pesca y, ahora también, en mejora de la sostenibilidad gracias a la ampliación de su ámbito de actuación". "La perspectiva medioambiental de esta nueva etapa del Ifapa servirá para adaptarnos a la estructura verde de la PAC, para avanzar en la economía circular y profundizar en la agricultura, la pesca y la ganadería sostenible", afirmó.

Así, Crespo apuntó que se van a abrir nuevas líneas de investigación para abordar asuntos de especial relevancia para el futuro de Andalucía, como la adaptación de los sectores estratégicos al cambio climático o la eficiencia hídrica y energética, temas que se sumarán a otros proyectos dirigidos a la digitalización del campo, la valorización de los subproductos para biomasa o el control biológico. Junto a estas propuestas de investigación, el Ifapa potenciará sus análisis sobre acuicultura, frutos rojos, hortalizas y la excelencia de la calidad del aceite de oliva.

Formación y alianzas

Otro de los pilares del nuevo Ifapa será la apuesta por la formación "como generador de nuevas oportunidades de empleo en sintonía con el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de incentivar los proyectos que propicien la creación de puestos de trabajo en la comunidad".

En este sentido, Crespo destacó a la especialización en análisis sensorial de alimentos y productos, y la formación destinada a facilitar la incorporación de la mujer e impulsar la igualdad en sectores productivos como la pesca o la agricultura.

Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible puso el acento en las "alianzas" que mantiene el Ifapa con las universidades andaluzas en materia de investigación, así como en la colaboración público-privada. "El Ifapa es un referente en España en investigación y vamos a trabajar para que siga creciendo", enfatizó, tras agradecer la labor del ya ex presidente, Jerónimo Pérez.

Por último, Crespo recalcó que el instituto "es una de las piezas claves" de la Plataforma de Innovación Agroalimentaria que se va a poner en marcha en Almería, junto a Tecnova, Cajamar y la Universidad almeriense, un proyecto al que se ha sumado recientemente como nuevo socio estratégico el Ayuntamiento de Almería.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

sábado, 14 de septiembre de 2019

  • 14.9.19
Andalucía registró durante el pasado mes de julio la creación de 1.280 sociedades mercantiles, un 2,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, con un capital suscrito para su constitución que superó los 32,6 millones de euros, un 39 por ciento más que el ejercicio anterior, según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.



Entre las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, con el 99,1 por ciento de las sociedades constituidas. Málaga fue la provincia donde más sociedades se constituyeron, con el 31,1 por ciento del total, seguida de Sevilla, con el 26,4 por ciento.

De las 1.280 sociedades mercantiles constituidas en Andalucía durante el pasado mes de julio, 312 ampliaron capital, un 9,5 por ciento más que en el mismo mes del ejercicio precedente, con un montante suscrito que superó los 84,5 millones de euros.

Desde el comienzo de 2019, el número de empresas dadas de alta ascendió a 9.942, con una inversión realizada que superó los 355,4 millones de euros. El total de empresas que ampliaron capital desde enero a julio fue de 2.600, con un desembolso de 1.204,4 millones de euros.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

viernes, 13 de septiembre de 2019

  • 13.9.19
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad "contribuirá a salvar la brecha digital entre los ámbitos rural y urbano", a través de una batería de medidas, entre las que destacan dos líneas de ayudas por importe de 17 millones de euros, contempladas ya en los presupuestos y dirigidas a ayuntamientos y operadores de telecomunicaciones, tal y como explicó el consejero Rogelio Velasco en el Parlamento de Andalucía.



A lo largo de su intervención, Velasco detalló que de ese cómputo general, diez millones se asignan al programa Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía, "recursos con los que se quiere promover la implantación en municipios menores de 20.000 habitantes de proyectos tecnológicos que tengan por objeto mejorar la vida de los ciudadanos en ámbitos como la movilidad, el tráfico o la gestión medioambiental".

Estos incentivos cuentan con un presupuesto de ocho millones con cargo a FEDER y con una aportación por parte de las entidades locales, estimada en dos millones. "En esta convocatoria, los municipios que opten a ella no recibirán aportación directa para llevar a cabo las actuaciones, sino que la Junta de Andalucía será la responsable de ejecutar los proyectos, además de aportar hasta el 80% de su financiación", indicó el titular de Economía para añadir que "las entidades locales tendrán que aportar al menos el 20 por ciento restante de la inversión".

Los casi siete millones restantes se destinarán a continuar fomentando el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas poblaciones y zonas de interés socioeconómico, a través de la concesión de incentivos dirigidos a operadores de telecomunicaciones para que desarrollen redes capaces de proporcionar 100 Mbps de velocidad de acceso a Internet por usuario.

