El "veto" de la Diputación de Córdoba a la cesión del salón de actos del Palacio de la Merced para la proyección de un documental sobre la sanidad pública andaluza ha motivado la denuncia pública del PSOE e Izquierda Unida (IU), que acusan al Gobierno provincial del Partido Popular (PP) de practicar “autoritarismo y censura ideológica” contra la Plataforma de Mareas Blancas.
El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la portavoz y diputada provincial de IU en la Corporación Provincial, Irene Ruiz, han denunciado la negativa del presidente de la institución, Salvador Fuentes, a permitir el uso de un espacio público para la proyección de un documental firmado por Pablo Coca que aborda la situación de la sanidad pública andaluza.
Ambos responsables políticos han anunciado que recurrirán la decisión, que han calificado de “arbitraria y sin argumentar”, al entender que “veta un espacio público como es la casa de todos los ayuntamientos” y que, si no se produce una rectificación por parte del Gobierno del PP en la Diputación, “iremos a los tribunales”.
En ese sentido, Esteban Morales ha explicado que tanto el PSOE como IU habían solicitado formalmente el uso de este espacio, recogido en el reglamento de la Diputación, para que el colectivo de las Mareas Blancas pudiera mantener una reunión y proyectar el documental.
Según ha detallado el portavoz socialista, esta cesión ha sido "bloqueada" por el presidente de la Diputación, esgrimiendo unos argumentos “ridículos e injustos que contravienen el propio reglamento y que ponen de manifiesto que se trata de una decisión ideológica para silenciar el debate de las Mareas Blancas”.
Además, el portavoz socialista ha asegurado que no van a dejar de insistir para que Salvador Fuentes reconsidere su posicionamiento con argumentos jurídicos y legales que, a su juicio, destierren “la censura ideológica que el PP practica para impedir la presentación en Córdoba de un documental sobre la actualidad de la sanidad pública”.
En este contexto, Morales ha subrayado que “la casa de los ayuntamientos no puede tener este comportamiento y, menos, decir que esta reunión no tiene interés institucional”, señalando como ejemplo que ese mismo día se había cedido el espacio a un medio de comunicación.
Por su parte, la diputada provincial de IU ha calificado la denegación de este espacio público como “un acto de autoritarismo y censura política, en el que el PP ha demostrado una vez más su 'modus operandi', que es censurar todo aquello que le pueda perturbar en su imagen y relato, además de lo que está haciendo Moreno Bonilla con la sanidad pública”. En su opinión, “en vez de ponerse del lado de los ciudadanos, el PP ejerce un poder autoritario”.
De igual modo, Irene Ruiz ha advertido de que “no podemos normalizar lo que ha pasado bajo una excusa vaga y con una resolución a medida, imprecisa y sin argumentos para rechazar este acto, además de haberla extendido en el tiempo para que no hubiera margen de maniobra”.
Tanto IU como el PSOE han anunciado que recurrirán esta decisión, al margen de que la plataforma sanitaria explore otros cauces para la difusión del documental. En este punto, la diputada de Izquierda Unida ha señalado que “no vamos a consentir aquí ayusadas como pasó en Madrid con las residencias ni 'mazonadas' como en Valencia con la dana”.
Desde la Plataforma de Mareas Blancas, su portavoz, Antonio Baena, ha manifestado su sorpresa por la decisión adoptada por la Diputación, “porque éste es el lugar donde están representados todos los pueblos y nuestro movimiento asambleario está en más de 30 pueblos de la provincia de Córdoba”.
Asimismo, ha criticado el tiempo que la institución provincial ha tardado en trasladar los argumentos, una demora que, según ha explicado, ha impedido que el documental pudiera presentarse mañana en el salón de actos del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
Baena ha recordado que el trabajo audiovisual ha sido elaborado por Pablo Coca, “profesional independiente y con premios”, que ha sido costeado mediante crowdfunding y que ya ha sido presentado en Sevilla, Cádiz y Málaga. En este sentido, ha lamentado que “es la política del PP, la misma que vemos en su incapacidad para votar a favor de subir las pensiones”, para concluir que “no entendemos que se nos niegue una casa como la Diputación que pagamos con nuestros impuestos”.
Por último, la también portavoz de las Mareas Blancas, Rosa Rabadán, ha asegurado que el colectivo seguirá trabajando para encontrar un espacio donde proyectar el documental, “que le da voz y testimonio a la ciudadanía andaluza”, y ha ofrecido a asociaciones vecinales y municipios la posibilidad de acoger la proyección.
