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miércoles, 30 de julio de 2014

Juan Pablo Durán: "El PP está destrozando la sanidad pública desde que llegó al Gobierno"

El secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, aseguró ayer que el Partido Popular está "destrozando" la sanidad pública desde que llegó al Gobierno y que "ha intentado acabar con el modelo de sistema sanitario universal y gratuito".

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Durán aseguró que "el Gobierno de Rajoy ha impulsado copagos y privatizaciones que ha llevado a la movilización de la ciudadanía con las mareas blancas" aunque Andalucía, aseveró, "ha aguantado los recortes del PP y ha mantenido su apuesta por la sanidad pública".

La Junta de Andalucía está demostrando que "otra forma de hacer política es posible" y que "a pesar del maltrato financiero y la asfixia que nos somete el Gobierno de Rajoy es posible mantener intacto el estado del bienestar", añadió.

El secretario general de los socialistas cordobeses pidió a los dirigentes del PP que "dejen de mentir" sobre la sanidad andaluza y dejen de "intentar desprestigiarla" cuando "está a la cabeza de los modelos sanitarios públicos".

Sobre el modelo sanitario del PP se pronunció el portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, quien explicó que las medidas que el Gobierno quiere plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la sanidad suponen "recortes de derechos".

Martínez Olmos cuantificó que, en la provincia de Córdoba, la medida del ministro Montoro de cobrar un euro por asistencia a consultas o urgencias en el centro de salud suponen 8,4 millones de euros al año e incide, sobre todo, "en los pacientes crónicos que son los que más van al médico".

El cobro de 5 euros por urgencia hospitalaria supondría en la provincia de Córdoba 8,5 millones de euros al año y los tres euros diarios por estancia hospitalaria 7,3 millones al año, mientras que el euro por receta 17,9 millones. Se trata, según el diputado socialista, de unas medidas "claramente antisociales" que la presidenta de la Junta de Andalucía ya ha anunciado que no va a poner en marcha.

Martínez Olmos anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de los ministros Montoro y Mato para que expliquen "por qué si dicen que está empezando la recuperación económica ponen en marcha medidas claramente antisociales".

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

A pie de página

Resulta útil, para conocer algo más el paisaje político del país, repasar los comentarios que escriben los lectores en las ediciones digitales de los periódicos. Especialmente, aquellos que siguen a las noticias que polarizan las opiniones. Se encuentran ahí apuntes insólitos, casi siempre amparados en el anonimato, circunstancia que probablemente determine el predominio del exabrupto y la expresión descuidada.

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Comentarios que, por su tono, ahuyentan otras opiniones más argumentadas, porque la respuesta con criterio se expone al escarnio del siguiente lector-escribidor que vuelca más bilis que cordura y, en tantos casos, más intolerancia que ortografía. Los hooligans de aquí y de allá terminan por hacer una criba natural que expulsa a los lectores con sentimientos de concordia, a las ópticas no aberradas que ven algo más que blanco o negro.

El cariz, la intensidad y el número de las respuestas aumentan cuando la noticia permite alargar la maldita sombra negra de las dos Españas. Lo que el texto no dice, y sólo con mucha imaginación podría intuirse, es tomado como excusa para un azote maniqueo que evoca violencia pasada.

Expresiones libres que alaban a unos y niegan el pan y la sal a otros, según el color político. En el reciente examen sobre Felipe González, a raíz de la entrevista de Millás, el insulto es tributario de los más cuidados mandobles propinados por los prebostes políticos, que son los que marcan objetivos.

Los lectores se enzarzan en una bronca encabronada que tacha de seres abyectos a todo sociata o pepero que, según la onda dominante, piense de modo distinto. Se perciben rasgos tribales que no ocultan la guadaña -tan querida de las dictaduras- que de buena gana segaría las voces contrarias.

Lo que subyace en muchos de estos comentarios es pura intransigencia. La bofetada gratuita que zanja el debate con el insulto y la descalificación, con las no-ideas. La expresión libre se encoge en una expresión pobre y torpe.