Al respecto, Rogelio Velasco recordó que su departamento ha concedido, en una convocatoria anterior ya resuelta, casi 2,5 millones, cofinanciados con fondos FEDER, que permitirán actuar sobre 24 espacios productivos y 36 zonas de población en toda Andalucía. "España cuenta con la tercera red de telecomunicaciones más avanzada del mundo y con una extensión de fibra óptica más amplia que la de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas", apuntó.

Por otro lado, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad hizo alusión a otras actuaciones que se están implementando en la Junta en apoyo a la modernización y la innovación de las administraciones locales a través del proyecto MOAD, una plataforma de tramitación electrónica diseñada con el fin de que estas entidades dispongan de una solución a los requerimientos tecnológicos y legales que establecen los marcos normativos actuales en materia de prestación electrónica de los servicios públicos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

jueves, 12 de septiembre de 2019

  • 12.9.19
La Consejería de Educación y Deporte ha abierto la convocatoria para el ejercicio 2019 de las líneas de ayudas destinadas a los clubes y secciones deportivas de Andalucía (ECD) para la adquisición de equipamiento deportivo. Esta ayuda, que podrá solicitarse hasta el próximo martes 17 de septiembre, alcanza este año 998.751,28 euros, lo que duplica la dotación económica del año anterior.



Este esfuerzo inversor es una apuesta por apoyar la labor que desarrollan los clubes para fomentar la tasa de práctica deportiva, que ya alcanza a casi el 46 por ciento de los andaluces; y por poner en valor la importancia de este sector en Andalucía, que es la comunidad con mayor número de clubes, con 11.381, el 17 por ciento del total nacional; y la segunda en licencias federadas, con más de 516.000.

El principal objetivo de estos incentivos, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y beneficiarán a unas 250 entidades de toda Andalucía, es garantizar el desarrollo de la práctica deportiva de la ciudadanía con un equipamiento adecuado. Para poder solicitar la subvención, los clubes y las secciones deportivas deben estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED).

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

miércoles, 11 de septiembre de 2019

  • 11.9.19
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, avanzó ayer durante la inauguración de una jornada de personas expertas sobre la Renta Mínima de Inserción Social, que su departamento modificará la normativa que regula esta prestación con el objetivo de "hacerla más accesible y llegar a más personas".



Durante su intervención, Ruiz subrayó que actualmente se está realizando la evaluación de esta prestación, "en cuyo contexto se ubica el desarrollo de este panel de personas expertas". "Esta evaluación la estamos haciendo en colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía y tenemos claro que hay que modificar la normativa para que sea posible llegar a más personas en situación de necesidad, hacerla más accesible, crecer en cobertura a la vez que en intensidad de la prestación y dotarla de mayor agilidad administrativa", apuntó.

En este sentido, la titular de Igualdad destacó que sobre todo lo que se pretende es "que la Renta Mínima nos ayude a combatir la pobreza infantil", por lo que ha de primarse con esta prestación de una forma suficiente a las familias con hijas e hijos menores de edad a su cargo, muchas de ellas monoparentales o más bien monomarentales, "porque los datos nos evidencian que son más mujeres que hombres quienes solicitan este tipo de ayudas".

"Es evidente que desde la Administración debemos diseñar, planificar mejor. Tenemos que desburocratizar al máximo los procedimientos, hacerlos comprensibles utilizando un lenguaje claro y no exigiendo tantos requisitos que después no se pueden cumplir. Y sobre todo en unos momentos con tanta precariedad laboral", apostilló la consejera.

Por ello, Ruiz avanzó las medidas ya puestas en marcha por la Consejería para agilizar la tramitación de la prestación. En este sentido, informó que "se ha hecho un esfuerzo para formar a los profesionales en todas las provincias y así mejorar el asesoramiento y la información a la ciudadanía".

Además, indicó, se ha transferido casi 7 millones de euros en el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para gestionar la renta mínima de inserción social con 422 profesionales, además del refuerzo que ya se está haciendo a través de la Estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas.

Asimismo, Igualdad ha puesto en marcha, a través de su web, un simulador digital que permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Para ello, basta con introducir alguna información esencial y no es necesario revelar datos personales.

Por último, la responsable de las políticas sociales en Andalucía agradeció la participación en esta jornada a las personas que representan a las instituciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas que han asistido, como Aragón, Castilla y León, Navarra y País Vasco, "que son las que tienen un sistema de renta mínima más relevante para la ciudadanía que la necesita".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

lunes, 9 de septiembre de 2019

  • 9.9.19
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, ofrece una serie de pautas, recomendaciones y consejos a los padres y escolares para disfrutar a lo largo de los próximos días de una 'vuelta al cole' segura y sin incidentes.