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha recordado hoy que la cesión de espacios está sujeta al reglamento interno y ha pedido a los diferentes grupos provinciales que entiendan la importancia de respetar la normativa.
Siles se ha referido en concreto a la resolución desestimatoria de uso del Salón de Actos de la institución que se realizó la pasada semana a una propuesta de los grupos provinciales de PSOE y de IU, aclarando que “en ningún caso se trata de una decisión arbitraria o discrecional”.
Siles ha explicado que la resolución adoptada se fundamenta en un informe jurídico redactado por la propia Diputación, que analiza la solicitud presentada por ambos grupos políticos y que sirve de base al decreto de respuesta emitido.
Según ha detallado la vicepresidenta segunda, dicho informe pone de manifiesto diversos defectos formales y de fondo en la solicitud, en relación con las exigencias establecidas en el régimen interior de la Diputación. Entre ellos, se señala la falta de concreción en aspectos esenciales como las condiciones de seguridad, el horario de utilización del espacio o la justificación de una finalidad institucional, cultural o análoga, requisito imprescindible para que un grupo político pueda disponer de un espacio distinto al que ya tiene asignado para el desarrollo de su labor institucional ordinaria. Asimismo, Marta Siles ha subrayado que la finalidad del acto no figuraba en ningún momento en la solicitud registrada, lo que impide su valoración conforme a la normativa vigente.
El informe jurídico también tiene en cuenta antecedentes relevantes, recordando que en gobiernos anteriores ya se han producido resoluciones desestimatorias cuando se han solicitado por los grupos usos de espacios fuera de los ámbitos establecidos. Igualmente, y durante el actual mandato, se han producido otras situaciones más graves en las que el espacio cedido terminó utilizándose para una finalidad distinta y protagonizada por una entidad diferente a la solicitante, generando problemas de control, seguridad e inseguridad jurídica para la institución.
“Estos precedentes obligan a ser especialmente rigurosos en la aplicación de la normativa, precisamente para garantizar la igualdad de trato, la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos”, ha señalado Siles. Por último, la vicepresidenta segunda ha pedido a los grupos provinciales que “respeten la normativa interna de la Diputación de Córdoba”. “La Diputación actúa con criterios técnicos, jurídicos y objetivos”, ha concluido.
El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la portavoz y diputada provincial de IU en la Corporación Provincial, Irene Ruiz, han denunciado la negativa del presidente de la institución, Salvador Fuentes, a permitir el uso de un espacio público para la proyección de un documental firmado por Pablo Coca que aborda la situación de la sanidad pública andaluza.
Ambos responsables políticos han anunciado que recurrirán la decisión, que han calificado de “arbitraria y sin argumentar”, al entender que “veta un espacio público como es la casa de todos los ayuntamientos” y que, si no se produce una rectificación por parte del Gobierno del PP en la Diputación, “iremos a los tribunales”.
En ese sentido, Esteban Morales ha explicado que tanto el PSOE como IU habían solicitado formalmente el uso de este espacio, recogido en el reglamento de la Diputación, para que el colectivo de las Mareas Blancas pudiera mantener una reunión y proyectar el documental.
Según ha detallado el portavoz socialista, esta cesión ha sido "bloqueada" por el presidente de la Diputación, esgrimiendo unos argumentos “ridículos e injustos que contravienen el propio reglamento y que ponen de manifiesto que se trata de una decisión ideológica para silenciar el debate de las Mareas Blancas”.
Además, el portavoz socialista ha asegurado que no van a dejar de insistir para que Salvador Fuentes reconsidere su posicionamiento con argumentos jurídicos y legales que, a su juicio, destierren “la censura ideológica que el PP practica para impedir la presentación en Córdoba de un documental sobre la actualidad de la sanidad pública”.
En este contexto, Morales ha subrayado que “la casa de los ayuntamientos no puede tener este comportamiento y, menos, decir que esta reunión no tiene interés institucional”, señalando como ejemplo que ese mismo día se había cedido el espacio a un medio de comunicación.
Por su parte, la diputada provincial de IU ha calificado la denegación de este espacio público como “un acto de autoritarismo y censura política, en el que el PP ha demostrado una vez más su 'modus operandi', que es censurar todo aquello que le pueda perturbar en su imagen y relato, además de lo que está haciendo Moreno Bonilla con la sanidad pública”. En su opinión, “en vez de ponerse del lado de los ciudadanos, el PP ejerce un poder autoritario”.
