La idea del contrato social surge en los siglos XVII y XVIII como una respuesta del racionalismo a la idea del origen divino del rey, pero no era algo nuevo: ya en la Grecia clásica se decía que el gobierno de la polis era un pacto de conveniencia y de convivencia entre los ciudadanos. A principios de la Edad Moderna, Francisco Suárez, miembro destacado de la escolástica de la Universidad de Salamanca, sostenía que la soberanía pertenecía al pueblo, que la delegaba en sus gobernantes.
Rousseau, en su obra El contrato social, expone la idea, reflejada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que “todos los seres humanos nacen libres” y que es la propiedad privada la que genera las desigualdades. Plantea la idea democrática de que los ciudadanos se unen libremente cediendo su libertad individual a favor de una voluntad general. Al obedecer las leyes que ellos mismos se dan, siguen siendo libres.
Después de la II Guerra Mundial, Europa occidental quedó en ruinas y muy afectada moralmente por los horrores de la guerra. Además, las democracias occidentales lideradas por USA se sentían amenazadas por el modelo soviético, cuyas ideas de igualdad habían calado en amplias capas de la población, y diseñaron un modelo para defenderse del peligro de que alguna de ellas cayera en la órbita de la URSS. Fue un contrato social que devolviera la riqueza material e incluso la autoestima a unos países que habían padecido una cruel guerra en la que los valores humanos habían sido pisoteados por el totalitarismo nacionalista y fascista.
El capitalismo de libre mercado sin regulación había provocado la Gran Depresión de 1929, generando un empeoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y enormes desigualdades que ponían en riesgo la paz social y la estabilidad de las democracias burguesas.
En ese estado de cosas, las ideas de Keynes y el modelo del New Deal que se aplicó en la segunda mitad de los años 30 en USA se impusieron en la postguerra europea. Se mantuvo la protección a la propiedad privada y la economía de mercado, pero se introdujo una corrección redistributiva vía fiscal.
El Estado no solo asumía el rol de árbitro imparcial y el papel regulador; también generó importantes inversiones y empresas públicas en sectores estratégicos. Todo ello garantizaba la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El contrato establecía un equilibrio: el capital privado era respetado y protegido, pero a cambio aceptaba pagar altos impuestos para financiar la sanidad y la educación universales, asegurando que la mayoría tuviera una “cuota” de propiedad y bienestar suficiente para no desear la experiencia comunista.
Las democracias defensoras del liberalismo económico aceptaron someterse a la redistribución social de la riqueza a cambio de sobrevivir frente al comunismo, mientras que las clases trabajadoras aceptaron el marco del capitalismo democrático a cambio de ver garantizada su dignidad material y su seguridad existencial.
Este contrato social de la postguerra se fue al traste a finales de los años ochenta con el auge del neoliberalismo y la globalización y también, por qué no decirlo, con la desintegración de la URSS. Quien esto escribe cree poco en las casualidades.
Las nuevas ideas neoliberales se fueron imponiendo y cambiaron las reglas del juego a favor del mercado global y la economía financiera. Los pensadores de la escuela de Chicago como Milton Friedman argumentaron que el Estado de bienestar se había vuelto “paquidérmico”, ineficiente, asfixiante para la iniciativa privada y fiscalmente insostenible.
El neoliberalismo recuperó la idea del mercado sin regulación combinado con el individualismo extremo y la competencia. Se redujo el tamaño y el poder de los Estados mediante privatizaciones de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, transportes).
El argumento fue que el mercado libre es más eficiente que la burocracia estatal. La seguridad del ciudadano pasó de depender de la solidaridad colectiva a depender de su propia capacidad de consumo y de su desempeño en el mercado laboral.
El contrato social del Estado del bienestar garantizaba la estabilidad laboral y la paz social. A partir de los años 80 se introdujeron la flexibilidad laboral, la desregulación financiera y el ataque a los sindicatos y, en general, a las ideas socialistas. El trabajo dejó de ser garantía de estatus social estable para convertirse en algo prescindible.
Los Estados cedieron en su capacidad fiscal frente a las amenazas de fuga de capitales. Las políticas económicas dejaron de responder al bien común de la mayoría de los ciudadanos para ponerse al servicio de los mercados financieros y las agencias de calificación. Los derechos sociales universales (sanidad, educación, pensiones) comenzaron a ser parcialmente privatizados o gestionados con modelos de lo privado. El ciudadano perdió su condición para transformarse en cliente o consumidor.