Entre sus consejos, el 112 insisten en que los adultos de la casa deben supervisar en todo momento que los menores acuden al colegio en condiciones de seguridad. Es importante recordar que los más pequeños adoptan conductas imitativas, por tanto, es importante que padres, tutores, abuelos y acompañantes al cargo observen en todo momento las normas de seguridad vial y normas de autoprotección.

Asimismo, el Servicio de Emergencias recuerda que acudir a pie a los centros escolares, siempre que sea posible, es saludable y evita además la concentración de vehículos junto a los colegios que elevan el riesgo de atropellos y colisiones.

Así, si se opta por ir andando, los menores deben ir acompañados por un adulto y caminar siempre por la acera. El menor debe ir por el lado interno, lo más alejado posible de los bordillos para evitar caídas a la carretera. Es muy importante prestar especial atención a la salida y entradas de garaje, sobre todo si son subterráneos y la visibilidad para el conductor es más reducida.

También se debe evitar caminar entre los coche estacionados, ya que el menor, por su estatura, puede no ser visible o quedar en los conocidos como 'ángulos muertos' elevando el riesgo de atropello en caso de que el coche iniciara la marcha de forma inesperada.

Los acompañantes deben enseñar a los más pequeños a cruzar la calle siempre por los pasos de peatones señalizados. El momento de cruzar cuando hay semáforos será siempre cuando esté en verde para los peatones y si la luz está en ámbar (amarillo) es aconsejable esperar en la acera. Pese a todo, antes de atravesar la vía se debe mirar a ambos lados de la calzada, para asegurarse que no viene ningún vehículo, y evitar correr, saltar o jugar cerca de la carretera.

Al colegio sobre ruedas y seguros

Si la forma de ir al colegio es en vehículo particular el adulto debe de proporcionar al menor una forma segura y regulada de viajar. En coche, el niño debe de ir siempre en una silla de auto homologada, adecuada a su edad, peso y con los cierres, anclajes y cinturones de seguridad debidamente colocados.

Para los más pequeños se aconseja usar los llamados asientos del Grupo 0 o 0+ que se colocan en el sentido contrario a la marcha y ofrecen una mayor protección al menor. Es preciso recordar que estas sillas solo se pueden usar para niños que pesen menos de 13 kilos y para aquellos que su cabeza no sobresalga del respaldo.

Debe tenerse en cuenta que la seguridad comienza en el garaje o en el lugar del estacionamiento, por tanto, los niños deben montarse en el vehículo antes de que se inicien la maniobras de salida para evitar atropellos por descuidos. Además, el escolar no debe de llevar la mochila puesta dentro del vehículo, ya que en caso de colisión puede aumentar la gravedad de las lesiones. De esta forma, irán sentados en su silla y con la espalda apoyada en su respaldo.

Asimismo, el 112 recuerda que nunca se debe dejar coches en doble fila a las puertas de los centros escolares, pues pueden provocar colapsos circulatorios en la zona y elevan el riesgo de accidentes en las entradas y salidas de los menores.

Los adultos autorizados pueden llevar a los niños al colegio en motocicleta siempre que los menores tengan más de siete años. El uso del casco –homologado y del tamaño adecuado al niño- es obligatorio siempre. Si en lugar de ir en moto, los padres o tutores eligen la bicicleta para ir al centro educativo, también deberán llevar la cabeza protegida por un casco adecuado y se circulará siempre por la calzada o por el carril bici habilitado a tal efecto.

Bus escolar

Si la opción elegida para llegar al colegio es el autobús, padres y tutores deben asegurarse de que el vehículo cumple la reglamentación necesaria y tendrán que enseñar a los más pequeños a cumplir las normas de seguridad de este medio de transporte: no levantarse, abrocharse el cinturón, no molestar o entretener al conductor, etc...

Cabe recordar que estos vehículos colectivos han de llevar el indicativo de transporte escolar tanto en la parte anterior como en la posterior. Hay autobuses escolares que cuentan con acompañante, si es el caso, este profesional llevará un chaleco reflectante, comprobará que los menores viajan con el cinturón correctamente abrochado, asignará los asientos y será el primero en bajar en las paradas para asegurarse de que las subidas y bajadas del vehículo se hacen de forma segura.

El resto de conductores tienen que respetar las paradas de los autobuses escolares y, si circulan por una zona escolar, lo harán siempre a una velocidad reducida para poder reaccionar a tiempo ante cualquier situación de peligro y prestarán especial cuidado a las maniobras que supongan ir marcha atrás para evitar atropellos.

