Las tarjetas negras de los prebostes de Caja Madrid han puesto al descubierto de la manera más procaz y obscena el festín al que políticos, sindicatos y patronales se entregaron al tomar al asalto las Cajas de Ahorro, a las que entendieron como instrumento y tentáculo que prolongaba su poder en lo económico y empresarial y como botín del que podían disfrutar a sus anchas.
Fue el retiro dorado de los dirigentes políticos y el brazo a través del cual se ejecutaban los designios del partido en el Gobierno autonómico o provincial donde no faltaba el desvarío como ilustra bien, entre cientos, el caso del aeropuerto de Ciudad Real por parte de Barreda y de la Caja de Castilla-La Mancha, la primera en quebrar con un agujero que supera los 7.000 millones de euros. Todo un presupuesto regional.
Pero lo que estremece y repugna aún más a las gentes de a pie, porque lo pueden percibir de manera cercana, con cifras asimilables y con nombres reconocibles es el reparto del pastel. El festín al que acudieron todos, como moscas a la miel.
Ese contubernio repetido en todos los lugares donde el partido triunfante tenía la parte del león, pero el segundo también su parte en el pastel, al igual que los sindicatos y la patronal que también tenían sitio en la mesa y en el mantel. Todos estaban en ello y por ello ahora a todos les gustaría que el asunto se zanjara cuanto antes y sin hacer demasiado ruido, por favor.
Pero no puede ser así. No se puede tolerar que sea así. No pueden quedar impunes quienes han costado a los españoles un gigantesco sacrifico, quienes han obligado a un rescate que entre todos hemos de pagar, imprescindible para evitar que los impositores se quedaran sin sus ahorros, y a toda nuestra economía a sufrir en empleo, en rebaja de salarios y en perdida de derechos.
No puede ser que quienes cometieron tales desaguisados se vayan de rositas y tengan además todavía un más dorado retiro después de haber arruinado a los demás, llegando a la desfachatez total de prescribirse como recompensa multimillonarias indemnizaciones y pensiones vitalicias. No se puede consentir.
La ciudadanía no lo va a consentir y esa es la primera prueba de calado en la que los partidos políticos y los sindicatos, si quieren recuperar un átomo de dignidad y credibilidad, deben demostrar que en verdad están por la limpieza y por el “nunca jamás”.
Habrán de entender, si no atienden a otras razones, que cada euro corrompido ahí es un voto a los antisistemas, es una desafección más a la democracia, es una invitación a que cualquier “podemista” vaya más allá de la necesaria limpieza de la acequia encenagada y se disponga a volar el propio manantial.
El hedor del cenagal lo ha expandido y hecho llegar hasta a las narices que se habían puesto mascarillas preventivas, el obsceno escándalo de Caja Madrid. Unas tarjetas “negras”, sin necesidad de justificación alguna y que utilizaron a mansalva para las mas dispares compras, caprichos, lujos y actividades.
Un total de 86 personas de las que tan solo unos pocos que se cuentan con los dedos de una mano no hicieron uso ni abuso de ellas. Un sindicalista y dos empresarios. Los demás, del PP, del PSOE, de IU, de CCOO, de UGT, de la CEOE y de las más diversas siglas y entidades donde no falta algún periodista al frente de la comunicación en la entidad que no tuvieron ningún reparo en usar, abusar y callar de ellas hasta completar una cifra escandalosa de 15 millones que se desglosa en otros tantos escándalos individuales, alguno de los cuales alcanza casi el medio millón.
Algunos verdaderamente descorazonadores pues quienes los han protagonizado eran quienes clamaban en las calles por los derechos de los trabajadores y se postulaban a sí mismos como defensores de los humildes y los desfavorecidos.
Hay que señalar que ha sido la actual dirección y gestores de Bankia, encabezados por el eficaz Goirigolzarri, quien ha puesto al descubierto el pútrido pastel. Una auditoria interna lo descubrió y actuó en dos direcciones: exigiendo la devolución del dinero a quienes ya como Bankia se habían beneficiado –es el caso de Rodrigo Rato y alguno más, que parece hicieron en su totalidad o en parte– y poniendo el conjunto de lo descubierto en manos del FROB que, a su vez, lo entregó a la Fiscalía.
