Inicio mi periplo como columnista de Andalucía Digital compartiendo opiniones propias, aunque avaladas por la encuesta sociológica del último Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es decir, que no se trata de simples reflexiones personales, que a lo mejor tendrían escaso valor, sino que son opiniones de la mayoría de los españoles. Y nuestra Constitución dice claramente en su artículo 1.º, apartado 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Son, por tanto, opiniones que deberían ser tenidas en cuenta por nuestros políticos, estén en el Gobierno o en la oposición.
Los datos están en el Estudio 3570 del CIS de junio de 2026 y obviaré los resultados de la encuesta sobre posicionamientos electorales, porque no es el motivo de esta reflexión. Estamos viendo a un Gobierno que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en toda la Legislatura y a una oposición que no respeta las mayorías parlamentarias y que, desde el mismo momento de la constitución del Ejecutivo en el año 2023, está pidiendo su disolución, no criticando sus políticas y haciendo propuestas alternativas, como es su obligación, sino descalificando el modelo de democracia parlamentaria, tratando de convencer al pueblo de que lo legal es ilegítimo.
Por otro lado, tenemos a un Poder Judicial que es –o parece ser– manifiestamente partidista a favor de las derechas, saltándose las más elementales normas de la separación de poderes dictaminadas por Montesquieu y a la que unos y otros se aferran como verdad revelada. Veamos ahora algunas de las opiniones de nuestros conciudadanos.
A la vista de esos datos, es evidente que el pueblo español apuesta claramente por la democracia, por una democracia de acuerdos y no de divisiones cainitas; cree en la necesidad de los partidos políticos, pero no está satisfecho con su comportamiento; cree que se deberían buscar nuevas formas de participación de los ciudadanos en la gestión de las cosas públicas y también cree que no hay mecanismos eficaces para luchar contra la corrupción.
Personalmente, creo que nuestra democracia se diseñó pensando en que una clase política que, por su origen o por su adscripción social, sabe lo que nos conviene y nos debe gobernar en una aparente democracia. El pueblo español, aparentemente soberano, no elige a ninguno de sus representantes nacionales ni autonómicos: elige una lista de un partido político que, desde su dirección, ha colocado unos nombres u otros en la papeleta electoral.
Por tanto, esos diputados o senadores no tienen que responder ante sus electores, sino ante sus jefes orgánicos del partido. Tenemos una democracia viciada en origen pero, si el pueblo español opina que la democracia es el modelo preferible, algo habrá que hacer para conseguirlo y, desde luego, la opción no es el “todos son iguales y me quedo en casa”.
Por otra parte, ¿cuál es el miedo de los políticos a imitar algunas prácticas saludables de los suizos? ¿No se pueden organizar referéndums casi cada domingo para que los ciudadanos decidamos sobre las distintas cuestiones que más nos preocupan? No siempre todos estaríamos de acuerdo con los resultados, pero serían verdaderamente democráticos. En resumen, menos poder a los partidos y más participación al pueblo.
La justicia es la parte menos democratizada de nuestra vida pública; los jueces y fiscales lo son después de unas larguísimas y muy costosas oposiciones, que dejan fuera a las clases trabajadoras. La justicia no es igual para todos: en un pleito no es lo mismo tener que contratar un abogado modesto que pagar un importante bufete de abogados, que tienen relaciones de amistad, cuando no de interés, con las más altas magistraturas.
Opino que se debería ir a un sistema público de justicia, donde el ciudadano que vea perjudicados sus intereses o sus derechos acuda a urgencias judiciales y allí se le asignen el juzgado y los letrados especializados para su defensa o su denuncia, igual que sucede con nuestra sanidad que, cuando ha estado bien dotada, ha sido una de las mejores del mundo. Ya sé que esto es una utopía. ¿Cómo los legisladores, la mayor parte de ellos provenientes del mundo jurídico, van a legislar para limitar sus ingresos?
Cuestión especialmente antidemocrática es la politización de la justicia. ¿Cómo es posible que los casos de corrupción que afectan al PP tarden más de una década en ser resueltos y los del PSOE se resuelvan en meses? ¿Cómo es posible que, cuando se resuelve un caso de corrupción, se condena a los políticos corruptos, pero casi nunca a las empresas corruptoras?
Si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar con el que “suelta la pasta”, que es el origen de todo. Hay un viejo refrán que dice que “vale más un mal acuerdo que un buen pleito”; si fuera jurista, me avergonzaría de que el pueblo tenga, desde siempre, ese concepto tan negativo de la justicia española y que la democracia no haya logrado cambiarlo.
¿Cómo se puede confiar en una justicia que condena a alguien porque el hecho punible lo ha cometido él o alguien de su entorno? ¿Cómo se puede confiar en una justicia que exige al reo que demuestre su inocencia, en vez de ser ella la que demuestra la culpa?
