El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles mostró ayer su satisfacción por la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de la primera Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía 2028-2031, una planificación que pretende dar una respuesta integral a los principales retos del sector y reforzar su competitividad, rentabilidad y resiliencia.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, supone el inicio formal de los trabajos para elaborar una hoja de ruta destinada al conjunto del sector vitivinícola andaluz. Entre sus líneas de actuación se encuentran la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización y la diversificación de mercados, junto con la búsqueda de respuestas a desafíos como el relevo generacional, el cambio climático, los problemas fitosanitarios y la adaptación de la oferta a las nuevas demandas de los consumidores.
El presidente del Consejo Regulador, Javier Martín Fernández, consideró que la decisión adoptada por el Gobierno andaluz representa un hito para el futuro del vino de la comunidad autónoma y una oportunidad especialmente relevante para la DOP Montilla-Moriles.
En este sentido, Javier Martín reconoció que “desde Montilla-Moriles recibimos esta noticia con enorme satisfacción porque supone el reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tienen el viñedo y el vino para numerosas comarcas rurales andaluzas. Durante años hemos reivindicado la necesidad de contar con una planificación específica para el sector y hoy damos un paso fundamental en esa dirección”.
La formulación aprobada ayer por el Consejo de Gobierno abre ahora el proceso de redacción de la estrategia, que contará con la participación de los agentes económicos y sociales vinculados a la actividad vitivinícola, entre ellos las denominaciones de origen andaluzas.
La intención de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es mantener un diálogo fluido y constante con los integrantes de la cadena de producción para que el documento sirva como instrumento de planificación y coordinación de la acción de la Junta de Andalucía.
La futura estrategia deberá definir prioridades, ordenar las actuaciones públicas y establecer una hoja de ruta compartida con el sector para el período comprendido entre 2028 y 2031. Su contenido incorporará una caracterización del sector agrícola y de la agroindustria asociada, así como un diagnóstico de su situación actual, a partir del cual se determinarán los objetivos estratégicos y se programará su desarrollo durante los años de aplicación.
Entre los objetivos específicos planteados por el Gobierno andaluz figura el fomento de las nuevas herramientas digitales como instrumento para avanzar hacia un cultivo moderno y sostenible. La planificación también pretende fortalecer las figuras de calidad e impulsar la formación y la I+D+i como elementos para mejorar la competitividad y favorecer la adaptación del sector a las preferencias actuales de los consumidores.
Desde Montilla-Moriles, el Consejo Regulador entiende que este proceso puede permitir que se hagan visibles las necesidades específicas de territorios con una larga tradición vitivinícola y que se incorporen medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, fortalecer la competitividad de las bodegas y favorecer la incorporación de jóvenes a esta actividad.
Javier Martín Fernández señaló que “nuestra Denominación afronta retos compartidos con el conjunto del sector, como el relevo generacional, la adaptación al cambio climático o la necesidad de seguir ganando presencia en los mercados nacionales e internacionales. Esta estrategia debe convertirse en una herramienta útil para identificar soluciones y movilizar recursos que permitan afrontar esos desafíos con garantías”.
El presidente del Consejo Regulador puso también el acento en la participación directa del sector durante la elaboración del documento y en la necesidad de mantener la colaboración con la Administración para trasladar a la futura estrategia la realidad de los distintos territorios productores.
Martín Fernández afirmó que “las Denominaciones de Origen tenemos mucho que aportar. Conocemos de primera mano la realidad de nuestros viticultores, de nuestras cooperativas y de nuestras bodegas. Por ello, participaremos activamente en los trabajos de elaboración del documento para garantizar que las singularidades de Montilla-Moriles y el enorme potencial de nuestros vinos queden adecuadamente reflejados”.
La Junta de Andalucía subraya en la formulación de la estrategia la relevancia económica, social, cultural y territorial de la actividad vitivinícola, con una arraigada tradición y una importante presencia en numerosas comarcas rurales.
Junto a la generación de actividad económica, el viñedo contribuye a la conservación del paisaje y del patrimonio rural andaluz, mientras que la producción de vinos de calidad influye en el posicionamiento del sector agroalimentario en los mercados internacionales.
La planificación incide también en el carácter sostenible de las explotaciones vitícolas. Como ejemplo, la información de la Junta de Andalucía alude a las fincas del Condado de Huelva situadas en el entorno de Doñana y a la compatibilidad de la actividad agraria con la conservación de la naturaleza. La superficie dedicada a la vid sirve asimismo de refugio para especies de flora y fauna que encuentran en estos espacios su hábitat natural.