A pesar del fracaso del modelo neoliberal que quedó a la vista con la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias —recordemos los recortes y los rescates—, el pensamiento único neoliberal prometía la autorregulación de los mercados, un crecimiento estable y prosperidad global, pero el resultado fue lo contrario: se socializaban las pérdidas y se privatizaban los beneficios.
Todos lo pudimos comprobar cuando los gobiernos intervinieron para salvar a los bancos privados. Mientras los empleos se precarizaban y los salarios perdían poder adquisitivo, las élites financieras que habían provocado la crisis fueron rescatadas con fondos públicos mientras culpaban a los ciudadanos de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”.
A cambio de esos rescates, se exigió a los Estados reducir masivamente el déficit público, lo que generó recortes profundos en lo social: privatizaciones más o menos encubiertas de la sanidad y la educación, congelación de pensiones y desmantelamiento de muchos de los sistemas de protección laboral. El pago de la deuda externa se antepuso a la dignidad de las personas.
La incapacidad de los partidos tradicionales (socialdemócratas y conservadores) para ofrecer una alternativa a la austeridad y la desigualdad provocó una profunda crisis que alimentó el auge de nuevas fuerzas políticas a la izquierda, como Podemos en España, y también el ascenso del populismo nacionalista de ultraderecha en toda Europa, que ofrece un nuevo modelo basado en el cierre de fronteras, el proteccionismo económico y en culpar a la inmigración de la pérdida de bienestar de las clases medias y trabajadoras.
La pandemia de covid-19 en 2020 y la invasión rusa de Ucrania en 2022 supusieron una nueva crisis para la Unión Europea y el modelo económico neoliberal. Si la crisis de 2008 trajo la austeridad, las crisis de la década de 2020 están provocando el retorno del Estado como el único protector de la estabilidad social.
El Estado volvió a garantizar la supervivencia física y económica de la población ante una catástrofe. Los gobiernos europeos no recurrieron a los recortes, sino al rescate de la mayoría social. A través de los ERTE en España o esquemas similares en Alemania, Francia e Italia, el Estado asumió el pago masivo de los salarios de millones de trabajadores para evitar despidos masivos y mantener vivas a las empresas durante los confinamientos. Los mercados por sí solos eran incapaces de gestionar una crisis de esa magnitud.
Cuando los precios del gas y la electricidad amenazaron con apagar la industria europea y congelar a los hogares, se desmontó la máxima neoliberal de que “los precios los fija libremente el mercado”. Los gobiernos toparon el precio del gas, subvencionaron las facturas energéticas; se bajaron impuestos indirectos a los carburantes; incluso se llegó al rescate de empresas energéticas clave (como la nacionalización total de EDF en Francia).
Esta vuelta del Estado protector es ficticia y está tensionada por sus contradicciones. Los paquetes de ayudas públicas paran el golpe inicial, pero la inflación afecta a la capacidad de compra de los salarios, reavivando el descontento. Además, surge la duda sobre si los Estados se atreverán a reformas fiscales de calado para los más ricos y así mantener la sanidad, la educación y las políticas sociales.
La pandemia y la crisis energética han demostrado la necesidad del Estado como agente imprescindible para la gestión de las crisis, pero las ideas neoliberales son ampliamente difundidas por las oligarquías mundiales y no vemos a los Estados haciéndoles frente con políticas fiscales redistributivas, mientras sí que vemos crecer su endeudamiento, lo que es una amenaza para la mayoría social cuando lleguen a los gobiernos las nuevas derechas, que, a diferencia de lo que se dice, no son fascistas. El fascismo cree en el Estado y tiene programas sociales; los fachas son individualistas, son extremistas neoliberales, como Milei o Trump.
En este repaso que hemos dado por los últimos 100 años de historia socioeconómica europea, hemos visto cómo los mercados sin regulación causan las crisis y cómo los Estados son los que las resuelven. Y también hemos visto cómo el mejor modelo, el Estado del bienestar, se basa en un contrato social más justo que cualquier otro de los que hemos analizado y que, por tanto, genera paz social y prosperidad para todos. Estamos en precampaña electoral y creo que es buen momento para razonar nuestro voto: si estamos a favor de lo social, del Estado que protege, o de lo individual, del mercado que causa las crisis.