¿Cómo confiar en una justicia que es incapaz de saber quién es M. Rajoy, pero no se esfuerza en transcribir todos los audios de Villarejo que podrían inculpar el expresidente? Por ello, cabría preguntarse si España hoy es un Estado de derecho o de derechas. ¿De verdad el poder judicial emana y responde ante la soberanía popular? ¿Cómo y cuándo?
Respecto a los medios de comunicación, opino que sin un periodismo libre, independiente y plural, no es posible la democracia, pero hoy se puede decir: “Quien paga manda”, y los que pagan son los grandes fondos de inversión con su propio dinero y las instituciones públicas que pagan con el dinero de todos para favorecer los intereses de quienes controlan esas mismas instituciones.
¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen y descubran los trapos sucios de quienes controlan el precio de la vivienda, los salarios y las condiciones laborales a través de las patronales? ¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen las corruptelas de los políticos que mantienen esos medios con la publicidad institucional? ¿Cómo vamos a confiar en que la prensa nos informe verazmente y con el mismo tratamiento de las resoluciones judiciales?
Desde agosto del año pasado, en cumplimiento de una normativa europea, debe hacerse pública la estructura y la propiedad de los medios de comunicación, también todo tipo de financiación pública, sea en publicidad institucional o en subvenciones.
A nivel nacional, existe un límite de publicidad institucional, fijado 35 por ciento del presupuesto de cada medio. ¿Se está cumpliendo? ¿Se está controlando su cumplimiento? Mi padre me decía muchas veces que el periódico decía dos verdades cada día: la fecha y el precio; lo demás, todo era cuestionable. ¡Qué razón tenía mi padre!
Los que me conocen saben que soy optimista patológico; por tanto, debo decir que España tendrá la democracia que decidamos los españoles: puede ser esta que tenemos y que está empeorando por momentos o podemos aspirar a una verdadera democracia política, social y económica; para eso, los ciudadanos debemos tener pensamiento crítico y ser exigentes con nuestros representantes públicos, a los que pagamos el sueldo, aunque se lo pongan ellos.
Los datos están en el Estudio 3570 del CIS de junio de 2026 y obviaré los resultados de la encuesta sobre posicionamientos electorales, porque no es el motivo de esta reflexión. Estamos viendo a un Gobierno que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en toda la Legislatura y a una oposición que no respeta las mayorías parlamentarias y que, desde el mismo momento de la constitución del Ejecutivo en el año 2023, está pidiendo su disolución, no criticando sus políticas y haciendo propuestas alternativas, como es su obligación, sino descalificando el modelo de democracia parlamentaria, tratando de convencer al pueblo de que lo legal es ilegítimo.
Por otro lado, tenemos a un Poder Judicial que es –o parece ser– manifiestamente partidista a favor de las derechas, saltándose las más elementales normas de la separación de poderes dictaminadas por Montesquieu y a la que unos y otros se aferran como verdad revelada. Veamos ahora algunas de las opiniones de nuestros conciudadanos.
Respecto a la democracia
- El 80,8 por ciento dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
- El 75,9 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo en que sin partidos políticos no hay democracia.
- El 56,9 por ciento se siente poco o nada satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia.
- El 87,5 por ciento opina que los mecanismos de lucha contra la corrupción son insuficientes.
- El 89,8 por ciento considera que se deben crear nuevas formas de participación ciudadana.
A la vista de esos datos, es evidente que el pueblo español apuesta claramente por la democracia, por una democracia de acuerdos y no de divisiones cainitas; cree en la necesidad de los partidos políticos, pero no está satisfecho con su comportamiento; cree que se deberían buscar nuevas formas de participación de los ciudadanos en la gestión de las cosas públicas y también cree que no hay mecanismos eficaces para luchar contra la corrupción.
Personalmente, creo que nuestra democracia se diseñó pensando en que una clase política que, por su origen o por su adscripción social, sabe lo que nos conviene y nos debe gobernar en una aparente democracia. El pueblo español, aparentemente soberano, no elige a ninguno de sus representantes nacionales ni autonómicos: elige una lista de un partido político que, desde su dirección, ha colocado unos nombres u otros en la papeleta electoral.
Por tanto, esos diputados o senadores no tienen que responder ante sus electores, sino ante sus jefes orgánicos del partido. Tenemos una democracia viciada en origen pero, si el pueblo español opina que la democracia es el modelo preferible, algo habrá que hacer para conseguirlo y, desde luego, la opción no es el “todos son iguales y me quedo en casa”.
Por otra parte, ¿cuál es el miedo de los políticos a imitar algunas prácticas saludables de los suizos? ¿No se pueden organizar referéndums casi cada domingo para que los ciudadanos decidamos sobre las distintas cuestiones que más nos preocupan? No siempre todos estaríamos de acuerdo con los resultados, pero serían verdaderamente democráticos. En resumen, menos poder a los partidos y más participación al pueblo.
