La situación de los trabajadores del transporte sanitario en los hospitales de Montilla y Puente Genil ha llegado a un punto crítico. Tras el cierre de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) el pasado mes de abril, los empleados han remitido una reclamación urgente a la Mesa de Contratación de la Junta de Andalucía, en la que denuncian el incumplimiento de la obligación legal de subrogación por parte de la nueva adjudicataria del servicio.
En el escrito, los trabajadores se dirigen a las autoridades en calidad de empleados del servicio de ambulancias que prestaban atención en los hospitales de Montilla y Puente Genil para dejar constancia de lo que consideran “una situación inadmisible” y que, en cumplimiento de la ley, “debe ser corregida de inmediato”.
Y es que, desde hace meses, los empleados venían advirtiendo de las irregularidades en la gestión de TSC, lo que finalmente derivó en el cierre de la empresa. A esta grave situación se suma ahora el hecho de que la nueva empresa que retomó el servicio desde el pasado 6 de abril no ha cumplido con la obligación de subrogar a los trabajadores afectados, según denuncian.
“La subrogación de los empleados en estos casos no es un favor, ni una opción discrecional, sino una obligación legal y contractual que los responsables públicos están en la obligación de hacer cumplir”, recuerdan los antiguos empleados de TSC, que llevan cerca de ocho meses sin percibir sus salarios.
En ese sentido, recuerdan que la normativa vigente, y en particular el artículo 9 del Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Personas Enfermas y Accidentadas en Ambulancia de Andalucía, establece que “en caso de cambio de empresa, los trabajadores deben ser subrogados automáticamente, garantizando así la continuidad laboral y los derechos adquiridos”.
El mencionado artículo, citado íntegramente en la reclamación, especifica que “la nueva empresa que asuma el servicio está obligada a subrogarse en los contratos laborales de los trabajadores que venían prestando ese servicio”, independientemente de si la adjudicación es definitiva o temporal.
Además, se aclara que la subrogación debe respetar la antigüedad, la categoría, la jornada, los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, así como la protección de sus derechos adquiridos. “La subrogación efectiva se produce en el momento en que la nueva adjudicataria comienza a prestar servicios”, recuerdan los afectados.
Sin embargo, tal y como denuncian, “hasta la fecha, ni la Administración ni la nueva empresa han dado respuesta oficial alguna respecto a la subrogación, lo que constituye un incumplimiento grave y flagrante de la ley”. Además, critican que la falta de acción de la Junta de Andalucía “no solo vulnera nuestros derechos laborales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de un servicio esencial para la salud pública”.
Ante esta situación, los trabajadores exigen que se tomen “las medidas necesarias de forma inmediata para garantizar el cumplimiento de la obligación de subrogación”, conforme al convenio colectivo y a la legislación vigente. En caso contrario, advierten que se verán obligados a “acudir a las instancias judiciales correspondientes para defender nuestros derechos, sin descartar otras acciones legales que consideremos oportunas”.
“No permitiremos que se siga vulnerando nuestro derecho fundamental a la estabilidad laboral y a la protección legal que nos asiste. La ley y el convenio están de nuestra parte, y exigimos que se hagan cumplir sin excusas ni dilaciones”, concluyen en el escrito dirigido a la Junta.
Este nuevo episodio agrava aún más la crisis laboral que afecta a los extrabajadores de TSC, que llevan cerca de ocho meses sin cobrar sus salarios. Tal y como informó Montilla Digital, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) denunció en abril la “situación crítica” que atraviesan estos empleados, al tiempo que acusó a la empresa egabrense de haber desviado transporte público financiado por la Administración para prestar servicios ajenos a la sanidad pública.
Según el sindicato, la empresa comunicó a los empleados la suspensión de sus contratos hasta que la nueva adjudicataria los subrogara, una medida que la CTA consideró equiparable a “un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no ha seguido el procedimiento legal”. Además, denunciaron que dicho proceso incluía incluso a trabajadores en huelga o de baja médica, algo que calificaron de “ilegal”.
La CTA también criticó que la Seguridad Social haya denegado el pago directo de las prestaciones por incapacidad temporal, mientras la empresa seguía recibiendo pagos mensuales de la Junta de Andalucía, a pesar de su incumplimiento con los empleados.
En la actualidad, el servicio de transporte sanitario en el sur de Córdoba continúa cubierto por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG), aunque, según CTA, esta empresa tampoco ha comunicado formalmente a los trabajadores su obligación de subrogarlos, incluso en situaciones de cobertura eventual del servicio.
Desde el Parlamento andaluz, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, señaló ante el Pleno que Transportes Sanitarios Sur de Córdoba “engañó” tanto a la Junta de Andalucía como a los trabajadores, y que deberá “asumir la responsabilidad legal de ese engaño”. La Junta, según explicó, ha iniciado un expediente sancionador y ha denunciado a la empresa para evitar el alzamiento de bienes. Sin embargo, la resolución del conflicto económico dependerá de los tribunales, mientras la incertidumbre y la falta de ingresos continúan afectando gravemente a los exempleados de la firma egabrense.