Andalucía cuenta actualmente con aproximadamente 2.500 explotaciones agrícolas dedicadas al viñedo, que reúnen en conjunto alrededor de 22.700 hectáreas. Más del 89 por ciento de esta superficie corresponde a vid destinada a la producción de vino, mientras que un 10,1 por ciento se dedica a uva de mesa y un 0,7 por ciento a viñedos de los que se obtienen pasas.
En cuanto al volumen de producción, la media andaluza alcanza las 130.000 toneladas anuales. El sector dispone además de 28 menciones de calidad vinculadas al viñedo, dentro de una apuesta por la producción diferenciada en la que se integran las figuras de protección correspondientes a vinos, vinagres y pasas.
Entre las figuras de calidad vinculadas a los vinos andaluces se encuentran Condado de Huelva, Granada, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Sierras de Málaga y Vino Naranja del Condado de Huelva.
A ellas se suman las indicaciones geográficas protegidas Altiplano de Sierra Nevada, Bailén, Cádiz, Córdoba, Cumbres del Guadalfeo, Desierto de Almería, Laderas del Genil, Láujar-Alpujarra, Los Palacios, Norte de Almería, Ribera de Andarax, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Sur de Jaén, Sierras de Las Estancias y Los Filabres, Torreperogil y Villaviciosa de Córdoba.
La producción andaluza cuenta igualmente con tres denominaciones de origen protegidas para vinagres: Vinagre del Condado de Huelva, Vinagre de Jerez y Vinagre de Montilla-Moriles. También se elaboran alimentos acogidos a la Denominación de Origen Protegida Pasas de Málaga.
Dentro de este mapa de figuras de calidad, Montilla-Moriles participa tanto a través de su denominación de origen protegida para los vinos como mediante la correspondiente al Vinagre de Montilla-Moriles. Para el Consejo Regulador, la elaboración de la nueva estrategia permitirá trasladar a la planificación autonómica las singularidades de esta zona productora y las necesidades de sus viticultores, cooperativas y bodegas.
El organismo regulador considera que la puesta en marcha de la Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía 2028-2031 abre una oportunidad para consolidar una visión común del sector vitivinícola andaluz y reforzar el papel de las denominaciones de origen como motores de desarrollo económico, empleo, innovación y cohesión territorial.
“Montilla-Moriles ha demostrado, durante siglos, su capacidad para elaborar vinos singulares y diferenciados. Ahora tenemos la oportunidad de contribuir a diseñar la estrategia que debe garantizar la fortaleza del sector vitivinícola andaluz durante las próximas décadas. Es una responsabilidad que asumimos con ilusión y con espíritu constructivo”, concluyó Javier Martín Fernández.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, supone el inicio formal de los trabajos para elaborar una hoja de ruta destinada al conjunto del sector vitivinícola andaluz. Entre sus líneas de actuación se encuentran la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización y la diversificación de mercados, junto con la búsqueda de respuestas a desafíos como el relevo generacional, el cambio climático, los problemas fitosanitarios y la adaptación de la oferta a las nuevas demandas de los consumidores.
El presidente del Consejo Regulador, Javier Martín Fernández, consideró que la decisión adoptada por el Gobierno andaluz representa un hito para el futuro del vino de la comunidad autónoma y una oportunidad especialmente relevante para la DOP Montilla-Moriles.
En este sentido, Javier Martín reconoció que “desde Montilla-Moriles recibimos esta noticia con enorme satisfacción porque supone el reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tienen el viñedo y el vino para numerosas comarcas rurales andaluzas. Durante años hemos reivindicado la necesidad de contar con una planificación específica para el sector y hoy damos un paso fundamental en esa dirección”.
La formulación aprobada ayer por el Consejo de Gobierno abre ahora el proceso de redacción de la estrategia, que contará con la participación de los agentes económicos y sociales vinculados a la actividad vitivinícola, entre ellos las denominaciones de origen andaluzas.
La intención de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es mantener un diálogo fluido y constante con los integrantes de la cadena de producción para que el documento sirva como instrumento de planificación y coordinación de la acción de la Junta de Andalucía.
La futura estrategia deberá definir prioridades, ordenar las actuaciones públicas y establecer una hoja de ruta compartida con el sector para el período comprendido entre 2028 y 2031. Su contenido incorporará una caracterización del sector agrícola y de la agroindustria asociada, así como un diagnóstico de su situación actual, a partir del cual se determinarán los objetivos estratégicos y se programará su desarrollo durante los años de aplicación.
Entre los objetivos específicos planteados por el Gobierno andaluz figura el fomento de las nuevas herramientas digitales como instrumento para avanzar hacia un cultivo moderno y sostenible. La planificación también pretende fortalecer las figuras de calidad e impulsar la formación y la I+D+i como elementos para mejorar la competitividad y favorecer la adaptación del sector a las preferencias actuales de los consumidores.
