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martes, 16 de febrero de 2021

  • 16.2.21
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, la organización que representa a las denominaciones de origen de vino y a la que pertenece Montilla-Moriles, ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su posición sobre las medidas que, a juicio de las denominaciones de origen (DDOO), necesita el sector del vino en 2021. Para CECRV, se necesitan fondos adicionales y una reorientación de dichas medidas, para que impulsen un modelo de sector que apueste por la calidad y por la valorización de los productos.


La asociación que representa a las denominaciones de origen le ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las medidas que las DDOO consideran necesarias para el sector en la coyuntura actual. Para CECRV, 2021 va a ser "un año más duro que 2020 para el mundo del vino, ya que los efectos de la crisis económica generada por la pandemia persisten y la recuperación se vislumbra aún lejana".

A nivel sectorial, los vinos con Denominación de Origen protegida (DOP) están siendo los más perjudicados por la caída de actividad generalizada provocada por la COVID-19 en vectores de crecimiento y de posicionamiento en valor para el vino, caso del canal HORECA y del turismo. Hostelería y turismo son las actividades económicas que permiten, además, un mejor posicionamiento vía calidad y una mayor valorización del producto, las que a juicio de CECRV deben ser las dos grandes apuestas del sector en términos estructurales.

A esto se le añade, según ha apuntado la organización sectorial, que los vinos con denominación de origen son los que han permitido sostener las exportaciones en 2020 y que estas hayan arrojado resultados menos dramáticos de lo previsto al inicio de la crisis.

Sobre estas dos premisas, la identificación de la categoría de vinos más golpeados por los efectos de la pandemia y la necesidad de que las administraciones sienten las bases de un modelo de sector que apueste por la calidad y por el valor del producto, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas ha solicitado al Ministerio una reorientación de las medidas extraordinarias puestas en marcha en 2020.

Asimismo, la CECR ha reclamado más fondos, para que puedan contar con "un presupuesto ambicioso y suficiente", que permita ampliar el alcance y la eficacia de las mismas y evite que las soluciones tengan que ser a costa de medidas, las del Programa de Apoyo al Sector del Vino, que siguen siendo necesarias para los operadores, como las ayudas a la promoción en terceros países o a las inversiones.

Atendiendo a esto, la organización sectorial considera además que las medidas extraordinarias deben atender la diversidad de zonas productivas, que tienen estructuras y características diferentes, así como también diferentes tipos de producto.

En base a ello, CECRV considera que el almacenamiento privado y la vendimia en verde, por este orden, han de ser las medidas prioritarias, circunscribiendo ambas a los vinos con DOP. Además, las denominaciones de origen indican que la medida de destilación de crisis debe reorientarse.

En lo que respecta al almacenamiento privado, la Conferencia defiende que la enorme acumulación de stock en las bodegas, a causa de la caída en las ventas, está elevando los costes de las bodegas y mermando aún más sus ingresos, lo que puede provocar una salida precipitada de producto, que generaría una caída de los precios y afectaría a su vez a la calidad percibida. Sería esta la medida que, a juicio de CECRV, más favorece un modelo de sector que busque la diferenciación y el valor del producto.

En cuanto a la vendimia en verde, la organización destaca que es una medida que va directamente al viticultor, si bien, para aumentar su impacto, debe ser permitida de forma parcial, es decir, favoreciendo la reducción de rendimientos y no obligando a eliminar la totalidad del fruto de la parcela al completo, algo que los productores con parcelas pequeñas no pueden permitirse.

Por último, CECRV considera que la destilación de crisis debe contar con un cupo mayor para los vinos con DOP y con un precio también más elevado en este caso. Además, debería establecerse un reparto de esta ayuda por Comunidades Autónomas, de tal modo que se garantizase que llega a todas las zonas productivas y que esté al alcance también de zonas con DOP en las que la producción de vinos blancos, rosados y tintos jóvenes es relevante, tratándose de vinos menos adecuados para el almacenamiento.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR





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