Humberto Maturana, que seguramente sería premio Nobel de no haber nacido en Chile -la Universidad de Málaga le ha otorgado un honoris causa-, dice que la democracia es el mejor estado posible para la naturaleza del ser humano: le permite ser libre. Pero cuando la libertad es utilizada para eliminar al contrario, el pacto de civilización es aplastado por el rodillo de la intolerancia.

El sentido último de la democracia, la convivencia, resulta aquí muy dañado. Pero aclaremos las cosas: los comentarios a pie de página no son los nutrientes de la intolerancia. Éstos suelen aparecer entrecomillados en los titulares de las noticias.

BERNARDO DÍAZ NOSTY

martes, 29 de julio de 2014

La Diputación da luz verde al Plan Anual de Fomento y Colaboración con los municipios

El Pleno de la Diputación de Córdoba, correspondiente al mes de agosto, ha aprobado hoy la resolución definitiva del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Córdoba para el presente ejercicio, con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

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Según el portavoz del Gobierno de la institución provincial, Andrés Lorite, “ésta es la herramienta fundamental –que no la única- de financiación a las entidades locales que tiene la institución provincial”, y ha añadido que este programa “se fundamenta en los principios de libertad y autonomía local, dejando que sean los propios ayuntamientos los que decidan en qué quieren invertir los fondos que le transfiere la Diputación”.

Lorite ha informado, asimismo, “que una vez que se firmen los convenios con todos y cada uno de los ayuntamientos y las 6 ELA –en un acto que tendrá lugar esta tarde en la Diputación de Córdoba- la transferencia será inminente, para que las corporaciones locales pueden iniciar sus actuaciones municipales lo antes posible”.

El también delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal ha destacado que “hay también una resolución definitiva del Plan de Empleo, por el que se transferirá al mismo tiempo a los ayuntamientos la cantidad de 3,9 millones, sumando en total entre ambos programas una inversión de 8 millones de euros que estarán disponibles en breves fechas”.

También cuenta con resolución definitiva el nuevo Plan de Inversión Local, con un volumen global de 2,2 millones de euros, “que se destinarán a distintas infraestructuras municipales, siendo la pretensión del gobierno que todas ellas estén culminadas antes de que termine el presente ejercicio presupuestario”,

El pleno ha aprobado también la modificación de la plantilla presupuestaria de la Diputación, “suprimiendo plazas que no están dotadas y creando otras nuevas que vienen a reforzar dos servicios determinantes en el día a día de la institución provincial, fundamentalmente en las fechas que se avecinan”, ha resaltado Lorite.

“Se crearán un total de diez plazas en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, dado el importante y creciente volumen de obra pública que genera y otras dos plazas en el de Intervención, que realiza una labor esencial de fiscalización de la actividad financiera, económica y presupuestaria de la Diputación”.

Por último, los cuatro grupos políticos con representación en la Diputación han presentado una proposición en defensa de los derechos de los trabajadores de la empresa farmacéutica Laboratorios Pérez Giménez, “en la que instamos a las autoridades judiciales y a los administradores concursales a resolver la lamentable situación de la empresa, que se está en concurso de acreedores”.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

Un programa del Instituto Andaluz de la Mujer potencia la competitividad de emprendedoras

Un total de 955 mujeres empresarias han participado durante el primer semestre del año en el proyecto Empresarias +, una iniciativa impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) con el objetivo de impulsar la competitividad de los negocios liderados por mujeres y contribuir a la creación de redes de colaboración para la consolidación del tejido empresarial andaluz.

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Según ha explicado la directora del IAM, Silvia Oñate, el programa desarrolla diversas actividades para entrenar a las empresarias en la adquisición de conocimientos técnicos “con los que alcancen niveles óptimos de competitividad en sus mercados”, al tiempo que fomenta el empoderamiento y la cooperación entre empresarias “para potenciar capacidades colectivas”.

Para ello, Empresarias + ha desarrollado hasta el mes de junio un total de ocho seminarios especializados, en los que se ha ofrecido formación técnica en gestión empresarial y estrategias de negocio, con un total de 116 beneficiarias. El programa ha incluido también 16 encuentros Networking para el intercambio de contactos y la promoción de sinergias entre las propias empresarias, en los que han participado 278 mujeres.