De igual modo, Irene Ruiz ha advertido de que “no podemos normalizar lo que ha pasado bajo una excusa vaga y con una resolución a medida, imprecisa y sin argumentos para rechazar este acto, además de haberla extendido en el tiempo para que no hubiera margen de maniobra”.
Tanto IU como el PSOE han anunciado que recurrirán esta decisión, al margen de que la plataforma sanitaria explore otros cauces para la difusión del documental. En este punto, la diputada de Izquierda Unida ha señalado que “no vamos a consentir aquí ayusadas como pasó en Madrid con las residencias ni 'mazonadas' como en Valencia con la dana”.
Desde la Plataforma de Mareas Blancas, su portavoz, Antonio Baena, ha manifestado su sorpresa por la decisión adoptada por la Diputación, “porque éste es el lugar donde están representados todos los pueblos y nuestro movimiento asambleario está en más de 30 pueblos de la provincia de Córdoba”.
Asimismo, ha criticado el tiempo que la institución provincial ha tardado en trasladar los argumentos, una demora que, según ha explicado, ha impedido que el documental pudiera presentarse mañana en el salón de actos del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
Baena ha recordado que el trabajo audiovisual ha sido elaborado por Pablo Coca, “profesional independiente y con premios”, que ha sido costeado mediante crowdfunding y que ya ha sido presentado en Sevilla, Cádiz y Málaga. En este sentido, ha lamentado que “es la política del PP, la misma que vemos en su incapacidad para votar a favor de subir las pensiones”, para concluir que “no entendemos que se nos niegue una casa como la Diputación que pagamos con nuestros impuestos”.
Por último, la también portavoz de las Mareas Blancas, Rosa Rabadán, ha asegurado que el colectivo seguirá trabajando para encontrar un espacio donde proyectar el documental, “que le da voz y testimonio a la ciudadanía andaluza”, y ha ofrecido a asociaciones vecinales y municipios la posibilidad de acoger la proyección.
La Diputación pide "respeto" a la normativa
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha recordado hoy que la cesión de espacios está sujeta al reglamento interno y ha pedido a los diferentes grupos provinciales que entiendan la importancia de respetar la normativa.
Siles se ha referido en concreto a la resolución desestimatoria de uso del Salón de Actos de la institución que se realizó la pasada semana a una propuesta de los grupos provinciales de PSOE y de IU, aclarando que “en ningún caso se trata de una decisión arbitraria o discrecional”.
Siles ha explicado que la resolución adoptada se fundamenta en un informe jurídico redactado por la propia Diputación, que analiza la solicitud presentada por ambos grupos políticos y que sirve de base al decreto de respuesta emitido.
Según ha detallado la vicepresidenta segunda, dicho informe pone de manifiesto diversos defectos formales y de fondo en la solicitud, en relación con las exigencias establecidas en el régimen interior de la Diputación. Entre ellos, se señala la falta de concreción en aspectos esenciales como las condiciones de seguridad, el horario de utilización del espacio o la justificación de una finalidad institucional, cultural o análoga, requisito imprescindible para que un grupo político pueda disponer de un espacio distinto al que ya tiene asignado para el desarrollo de su labor institucional ordinaria. Asimismo, Marta Siles ha subrayado que la finalidad del acto no figuraba en ningún momento en la solicitud registrada, lo que impide su valoración conforme a la normativa vigente.
El informe jurídico también tiene en cuenta antecedentes relevantes, recordando que en gobiernos anteriores ya se han producido resoluciones desestimatorias cuando se han solicitado por los grupos usos de espacios fuera de los ámbitos establecidos. Igualmente, y durante el actual mandato, se han producido otras situaciones más graves en las que el espacio cedido terminó utilizándose para una finalidad distinta y protagonizada por una entidad diferente a la solicitante, generando problemas de control, seguridad e inseguridad jurídica para la institución.
“Estos precedentes obligan a ser especialmente rigurosos en la aplicación de la normativa, precisamente para garantizar la igualdad de trato, la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos”, ha señalado Siles. Por último, la vicepresidenta segunda ha pedido a los grupos provinciales que “respeten la normativa interna de la Diputación de Córdoba”. “La Diputación actúa con criterios técnicos, jurídicos y objetivos”, ha concluido.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: PSOE-A CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: PSOE-A CÓRDOBA