¡REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

domingo, 8 de septiembre de 2019

  • 8.9.19
Los trabajadores del 061 y de Salud Responde se integrarán funcional y orgánicamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según avanzó en comisión parlamentaria el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, con el objetivo de mejorar la asistencia al ciudadano y lograr una coordinación más eficaz de las urgencias en la comunidad. Así, la atención telefónica de ambos servicios dejará de ser de "gestión privada" y se incorporará "a la mayor brevedad posible" como un servicio propio del SAS.



La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) dependía hasta el momento de la Consejería de Salud. La integración de su personal en el SAS se hará de forma gradual, dependiendo de la situación y vinculación del trabajador. En paralelo, se estudiará la situación de los expedientes de contratación en vigor de este servicio, con las mayores garantías de seguridad jurídica del personal afectado. Todo este proceso, se llevará a cabo previas negociaciones con los representantes laborales.

Esta decisión da cumplimiento a una Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en 2015, pese a que ésta preveía que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 fuera prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). "Nosotros iremos más allá y lo que llevaremos a cabo será la incorporación del servicio al SAS: es decir, lo que hoy se encuentra externalizado, gestión privada, serán gestionado como servicio público", indicó Aguirre.

Asimismo, Aguirre señaló que se está trabajando en un proyecto de modernización del 061, "que constituye una pieza esencial en la atención de las emergencias, para su integración a nivel europeo", según destacó el consejero de Salud y Familias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

sábado, 7 de septiembre de 2019

  • 7.9.19
Un total de 8.061 estudiantes procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior (FPGS) se examinan desde el martes, 10 de septiembre, de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en su convocatoria extraordinaria de septiembre, que se desarrollará en Andalucía los días 10, 11 y 12 de este mes.



Las pruebas se realizarán de forma simultánea en toda la comunidad autónoma y presentan, como ya ocurriera con los exámenes de junio, dos novedades destacadas en relación a pruebas anteriores. La primera es relativa al horario, ya que las pruebas comenzarán a las 8.30 horas todas las jornadas, media hora más temprano que en las convocatorias precedentes, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación.

Además, se introduce una variación en relación a los descansos, los dos que hay previstos para cada uno de los días, que pasan a durar una hora completa (el primero de 10.00 a 11.00 horas y el segundo de 12.30 a 13.30 horas).

La segunda novedad más destacada es que se introduce por primera vez la posibilidad de examinarse de una segunda lengua extranjera, de entre las sometidas a examen para subir la nota de admisión, siempre que esta lengua sea diferente de la lengua vehicular (aquella en la que se imparten mayormente los estudios) y de la lengua de acceso (la que figura con mayor carga lectiva distinta a la vehicular).

El examen constará de una fase de Acceso, donde se evalúan destrezas básicas y con la que se puede alcanzar hasta un máximo de 10 puntos; y de una fase de Admisión, que tiene carácter optativo y en la que se ofrece la posibilidad de subir nota. En esta última se miden conocimientos en disciplinas concretas relacionadas con los estudios deseados y puede aportar hasta 4 puntos adicionales a la anterior, por lo que el alumnado puede conseguir hasta un máximo de 14 puntos.

Los estudiantes que se presenten por primera vez a la prueba de evaluación y que procedan de Bachillerato y otras vías, tienen que realizar obligatoriamente la fase de Acceso de la PEvAU, a excepción de quienes ya posean otros requisitos de acceso, como los de Formación Profesional de Grado Superior, entre otros.

Asimismo, en este caso, los estudiantes, si además quieren subir nota para obtener plaza en la universidad, deberán realizar también la fase de Admisión, al igual que hacen los de Bachillerato, con el fin de obtener los 4 puntos adicionales y sumarlos a la media de su expediente académico.

Fases de las pruebas

Durante la primera jornada del martes día 10, los estudiantes que se presenten a la fase de Acceso se enfrentarán a tres exámenes comunes. El primero será el relacionado con la Lengua Castellana y Literatura II; posteriormente los estudiantes demostrarán sus conocimientos en Lengua Extrajera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués), finalizando la jornada con un último examen sobre Historia de España.

Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de segundo de Bachillerato, que será elegida entre las siguientes: Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Latín II.

Para superar la fase de Acceso la calificación debe ser igual o superior a 4 puntos, mientras que para superar la PEvAU y poder entrar en la universidad se debe obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos, como resultado de multiplicar la nota de la Fase de Acceso por 0.4 y sumarle la media del expediente académico multiplicada por 0.6. De esta forma, los alumnos obtendrán una nota de admisión que variará entre los 5 y los 10 puntos.

No obstante, si un estudiante desea subir esta nota podrá examinarse de la llamada fase de Admisión y durante los dos días siguientes se podrá presentar hasta a un máximo de 4 materias de modalidad que se ofertan en segundo de Bachillerato y que deben ser distintas a la elegida en la fase de Acceso. Pero no todas estas materias contarán por igual a la hora de calcular la nota final. El peso de las mismas dependerá de la vinculación y complementariedad que tengan con los estudios de grado a los que se quiera acceder.