En el escrito, los trabajadores se dirigen a las autoridades en calidad de empleados del servicio de ambulancias que prestaban atención en los hospitales de Montilla y Puente Genil para dejar constancia de lo que consideran “una situación inadmisible” y que, en cumplimiento de la ley, “debe ser corregida de inmediato”.
Y es que, desde hace meses, los empleados venían advirtiendo de las irregularidades en la gestión de TSC, lo que finalmente derivó en el cierre de la empresa. A esta grave situación se suma ahora el hecho de que la nueva empresa que retomó el servicio desde el pasado 6 de abril no ha cumplido con la obligación de subrogar a los trabajadores afectados, según denuncian.
“La subrogación de los empleados en estos casos no es un favor, ni una opción discrecional, sino una obligación legal y contractual que los responsables públicos están en la obligación de hacer cumplir”, recuerdan los antiguos empleados de TSC, que llevan cerca de ocho meses sin percibir sus salarios.
En ese sentido, recuerdan que la normativa vigente, y en particular el artículo 9 del Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Personas Enfermas y Accidentadas en Ambulancia de Andalucía, establece que “en caso de cambio de empresa, los trabajadores deben ser subrogados automáticamente, garantizando así la continuidad laboral y los derechos adquiridos”.
El mencionado artículo, citado íntegramente en la reclamación, especifica que “la nueva empresa que asuma el servicio está obligada a subrogarse en los contratos laborales de los trabajadores que venían prestando ese servicio”, independientemente de si la adjudicación es definitiva o temporal.
Además, se aclara que la subrogación debe respetar la antigüedad, la categoría, la jornada, los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores, así como la protección de sus derechos adquiridos. “La subrogación efectiva se produce en el momento en que la nueva adjudicataria comienza a prestar servicios”, recuerdan los afectados.
Sin embargo, tal y como denuncian, “hasta la fecha, ni la Administración ni la nueva empresa han dado respuesta oficial alguna respecto a la subrogación, lo que constituye un incumplimiento grave y flagrante de la ley”. Además, critican que la falta de acción de la Junta de Andalucía “no solo vulnera nuestros derechos laborales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de un servicio esencial para la salud pública”.
Ante esta situación, los trabajadores exigen que se tomen “las medidas necesarias de forma inmediata para garantizar el cumplimiento de la obligación de subrogación”, conforme al convenio colectivo y a la legislación vigente. En caso contrario, advierten que se verán obligados a “acudir a las instancias judiciales correspondientes para defender nuestros derechos, sin descartar otras acciones legales que consideremos oportunas”.
“No permitiremos que se siga vulnerando nuestro derecho fundamental a la estabilidad laboral y a la protección legal que nos asiste. La ley y el convenio están de nuestra parte, y exigimos que se hagan cumplir sin excusas ni dilaciones”, concluyen en el escrito dirigido a la Junta.
Una situación que se prolonga en el tiempo
Este nuevo episodio agrava aún más la crisis laboral que afecta a los extrabajadores de TSC, que llevan cerca de ocho meses sin cobrar sus salarios. Tal y como informó Montilla Digital, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) denunció en abril la “situación crítica” que atraviesan estos empleados, al tiempo que acusó a la empresa egabrense de haber desviado transporte público financiado por la Administración para prestar servicios ajenos a la sanidad pública.
Según el sindicato, la empresa comunicó a los empleados la suspensión de sus contratos hasta que la nueva adjudicataria los subrogara, una medida que la CTA consideró equiparable a “un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no ha seguido el procedimiento legal”. Además, denunciaron que dicho proceso incluía incluso a trabajadores en huelga o de baja médica, algo que calificaron de “ilegal”.
La CTA también criticó que la Seguridad Social haya denegado el pago directo de las prestaciones por incapacidad temporal, mientras la empresa seguía recibiendo pagos mensuales de la Junta de Andalucía, a pesar de su incumplimiento con los empleados.
En la actualidad, el servicio de transporte sanitario en el sur de Córdoba continúa cubierto por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG), aunque, según CTA, esta empresa tampoco ha comunicado formalmente a los trabajadores su obligación de subrogarlos, incluso en situaciones de cobertura eventual del servicio.
Desde el Parlamento andaluz, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, señaló ante el Pleno que Transportes Sanitarios Sur de Córdoba “engañó” tanto a la Junta de Andalucía como a los trabajadores, y que deberá “asumir la responsabilidad legal de ese engaño”. La Junta, según explicó, ha iniciado un expediente sancionador y ha denunciado a la empresa para evitar el alzamiento de bienes. Sin embargo, la resolución del conflicto económico dependerá de los tribunales, mientras la incertidumbre y la falta de ingresos continúan afectando gravemente a los exempleados de la firma egabrense.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
FOTOGRAFÍA: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