Es necesario resaltarlo, pues de la misma manera que repugna esa práctica que fue hábito y costumbre en los tiempos de Miguel Blesa, habrá ahora que señalar como los nuevos gestores han sido quienes, sin dudarlo un instante, han destapado la fosa séptica y han dado los pasos oportunos para su desinfección.
Lo que ahora espera el ciudadano es también una doble actuación. Ya conocemos los nombres. Ahora tienen que llegar las consecuencias. Que solo pueden ser dos. Su dimisión-expulsión o lo que quieran de los cargos públicos, si aún los tuvieran, y la devolución del dinero malbaratado.
Que cada partido o sindicato proceda o no a dejarlos fuera de sus filas es algo que también habrá que someter a consideración. En ese sentido, hay que poner en valor la inmediata reacción de Pedro Sanchez, así como la de Ignacio González, abriendo expedientes o cesando de inmediato a los implicados.
No han sido para nada tan enérgicos ni los de IU con los suyos ni aún menos los sindicatos con los “compañeros”. A regañadientes ha dimitido el ínclito y muy voceador Martínez, pero hay nueve más y Méndez y Toxo se llaman a andanas y acabarán por decir que es un ataque a la clase trabajadora.
Pero esa es una. La otra ha de ser cosa del fiscal. De la Fiscalía General. De abrir de una vez por todas ese melón y todos los melones de las cajas. Juntos o separados, desde la citada Caja de Castilla-La Mancha a Caixa Cataluña, Bancaja o Caja Madrid; desde los socialistas Moltó y Serra a los populares, Olives y Blesa, por poner a cuatro relevantes, y junto a ellos, cientos de uno y otro signo y color, sin olvidar a patronos y sindicalistas.
El pueblo español exige justicia, exige reparación, exige comprobar con sus ojos que no hay un nuevo contubernio que pretende la impunidad. Si no la palabra “casta” alcanzará su total y exacta dimensión y quienes la utilizan como arma dispondrán de una letal munición.
Fue el retiro dorado de los dirigentes políticos y el brazo a través del cual se ejecutaban los designios del partido en el Gobierno autonómico o provincial donde no faltaba el desvarío como ilustra bien, entre cientos, el caso del aeropuerto de Ciudad Real por parte de Barreda y de la Caja de Castilla-La Mancha, la primera en quebrar con un agujero que supera los 7.000 millones de euros. Todo un presupuesto regional.
Pero lo que estremece y repugna aún más a las gentes de a pie, porque lo pueden percibir de manera cercana, con cifras asimilables y con nombres reconocibles es el reparto del pastel. El festín al que acudieron todos, como moscas a la miel.
Ese contubernio repetido en todos los lugares donde el partido triunfante tenía la parte del león, pero el segundo también su parte en el pastel, al igual que los sindicatos y la patronal que también tenían sitio en la mesa y en el mantel. Todos estaban en ello y por ello ahora a todos les gustaría que el asunto se zanjara cuanto antes y sin hacer demasiado ruido, por favor.
Pero no puede ser así. No se puede tolerar que sea así. No pueden quedar impunes quienes han costado a los españoles un gigantesco sacrifico, quienes han obligado a un rescate que entre todos hemos de pagar, imprescindible para evitar que los impositores se quedaran sin sus ahorros, y a toda nuestra economía a sufrir en empleo, en rebaja de salarios y en perdida de derechos.
No puede ser que quienes cometieron tales desaguisados se vayan de rositas y tengan además todavía un más dorado retiro después de haber arruinado a los demás, llegando a la desfachatez total de prescribirse como recompensa multimillonarias indemnizaciones y pensiones vitalicias. No se puede consentir.
La ciudadanía no lo va a consentir y esa es la primera prueba de calado en la que los partidos políticos y los sindicatos, si quieren recuperar un átomo de dignidad y credibilidad, deben demostrar que en verdad están por la limpieza y por el “nunca jamás”.