Además, si el alumno obtiene un 5 o más en la asignatura troncal de modalidad que ha elegido para completar la fase de Acceso (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II), esta nota también le computará de forma automática para la fase de Admisión.

Posteriormente, cuando al alumnado que se ha examinado solicite plaza en los distintos grados, el sistema de preinscripción elegirá automáticamente los resultados de las dos asignaturas que favorezcan más al alumno.

Distribución del alumnado y asignaturas

De los 8.061 estudiantes que se examinarán en la prueba extraordinaria de septiembre, un total de 4.124 alumnos se presentarán a ambas fases, de Acceso y de Admisión; mientras que 1.225 lo harán sólo a la primera fase (de Acceso) y 2.702 se examinarán exclusivamente de la segunda (de Admisión).

Por otro lado, las materias no troncales comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor número de estudiantes andaluces son Matemáticas II (2.637), Química (2.586), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (2.586), Biología (2.110), Economía de la Empresa (1.358), Latín II (668), Física (589), Geografía (580), Historia de la Filosofía (572) e Historia del Arte (308).

Asimismo, se han registrado 71 alumnos con incompatibilidades para examinarse, ya que han elegido materias que coinciden en el horario previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En estos casos, se establece un calendario alternativo para resolver estas situaciones registradas en toda la comunidad.

Teniendo en cuenta la universidad, la Hispalense es la que más alumnos aporta, con 1.971; seguida por la Universidad de Málaga (1.311), Granada (1.257), Cádiz (1.098), Córdoba (749), Jaén (543), Almería (476), Huelva (389) y la Pablo de Olavide (267).

Resultados y preinscripción

Los resultados de la prueba de Selectividad serán dados a conocer por cada universidad a partir del 18 de septiembre, a partir de las doce del mediodía, en el horario que cada una determine. El plazo de preinscripción será desde el día 19 al 23 de septiembre.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 26 de septiembre. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, plazo que computará para la presentación telemática.

La segunda y última adjudicación de plazas tendrá lugar a partir del 2 de octubre y hasta el 3 de octubre estará abierto el plazo para la matriculación o confirmación en lista de espera como para la presentación de alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la web de Distrito Único Andaluz –DUA-, de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación alguna en sus universidades.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL 


  • 7.9.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible muestra su compromiso con la defensa del medio ambiente andaluz y la lucha contra el fuego en zonas forestales a través del incremento de la plantilla del dispositivo Infoca durante el periodo de alto riesgo de incendios, que se extiende de junio a octubre, con respecto al año anterior.



Concretamente, desde el día 1 de junio hasta finales de agosto de 2019, el actual Gobierno andaluz ha realizado 653 contrataciones temporales de diversas categorías profesionales, mientras que las personas incorporadas bajo el mismo régimen desde principios de junio a mediados de octubre de 2018 ascendían a 552. Se trata, por tanto, de un crecimiento de un centenar de profesionales en un periodo inferior (50 días menos).

Carmen Crespo ha apuntado que esta actuación es "una muestra clara" de la apuesta de la Junta de Andalucía por el Plan de Emergencias contra Incendios Forestales de Andalucía, cuyo éxito radica en la coordinación de las administraciones públicas y en "el incalculable capital humano" del dispositivo.

En concreto, los más de 650 puestos ofertados dentro del Plan de Emergencias contra incendios forestales de Andalucía en lo que va de verano se corresponden, entre otras categorías, con bomberos forestales y conductores de vehículo contra incendio.

De este volumen total, cerca de 200 puestos se han gestionado a través de procesos concursados del Servicio Andaluz de Empleo al no contar con candidatos que cumplieran los requisitos en la bolsa del Infoca, que, como ha lamentado la consejera, "no es suficiente" porque el Gobierno autonómico está trabajando actualmente con la de 2016 tras dos años sin convocarse oferta pública de empleo por parte de la Consejería para poder incluir nuevos candidatos en esta bolsa.

Apuesta del Gobierno andaluz

Por el contrario, como ha apuntado Crespo, "la apuesta de la actual Junta de Andalucía por el Infoca queda patente también en la reciente convocatoria de una Oferta de Empleo Público para este importante dispositivo" para cubrir las bajas producidas en 2016 y 2017 al amparo de la tasa de reposición establecida legalmente para servicios que desarrollan labores de emergencia.

Una vez finalizada la convocatoria y adjudicadas las 120 plazas disponibles, se prevé la constitución de una nueva bolsa de empleo integrada por las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima en el concurso de méritos de este proceso selectivo pero no hayan obtenido una plaza de personal fijo.

Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha apuntado además que la presente campaña de alto riesgo de incendios cuenta desde su inicio con "más medios humanos y materiales, así como con un mayor presupuesto del se asignó al Infoca en 2018".

La consejera ha valorado la "importante labor" que desarrollan todos los integrantes de un dispositivo que realiza "la imprescindible tarea de prevenir y luchar contra los incendios forestales", un trabajo que les ocupa durante todos los meses del año, pero cuyo peligro se multiplica en verano. Al respecto, Crespo ha recordado que "aún nos encontramos en período de alto riesgo de incendios y, por tanto, es de vital importancia contar con la colaboración de todos para evitar que el fuego dañe el patrimonio natural de nuestra comunidad autónoma".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL 

viernes, 6 de septiembre de 2019

  • 6.9.19
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que la Administración sanitaria denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales de dichos centros. Esta iniciativa recuerda que "ante cualquier amenaza, coacción o agresión física y/o verbal o cualquier otra actuación ilícita contra los profesionales se cursará la pertinente denuncia por la vía penal, pudiéndose castigar estas acciones con penas de cárcel".



Además, a través de diversos carteles informativos se avisa de que los centros disponen de diferentes medidas de seguridad, entre las que se incluye la conexión directa con la Policía. Asimismo, se recuerda que los usuarios pueden realizar sugerencias y aportaciones de mejora o presentar cualquier reclamación a través de los puntos de Atención a la Ciudadanía o en la página web del SAS o del libro digital de sugerencias y reclamaciones de la Junta.

Esta campaña de concienciación a pacientes y usuarios del SAS forma parte de las acciones emprendidas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía dentro del nuevo Plan de Agresiones en el que se viene trabajando.

Además, el nuevo plan incluirá medidas dirigidas a la concienciación de los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a exigir acciones que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.

El nuevo plan incorporará también un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y supondrá la habilitación de canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la aplicación de las medidas.

Del mismo modo, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a asistencia sanitaria. Otra de las medidas que contempla el plan es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.

La formación de los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se diseñarán talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.

Datos agresiones 2018

En Andalucía, se han registrado 1.234 agresiones en 2018, de las que 267 fueron físicas, mientras que en 2017 se registraron un total de 1.115, de las que 284 fueron agresiones físicas. De las 1.234 agresiones registradas el pasado año, 914 fueron a mujeres.

Dentro de las líneas del Plan de Prevención y Atención de Agresiones se incluye un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud.

En concreto, durante el pasado año 2018, los letrados del Servicio Andaluz de Salud realizaron 127 asistencias letradas y se han contabilizaron un total de 58 sentencias condenatorias, de las que 13 de ellas fueron por delito de atentado.

La Consejería de Salud y Familias ha impulsado además la creación de las dos figuras de interlocutor policial y sanitario que ha supuesto un punto de encuentro de trabajo a nivel provincial para impulsar la prevención de agresiones en el ámbito sanitario. Se trabaja, así, desde una vertiente muy práctica y sobre la base real del terreno junto con las direcciones gerencias de los centros sanitarios, para prevenir las agresiones y mejorar la atención al personal que las sufre.

La colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha traducido además en sesiones informativas y formativas impartidas en cada provincia al personal de hospitales, centros de salud y consultorios, coincidiendo en sus objetivos con las distintas actividades formativas que ya están en marcha.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

jueves, 5 de septiembre de 2019

  • 5.9.19
La Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (CODAPA) critica que la Junta de Andalucía priorice a las grandes multinacionales en la licitación de los comedores escolares, a pesar de que el consejero de Educación, Javier Imbroda, se comprometió a potenciar el suministro por parte de empresas locales este curso.



Según denuncia la Confederación, la administración andaluza ha introducido cambios para la contratación del servicio que favorecen su concesión a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas (pymes), ya que el nuevo pliego incluye entre sus novedades conceder la máxima puntuación, 80 puntos, "si el volumen de negocios es mayor al 80 por ciento del presupuesto de licitación total del lote al que se concurre".

"En la práctica este nuevo procedimiento ha provocado que solo las multinacionales puedan optar a la prestación del servicio de comedores en Andalucía en perjuicio de las pymes, que quedarán borradas del mapa si esto no se rectifica", censura la CODAPA.

Por ello, el colectivo, que agrupa a más de 2.700 AMPA de las ocho provincias andaluzas, lamenta por otra parte que para la gestión de los comedores escolares no se tengan en cuenta criterios de calidad, como vienen reivindicando las familias. "Los pliegos actuales no valoran ni la calidad, ni el consumo de productos locales, ni la alimentación como parte del proceso educativo", explicó Olga Leralta, responsable de la comisión de comedores de la CODAPA.