Rousseau, en su obra El contrato social, expone la idea, reflejada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que “todos los seres humanos nacen libres” y que es la propiedad privada la que genera las desigualdades. Plantea la idea democrática de que los ciudadanos se unen libremente cediendo su libertad individual a favor de una voluntad general. Al obedecer las leyes que ellos mismos se dan, siguen siendo libres.
Después de la II Guerra Mundial, Europa occidental quedó en ruinas y muy afectada moralmente por los horrores de la guerra. Además, las democracias occidentales lideradas por USA se sentían amenazadas por el modelo soviético, cuyas ideas de igualdad habían calado en amplias capas de la población, y diseñaron un modelo para defenderse del peligro de que alguna de ellas cayera en la órbita de la URSS. Fue un contrato social que devolviera la riqueza material e incluso la autoestima a unos países que habían padecido una cruel guerra en la que los valores humanos habían sido pisoteados por el totalitarismo nacionalista y fascista.
El capitalismo de libre mercado sin regulación había provocado la Gran Depresión de 1929, generando un empeoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y enormes desigualdades que ponían en riesgo la paz social y la estabilidad de las democracias burguesas.
En ese estado de cosas, las ideas de Keynes y el modelo del New Deal que se aplicó en la segunda mitad de los años 30 en USA se impusieron en la postguerra europea. Se mantuvo la protección a la propiedad privada y la economía de mercado, pero se introdujo una corrección redistributiva vía fiscal.
El Estado no solo asumía el rol de árbitro imparcial y el papel regulador; también generó importantes inversiones y empresas públicas en sectores estratégicos. Todo ello garantizaba la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El contrato establecía un equilibrio: el capital privado era respetado y protegido, pero a cambio aceptaba pagar altos impuestos para financiar la sanidad y la educación universales, asegurando que la mayoría tuviera una “cuota” de propiedad y bienestar suficiente para no desear la experiencia comunista.
Las democracias defensoras del liberalismo económico aceptaron someterse a la redistribución social de la riqueza a cambio de sobrevivir frente al comunismo, mientras que las clases trabajadoras aceptaron el marco del capitalismo democrático a cambio de ver garantizada su dignidad material y su seguridad existencial.
Este contrato social de la postguerra se fue al traste a finales de los años ochenta con el auge del neoliberalismo y la globalización y también, por qué no decirlo, con la desintegración de la URSS. Quien esto escribe cree poco en las casualidades.
Las nuevas ideas neoliberales se fueron imponiendo y cambiaron las reglas del juego a favor del mercado global y la economía financiera. Los pensadores de la escuela de Chicago como Milton Friedman argumentaron que el Estado de bienestar se había vuelto “paquidérmico”, ineficiente, asfixiante para la iniciativa privada y fiscalmente insostenible.
El neoliberalismo recuperó la idea del mercado sin regulación combinado con el individualismo extremo y la competencia. Se redujo el tamaño y el poder de los Estados mediante privatizaciones de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, transportes).
El argumento fue que el mercado libre es más eficiente que la burocracia estatal. La seguridad del ciudadano pasó de depender de la solidaridad colectiva a depender de su propia capacidad de consumo y de su desempeño en el mercado laboral.
El contrato social del Estado del bienestar garantizaba la estabilidad laboral y la paz social. A partir de los años 80 se introdujeron la flexibilidad laboral, la desregulación financiera y el ataque a los sindicatos y, en general, a las ideas socialistas. El trabajo dejó de ser garantía de estatus social estable para convertirse en algo prescindible.
Los Estados cedieron en su capacidad fiscal frente a las amenazas de fuga de capitales. Las políticas económicas dejaron de responder al bien común de la mayoría de los ciudadanos para ponerse al servicio de los mercados financieros y las agencias de calificación. Los derechos sociales universales (sanidad, educación, pensiones) comenzaron a ser parcialmente privatizados o gestionados con modelos de lo privado. El ciudadano perdió su condición para transformarse en cliente o consumidor.