Desde Montilla-Moriles, el Consejo Regulador entiende que este proceso puede permitir que se hagan visibles las necesidades específicas de territorios con una larga tradición vitivinícola y que se incorporen medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, fortalecer la competitividad de las bodegas y favorecer la incorporación de jóvenes a esta actividad.
Javier Martín Fernández señaló que “nuestra Denominación afronta retos compartidos con el conjunto del sector, como el relevo generacional, la adaptación al cambio climático o la necesidad de seguir ganando presencia en los mercados nacionales e internacionales. Esta estrategia debe convertirse en una herramienta útil para identificar soluciones y movilizar recursos que permitan afrontar esos desafíos con garantías”.
El presidente del Consejo Regulador puso también el acento en la participación directa del sector durante la elaboración del documento y en la necesidad de mantener la colaboración con la Administración para trasladar a la futura estrategia la realidad de los distintos territorios productores.
Martín Fernández afirmó que “las Denominaciones de Origen tenemos mucho que aportar. Conocemos de primera mano la realidad de nuestros viticultores, de nuestras cooperativas y de nuestras bodegas. Por ello, participaremos activamente en los trabajos de elaboración del documento para garantizar que las singularidades de Montilla-Moriles y el enorme potencial de nuestros vinos queden adecuadamente reflejados”.
La Junta de Andalucía subraya en la formulación de la estrategia la relevancia económica, social, cultural y territorial de la actividad vitivinícola, con una arraigada tradición y una importante presencia en numerosas comarcas rurales.
Junto a la generación de actividad económica, el viñedo contribuye a la conservación del paisaje y del patrimonio rural andaluz, mientras que la producción de vinos de calidad influye en el posicionamiento del sector agroalimentario en los mercados internacionales.
La planificación incide también en el carácter sostenible de las explotaciones vitícolas. Como ejemplo, la información de la Junta de Andalucía alude a las fincas del Condado de Huelva situadas en el entorno de Doñana y a la compatibilidad de la actividad agraria con la conservación de la naturaleza. La superficie dedicada a la vid sirve asimismo de refugio para especies de flora y fauna que encuentran en estos espacios su hábitat natural.
Andalucía cuenta actualmente con aproximadamente 2.500 explotaciones agrícolas dedicadas al viñedo, que reúnen en conjunto alrededor de 22.700 hectáreas. Más del 89 por ciento de esta superficie corresponde a vid destinada a la producción de vino, mientras que un 10,1 por ciento se dedica a uva de mesa y un 0,7 por ciento a viñedos de los que se obtienen pasas.
En cuanto al volumen de producción, la media andaluza alcanza las 130.000 toneladas anuales. El sector dispone además de 28 menciones de calidad vinculadas al viñedo, dentro de una apuesta por la producción diferenciada en la que se integran las figuras de protección correspondientes a vinos, vinagres y pasas.
Entre las figuras de calidad vinculadas a los vinos andaluces se encuentran Condado de Huelva, Granada, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Sierras de Málaga y Vino Naranja del Condado de Huelva.
A ellas se suman las indicaciones geográficas protegidas Altiplano de Sierra Nevada, Bailén, Cádiz, Córdoba, Cumbres del Guadalfeo, Desierto de Almería, Laderas del Genil, Láujar-Alpujarra, Los Palacios, Norte de Almería, Ribera de Andarax, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Sur de Jaén, Sierras de Las Estancias y Los Filabres, Torreperogil y Villaviciosa de Córdoba.
La producción andaluza cuenta igualmente con tres denominaciones de origen protegidas para vinagres: Vinagre del Condado de Huelva, Vinagre de Jerez y Vinagre de Montilla-Moriles. También se elaboran alimentos acogidos a la Denominación de Origen Protegida Pasas de Málaga.
Dentro de este mapa de figuras de calidad, Montilla-Moriles participa tanto a través de su denominación de origen protegida para los vinos como mediante la correspondiente al Vinagre de Montilla-Moriles. Para el Consejo Regulador, la elaboración de la nueva estrategia permitirá trasladar a la planificación autonómica las singularidades de esta zona productora y las necesidades de sus viticultores, cooperativas y bodegas.
El organismo regulador considera que la puesta en marcha de la Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía 2028-2031 abre una oportunidad para consolidar una visión común del sector vitivinícola andaluz y reforzar el papel de las denominaciones de origen como motores de desarrollo económico, empleo, innovación y cohesión territorial.
“Montilla-Moriles ha demostrado, durante siglos, su capacidad para elaborar vinos singulares y diferenciados. Ahora tenemos la oportunidad de contribuir a diseñar la estrategia que debe garantizar la fortaleza del sector vitivinícola andaluz durante las próximas décadas. Es una responsabilidad que asumimos con ilusión y con espíritu constructivo”, concluyó Javier Martín Fernández.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