El movimiento de AMPA critica que tampoco se valoren como criterios los puntos recogidos en la Proposición no de Ley relativa a las mejoras en los comedores escolares presentada por el propio partido de Ciudadanos, en la que se aboga por "considerar la alimentación como parte del proceso educativo, en el que se dé prioridad a la adquisición del conocimiento acerca de la alimentación mediterránea, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, mediante su inclusión en los proyectos educativos de los centros".

El nuevo pliego no contempla, por último, medidas para promover hábitos de alimentación saludables, canales cortos de comercialización o el consumo de productos locales, a pesar de que estos aspectos se recogieron en el convenio suscrito el 7 de febrero de 2018 por seis consejerías de la Junta de Andalucía en el marco del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020, recuerda la Confederación.

Por ello, para mejorar en lo posible la gestión del servicio, la CODAPA insta al consejero de Educación a incluir estos aspectos entre los criterios de adjudicación, cumpliendo así su promesa de favorecer las empresas locales y los productos de cercanía en la contratación de los comedores escolares.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

miércoles, 4 de septiembre de 2019

  • 4.9.19
El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de cuatro millones de euros en contratos de emergencia destinados a servicios mínimos de conservación de carreteras en cuatro provincias. Este montante permitirá asegurar unas condiciones óptimas de seguridad en estos tramos de vías ante cualquier incidente, ya sea meteorológico, accidente o incendio.



Estas intervenciones se desarrollarán mientras se lleva a cabo la adjudicación de los contratos de mantenimiento integral por un periodo de cuatro años, prorrogables por un año más. De hecho, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ya había iniciado a principios de agosto el proceso de licitación de estos seis contratos, correspondientes a las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla.

Se trata de servicios mínimos en materia de conservación de carreteras para la zona sureste de la provincia de Córdoba (502.364 euros), la zona oeste de la provincia de Jaén (716.853 euros), la zona oeste (785.767 euros) y noroeste (649.194 euros) de la provincia de Granada; la zona este de la provincia de Sevilla (648.121 euros) y la zona este de la aglomeración urbana, también de esta última provincia (701.767 euros). Estos contratos tienen una vigencia de entre cuatro y cinco meses.

En general, los contratos de conservación tenían inicialmente una duración de dos años, con posibilidad de una única prórroga de dos años más. En esa imposibilidad de una nueva renovación se encontraron 32 de 35 contratos, aunque cinco de ellos se pueden resolver en tiempo y forma al expirar en 2020.

En estos meses se ha resuelto la situación de doce contratos, que se adjudicaron el pasado junio por un importe de más de 65 millones de euros, mientras que otros once se licitaron en el pasado mes de agosto con un presupuesto base de 83,5 millones de euros. En todos estos nuevos contratos se ha optado por una ampliación de su duración a 48 meses, con una prórroga de doce meses más.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 4.9.19
El paro creció en Andalucía en 5.690 personas (0,76%) en el mes de agosto, con lo que la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad en 758.489 personas. Se trata de un incremento estacional, localizado fundamentalmente en el sector servicios, debido a la finalización de los contratos de verano.



Mientras, en el conjunto de España el paro creció en 54.371 personas (1,81%), 1,05 puntos más que el aumento porcentual andaluz. No obstante, a nivel andaluz, el aumento del paro este año en agosto ha sido un 31 por ciento inferior al producido el pasado año en el mismo mes, y el menor incremento de los tres últimos años.

Asimismo, en el último año, el número de desempleados ha caído en Andalucía en 34.088 personas (-4,30%), y en España el descenso fue de 116.264 personas (-3,65%). Por tanto, Andalucía fue en agosto la comunidad en la que más se redujo el paro interanual, en términos absolutos, y aportó uno de cada cuatro desempleados menos del conjunto del país.

El incremento del paro mensual andaluz se debe fundamentalmente al sector servicios (7.583 parados, 1,56%), que aportó el 65 por ciento de los nuevos parados en aquellos sectores que sufrieron un incremento del desempleo, aunque también se registraron ascensos en la construcción (3.351 personas, 4,76%), y la industria (640 parados, 1,41%). Por el contrario, se registró un importante descenso en la agricultura (-5.021 personas, -7,30%), y más leve en el colectivo sin empleo anterior (-863 parados, -1,07%).

Con respecto a agosto de 2018, el paro disminuyó en la comunidad autónoma andaluza en todos los sectores: colectivo sin empleo anterior (-8,12%), industria (-5,49%), construcción (-4,75%), servicios (-3,95%) y agricultura y pesca (-0,47%). Por sexos, el paro creció el pasado mes un 1,15 por ciento en los hombres y un 0,49 por ciento en las mujeres. Respecto a agosto de 2018, bajó en el colectivo masculino ( -6,15%) y en el femenino (-3%).