Junto a ello, el proyecto ha incorporado en el primer semestre a 412 empresarias en el portal Empresarias +, un espacio virtual que potencia la generación de redes de negocio y estimula la innovación en el entorno de las nuevas tecnologías. Asimismo, se han desarrollado 16 talleres de coaching, con 149 participantes.

Programa 'Capital Social Empresarial'

Junto a Empresarias +, el Instituto Andaluz de la Mujer desarrolla con la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias el programa Capital Social Empresarial, que tiene como objetivo fomentar la cultura de la igualdad en el empresariado andaluz como estrategia clave para el desarrollo económico y social.

El proyecto, dirigido al empresariado andaluz y a las áreas de Recursos Humanos, ha contabilizado hasta junio un total de 543 participantes, que han asistido a 16 encuentros de debate y han recibido formación on line tutorizada sobre conciliación en la gestión empresarial e implementación de planes de igualdad.

La directora del IAM ha subrayado que ambas iniciativas responde al compromiso de la Junta de Andalucía en materia de empleo y género, “donde la desigualdad se hace muy patente, especialmente en el sector empresarial, ya que sólo 3 de cada 10 personas empresarias son mujeres”.

En este sentido, Oñate ha recordado otras iniciativas del IAM orientadas a fomentar el empresariado y el emprendimiento de las mujeres, especialmente a través de las TIC, como el programa de formación en comercio minorista Comercia Up, el de negocio digital Innovat, la creación de la Red de Cooperación de Emprendedoras, el Servicio de Asesoramiento a Emprendedoras y Empresarias o la formación virtual en igualdad para empresas Igualem, entre otras.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

La EPA de la esperanza

Si la señora del tercero tiene dos hijos que se quedaron en paro y no han encontrado trabajo puede entenderse y se entiende, como a los 5,6 millones de españoles que siguen en esa penosa situación, que la bajada de las cifras del paro a ellos no les diga nada. Ellos tienen razones de peso para no alegrarse.

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Pero lo otro, lo que no tiene medio pase, es la antojera política, la de la bizquera del ojo de no querer ver la realidad por pura ceguera ideológica, la de los comandos de Agitprop que, sin desmayo, escudriñan hasta el último rincón de esta buena EPA por ver de encontrar algo que les permita pontificar en prensa, radio y televisión su cantinela de “estamos mal, muy mal y peor que se va a poner”.

Eso es de delito contra la inteligencia y contra el derecho a la información. Eso es sectarismo puro, duro y castastrófismo con agravante de alevosía, aunque hay que reconocer que han pasado, al menos, de lo apocalíptico a lo cenizo.

Antes nos rescataban todos los días mañana. Pero eso era cuando no hace mucho, dos años, los indicadores eran de salir corriendo. Prima de riesgo: 650. Ahora, 138. Bono a 10 años: 7,5%; ayer, 2,5%. O sea, que algo hemos mejorado. Pero mejor de eso ni hablamos. Eso ya no cuenta.

Pues hablemos del paro. De la prueba del algodón. De unas cifras que aunque en ese mar de parados son, sin paliativos ni excusas, verdaderamente alentadoras. Porque lo son. Porque la economía española ha sido capaz de crear en un trimestre más de 400.000 empleos y cambiar de signo por primera vez en seis años, logrando que el interanual alcance, casi, la cifra de 200.000 empleados más en un año.

Se han creado 4.400 empleos diarios. Y eso sí que es algo. Es mucho más, con un crecimiento aún incipiente del PIB, que permite pronosticar que cuando éste acelere como lo está haciendo, la cifra aumentará aún más. Y algo tendrán que ver con ello las reformas y los esfuerzos.

Pero ni esa creación de empleo neto ni que el paro haya disminuido en 310.000 personas en estos tres últimos meses –y que de entre los 288.000 asalariados por cuenta ajena hayan sido con contratos indefinidos 180.000- a los cenizos tampoco les importa. La cuestión es negar la recuperación como sea. Y los motivos pues son a lo que huelen partidistas, ideológicos, sectarios. Como cuando entonces negaban con empecinamiento la crisis.