A pesar del fracaso del modelo neoliberal que quedó a la vista con la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias —recordemos los recortes y los rescates—, el pensamiento único neoliberal prometía la autorregulación de los mercados, un crecimiento estable y prosperidad global, pero el resultado fue lo contrario: se socializaban las pérdidas y se privatizaban los beneficios.
Todos lo pudimos comprobar cuando los gobiernos intervinieron para salvar a los bancos privados. Mientras los empleos se precarizaban y los salarios perdían poder adquisitivo, las élites financieras que habían provocado la crisis fueron rescatadas con fondos públicos mientras culpaban a los ciudadanos de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”.
A cambio de esos rescates, se exigió a los Estados reducir masivamente el déficit público, lo que generó recortes profundos en lo social: privatizaciones más o menos encubiertas de la sanidad y la educación, congelación de pensiones y desmantelamiento de muchos de los sistemas de protección laboral. El pago de la deuda externa se antepuso a la dignidad de las personas.
La incapacidad de los partidos tradicionales (socialdemócratas y conservadores) para ofrecer una alternativa a la austeridad y la desigualdad provocó una profunda crisis que alimentó el auge de nuevas fuerzas políticas a la izquierda, como Podemos en España, y también el ascenso del populismo nacionalista de ultraderecha en toda Europa, que ofrece un nuevo modelo basado en el cierre de fronteras, el proteccionismo económico y en culpar a la inmigración de la pérdida de bienestar de las clases medias y trabajadoras.
La pandemia de covid-19 en 2020 y la invasión rusa de Ucrania en 2022 supusieron una nueva crisis para la Unión Europea y el modelo económico neoliberal. Si la crisis de 2008 trajo la austeridad, las crisis de la década de 2020 están provocando el retorno del Estado como el único protector de la estabilidad social.
El Estado volvió a garantizar la supervivencia física y económica de la población ante una catástrofe. Los gobiernos europeos no recurrieron a los recortes, sino al rescate de la mayoría social. A través de los ERTE en España o esquemas similares en Alemania, Francia e Italia, el Estado asumió el pago masivo de los salarios de millones de trabajadores para evitar despidos masivos y mantener vivas a las empresas durante los confinamientos. Los mercados por sí solos eran incapaces de gestionar una crisis de esa magnitud.
Cuando los precios del gas y la electricidad amenazaron con apagar la industria europea y congelar a los hogares, se desmontó la máxima neoliberal de que “los precios los fija libremente el mercado”. Los gobiernos toparon el precio del gas, subvencionaron las facturas energéticas; se bajaron impuestos indirectos a los carburantes; incluso se llegó al rescate de empresas energéticas clave (como la nacionalización total de EDF en Francia).
Esta vuelta del Estado protector es ficticia y está tensionada por sus contradicciones. Los paquetes de ayudas públicas paran el golpe inicial, pero la inflación afecta a la capacidad de compra de los salarios, reavivando el descontento. Además, surge la duda sobre si los Estados se atreverán a reformas fiscales de calado para los más ricos y así mantener la sanidad, la educación y las políticas sociales.
La pandemia y la crisis energética han demostrado la necesidad del Estado como agente imprescindible para la gestión de las crisis, pero las ideas neoliberales son ampliamente difundidas por las oligarquías mundiales y no vemos a los Estados haciéndoles frente con políticas fiscales redistributivas, mientras sí que vemos crecer su endeudamiento, lo que es una amenaza para la mayoría social cuando lleguen a los gobiernos las nuevas derechas, que, a diferencia de lo que se dice, no son fascistas. El fascismo cree en el Estado y tiene programas sociales; los fachas son individualistas, son extremistas neoliberales, como Milei o Trump.
En este repaso que hemos dado por los últimos 100 años de historia socioeconómica europea, hemos visto cómo los mercados sin regulación causan las crisis y cómo los Estados son los que las resuelven. Y también hemos visto cómo el mejor modelo, el Estado del bienestar, se basa en un contrato social más justo que cualquier otro de los que hemos analizado y que, por tanto, genera paz social y prosperidad para todos. Estamos en precampaña electoral y creo que es buen momento para razonar nuestro voto: si estamos a favor de lo social, del Estado que protege, o de lo individual, del mercado que causa las crisis.
ÁNGEL DÍEZ DE MIGUEL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