Por edades, el paro se incrementó el pasado mes un 0,43 por ciento entre los menores de 25 años, un 1,18 por ciento en los comprendidos entre 25 y 44 años, y un 0,44 por ciento entre los mayores de 45 años. En términos interanuales, disminuyó un -10,59 por ciento en los menores de 25 años; un -6,50 por ciento en el grupo de entre 25 y 44 años y un -1,13 por ciento en los mayores de 45 años.

Por provincias

El paro bajó el pasado mes de agosto en las provincias de Huelva (-2,21%) y Cádiz (-0,41%), y se incrementó en el resto de la comunidad autónoma: Córdoba (2,43%), Jaén (1,59%), Sevilla (1,37%), Málaga (1,04%), Granada (1,01%) y Almería (0,24%).

Por su parte, en el cómputo interanual, el desempleo bajó en todas las provincias el pasado mes de agosto con respecto al mismo periodo de 2018: Sevilla (-5,21%), Huelva (-4,62%), Jaén (-4,49%), Almería (-4,37%), Granada (-4,01%), Cádiz (-3,87%), Málaga (-3,76%), y Córdoba (-3,66%).

Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes un total de 321.899 contratos, un 23,72 por ciento menos que en el mes anterior. Con respecto a agosto de 2018, el número de contratos disminuyó un 4,58 por ciento (15.449 acuerdos laborales menos).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía registró en agosto un descenso de 15.952 personas afiliadas (-0,51%), lo que sitúa la cifra total de cotizantes en 3.121.726. En el último año, Andalucía ha aumentado sus afiliados a la Seguridad Social con 96.411 personas (3,19%), el segundo mayor incremento en términos absolutos de España.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

martes, 3 de septiembre de 2019

  • 3.9.19
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha ampliado su plan de refuerzo para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género con la incorporación de otros 18 interinos que se destinarán a las Fiscalías de esta materia, a las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género (UVIVG) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este personal se viene a sumar a los 95 funcionarios que se incorporaron a los juzgados con competencia en esta materia y a los 32 efectivos de los nuevos equipos multidisciplinares de las UVIVG, lo que suma un total de 145 efectivos más disponibles.



El objetivo es mejorar la atención que reciben las víctimas cuando acuden a los juzgados y agilizar la tramitación de los expedientes judiciales. Para ello, se va a invertir 245.305,58 euros que vienen a sumarse a los 2,9 millones de euros de la primera fase del plan, todo ello a cargo a las cuantías destinadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El director general de Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, explicó que esta medida se adopta "como continuación y ampliación de esa primera actuación que permitió reforzar con 95 interinos los juzgados con competencias en violencia de género". En este sentido, indicó que es necesario reforzar las Fiscalías adscritas a estos órganos judiciales y las Fiscalías de Áreas, "como órganos esenciales en la investigación de las denuncias en esta materia y su enjuiciamiento posterior", así como otros fundamentales en la tramitación de procedimientos judiciales como el TSJA.

Igualmente, se ha decidido reforzar aquellos Institutos de Medicina Lega y Ciencias Forenses (IMLCF) en los que se tramita un mayor número de casos de violencia de género tras analizar sus necesidades, y que se corresponden con los que atienden a un mayor número de población y tienen más actividad forense. En concreto, se va a destinar un tramitador más para las Uvivg de los IML de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada.

En cuanto a los refuerzos para el Ministerio Público, todas las Fiscalías de Violencia contra la Mujer de las capitales de provincia y las de área de Jerez, Algeciras, Dos Hermanas y Marbella dispondrán de un funcionario más. Por último, se incorporarán dos gestores a la Sala Penal y Civil del TSJA. Unos refuerzos que estarán disponibles desde principios de septiembre hasta final de año, aunque con la posibilidad de ampliarlo durante el año que viene con las cuantías destinadas para el ejercicio 2020 del Pacto de Estado.

En definitiva, "con esta nueva actuación se completaría el refuerzo a órganos judiciales y Fiscalías con competencias en materia de violencia de género, dotándolos de nuevos medios personales cuya labor se centrará exclusivamente en la tramitación de los expedientes sobre esta materia, así como en la agilización de los informes forenses y su remisión a los juzgados".

Asimismo, la medida se complementa con el plan de choque de las UVIVG, por el que se ha dotado de un equipo multidisplicinar completo a cada uno de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Estos se han reforzado desde el pasado mes de junio con ocho médicos forenses, ocho psicólogos, ocho trabajadores sociales y ocho administrativos del cuerpo C1 de la Junta de Andalucía.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

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