Habrán de entender, si no atienden a otras razones, que cada euro corrompido ahí es un voto a los antisistemas, es una desafección más a la democracia, es una invitación a que cualquier “podemista” vaya más allá de la necesaria limpieza de la acequia encenagada y se disponga a volar el propio manantial.
El hedor del cenagal lo ha expandido y hecho llegar hasta a las narices que se habían puesto mascarillas preventivas, el obsceno escándalo de Caja Madrid. Unas tarjetas “negras”, sin necesidad de justificación alguna y que utilizaron a mansalva para las mas dispares compras, caprichos, lujos y actividades.
Un total de 86 personas de las que tan solo unos pocos que se cuentan con los dedos de una mano no hicieron uso ni abuso de ellas. Un sindicalista y dos empresarios. Los demás, del PP, del PSOE, de IU, de CCOO, de UGT, de la CEOE y de las más diversas siglas y entidades donde no falta algún periodista al frente de la comunicación en la entidad que no tuvieron ningún reparo en usar, abusar y callar de ellas hasta completar una cifra escandalosa de 15 millones que se desglosa en otros tantos escándalos individuales, alguno de los cuales alcanza casi el medio millón.
Algunos verdaderamente descorazonadores pues quienes los han protagonizado eran quienes clamaban en las calles por los derechos de los trabajadores y se postulaban a sí mismos como defensores de los humildes y los desfavorecidos.
Hay que señalar que ha sido la actual dirección y gestores de Bankia, encabezados por el eficaz Goirigolzarri, quien ha puesto al descubierto el pútrido pastel. Una auditoria interna lo descubrió y actuó en dos direcciones: exigiendo la devolución del dinero a quienes ya como Bankia se habían beneficiado –es el caso de Rodrigo Rato y alguno más, que parece hicieron en su totalidad o en parte– y poniendo el conjunto de lo descubierto en manos del FROB que, a su vez, lo entregó a la Fiscalía.
Es necesario resaltarlo, pues de la misma manera que repugna esa práctica que fue hábito y costumbre en los tiempos de Miguel Blesa, habrá ahora que señalar como los nuevos gestores han sido quienes, sin dudarlo un instante, han destapado la fosa séptica y han dado los pasos oportunos para su desinfección.
Lo que ahora espera el ciudadano es también una doble actuación. Ya conocemos los nombres. Ahora tienen que llegar las consecuencias. Que solo pueden ser dos. Su dimisión-expulsión o lo que quieran de los cargos públicos, si aún los tuvieran, y la devolución del dinero malbaratado.
Que cada partido o sindicato proceda o no a dejarlos fuera de sus filas es algo que también habrá que someter a consideración. En ese sentido, hay que poner en valor la inmediata reacción de Pedro Sanchez, así como la de Ignacio González, abriendo expedientes o cesando de inmediato a los implicados.
No han sido para nada tan enérgicos ni los de IU con los suyos ni aún menos los sindicatos con los “compañeros”. A regañadientes ha dimitido el ínclito y muy voceador Martínez, pero hay nueve más y Méndez y Toxo se llaman a andanas y acabarán por decir que es un ataque a la clase trabajadora.
Pero esa es una. La otra ha de ser cosa del fiscal. De la Fiscalía General. De abrir de una vez por todas ese melón y todos los melones de las cajas. Juntos o separados, desde la citada Caja de Castilla-La Mancha a Caixa Cataluña, Bancaja o Caja Madrid; desde los socialistas Moltó y Serra a los populares, Olives y Blesa, por poner a cuatro relevantes, y junto a ellos, cientos de uno y otro signo y color, sin olvidar a patronos y sindicalistas.
El pueblo español exige justicia, exige reparación, exige comprobar con sus ojos que no hay un nuevo contubernio que pretende la impunidad. Si no la palabra “casta” alcanzará su total y exacta dimensión y quienes la utilizan como arma dispondrán de una letal munición.
ANTONIO PÉREZ HENARES