Respecto a la justicia
- El 78,2 por ciento no cree que la justicia trata igual a ricos que a pobres.
- El 76,9 por ciento opina que la justicia no siempre es imparcial en casos judiciales de los partidos.
La justicia es la parte menos democratizada de nuestra vida pública; los jueces y fiscales lo son después de unas larguísimas y muy costosas oposiciones, que dejan fuera a las clases trabajadoras. La justicia no es igual para todos: en un pleito no es lo mismo tener que contratar un abogado modesto que pagar un importante bufete de abogados, que tienen relaciones de amistad, cuando no de interés, con las más altas magistraturas.
Opino que se debería ir a un sistema público de justicia, donde el ciudadano que vea perjudicados sus intereses o sus derechos acuda a urgencias judiciales y allí se le asignen el juzgado y los letrados especializados para su defensa o su denuncia, igual que sucede con nuestra sanidad que, cuando ha estado bien dotada, ha sido una de las mejores del mundo. Ya sé que esto es una utopía. ¿Cómo los legisladores, la mayor parte de ellos provenientes del mundo jurídico, van a legislar para limitar sus ingresos?
Cuestión especialmente antidemocrática es la politización de la justicia. ¿Cómo es posible que los casos de corrupción que afectan al PP tarden más de una década en ser resueltos y los del PSOE se resuelvan en meses? ¿Cómo es posible que, cuando se resuelve un caso de corrupción, se condena a los políticos corruptos, pero casi nunca a las empresas corruptoras?
Si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar con el que “suelta la pasta”, que es el origen de todo. Hay un viejo refrán que dice que “vale más un mal acuerdo que un buen pleito”; si fuera jurista, me avergonzaría de que el pueblo tenga, desde siempre, ese concepto tan negativo de la justicia española y que la democracia no haya logrado cambiarlo.
¿Estado de derecho o de derechas?
¿Cómo se puede confiar en una justicia que condena a alguien porque el hecho punible lo ha cometido él o alguien de su entorno? ¿Cómo se puede confiar en una justicia que exige al reo que demuestre su inocencia, en vez de ser ella la que demuestra la culpa?
¿Cómo confiar en una justicia que es incapaz de saber quién es M. Rajoy, pero no se esfuerza en transcribir todos los audios de Villarejo que podrían inculpar el expresidente? Por ello, cabría preguntarse si España hoy es un Estado de derecho o de derechas. ¿De verdad el poder judicial emana y responde ante la soberanía popular? ¿Cómo y cuándo?
Respecto a los medios de comunicación
- El 81,5 por ciento cree que los medios de comunicación se hacen eco de bulos y mentiras.
- El 75,4 cree que están concentrados en pocas manos.
- El 87,9 por ciento opina que favorecen a determinadas opciones políticas e intereses económicos.
- El 57,7 por ciento cree que hoy los periodistas son menos libres e independientes que hace 10 años.
Respecto a los medios de comunicación, opino que sin un periodismo libre, independiente y plural, no es posible la democracia, pero hoy se puede decir: “Quien paga manda”, y los que pagan son los grandes fondos de inversión con su propio dinero y las instituciones públicas que pagan con el dinero de todos para favorecer los intereses de quienes controlan esas mismas instituciones.
¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen y descubran los trapos sucios de quienes controlan el precio de la vivienda, los salarios y las condiciones laborales a través de las patronales? ¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen las corruptelas de los políticos que mantienen esos medios con la publicidad institucional? ¿Cómo vamos a confiar en que la prensa nos informe verazmente y con el mismo tratamiento de las resoluciones judiciales?
Desde agosto del año pasado, en cumplimiento de una normativa europea, debe hacerse pública la estructura y la propiedad de los medios de comunicación, también todo tipo de financiación pública, sea en publicidad institucional o en subvenciones.
A nivel nacional, existe un límite de publicidad institucional, fijado 35 por ciento del presupuesto de cada medio. ¿Se está cumpliendo? ¿Se está controlando su cumplimiento? Mi padre me decía muchas veces que el periódico decía dos verdades cada día: la fecha y el precio; lo demás, todo era cuestionable. ¡Qué razón tenía mi padre!
Los que me conocen saben que soy optimista patológico; por tanto, debo decir que España tendrá la democracia que decidamos los españoles: puede ser esta que tenemos y que está empeorando por momentos o podemos aspirar a una verdadera democracia política, social y económica; para eso, los ciudadanos debemos tener pensamiento crítico y ser exigentes con nuestros representantes públicos, a los que pagamos el sueldo, aunque se lo pongan ellos.
ÁNGEL DÍEZ DE MIGUEL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