No puede ir nada bien porque no son ellos el Gobierno. Pero el resto tenemos derecho a esbozar una sonrisa de esperanza. La tenemos mal que les pese. El paro interanual ha descendido desde el año pasado en 424.500 personas. Y de aquella cifra aterradora de 6.278.200 parados de marzo de 2013 hemos llegado a esta, angustiosa sin duda, pero de 5.622.900. De un 26,94 a un 24,47 por ciento.

No es malo. Y es mejor todavía que el número de gente trabajando haya vuelto a superar la cifra de 17 millones de personas, ahora 17,3 millones. Lejos aún de aquellos 20 millones largos de la época de las vacas gordas pero sin, duda, mejorando.

Pero nada. No valían los datos del paro registrado, que mes tras mes, ha ido cayendo hasta andar ahora por los 4,5 millones. No valía el ascenso en los afiliados a la Seguridad Social, hasta llegar a los 16,8 millones. No valía.

La EPA del primer trimestre, que no había sido mala, que indicaba ya la tendencia y que era la mejor en mucho tiempo en esos meses siempre “malos”, era el instrumento para profetizar el desastre. Y ahora ha llegado ésta, que no se conocía igual porque no la hay con tan buenos datos en creación de empleo en toda la serie histórica –y que en bajada del paro hay que ir hasta el 2005 para encontrarlos mejor-.

Pues nada. Tampoco. A predicar la amargura y a negar la evidencia. Cuando, por supuesto, a nadie en su sano juicio, y con esa inmensidad todavía por delante de 5,6 millones de parados se le ocurre lanzar una sola campana al vuelo.

Pero decir que el dato es bueno, éste y la tendencia, el giro evidente, no es triunfalismo, es verdad y es esperanza. Lo que es fatalismo, tremendismo y saña es querer ver lo peor en lo que es un poco menos malo.

Ver retroceso en la mejora y hacer motivo de amargura política lo que es para esos centenares de miles que han salido del paro un alivio. Solo un alivio, porque en la “letra pequeña” podemos estar de acuerdo que ni es empleo de primera ni para toda la vida, ni los salarios de tirar cohetes.

Pues claro. Y peor tantísimos que no lo encuentran. Pero no vamos a darnos latigazos cuando hay, al menos, una buena noticia. Y esta EPA lo ha sido. Un gran noticia. Excepto para los cenizos.

ANTONIO PÉREZ HENARES

lunes, 28 de julio de 2014

La Junta impulsa más medidas para fomentar el empleo entre la población de más de 30 años

La Junta de Andalucía destinará 10,3 millones de euros en los dos próximos años a un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población de más de 30 años, uno de los colectivos más duramente castigados por la crisis económica.

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Así se recoge en el Programa Emple@30+ aprobado por el Consejo de Gobierno, que seguirá pautas similares a las de los vigentes planes contra el paro juvenil. Entre otras medidas, incluye una nueva línea de incentivos a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la contratación en proyectos sociales.

La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, acompañada del delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, presentó a los alcaldes y alcaldesas de la provincia los contenidos y las líneas principales del Programa Emple@30+.

La nueva iniciativa se regula bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que justifican la exigencia de esta actuación rápida destaca la alta incidencia del paro en este colectivo, el más afectado por la pérdida de empleos desde el inicio de la crisis e integrado fundamentalmente por personas que trabajaban en el sector servicios (más del 50%) y la construcción (15,7%).

Frente a ello, el Programa Emple@30+ incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, dotada en Córdoba con 7,68 millones, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro, dotada con 2,5. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos.

Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.

La primera de las iniciativas incluidas en el decreto ley, denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+, tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local.

Con un presupuesto total de 80 millones de euros para 2014 y 2015, la Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año.

Reparto territorial

Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley distribuye las ayudas entre todos los municipios de la provincia, atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años.

Así, el 50 por ciento se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y el 50 por ciento restante según la población. No obstante, la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio.

Por su parte, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, promoverá la contratación de personas desempleadas, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales; recursos de proximidad y a domicilio; gestión sostenible; economía social y emprendimiento; innovación; comercio de proximidad; comercio exterior; tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente y recursos naturales, y cultura, ocio y deporte. En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.

Los criterios de valoración primarán el número de contratos, su jornada y el tipo de proyecto (con mayor puntuación para los relacionados con servicios sociales y atención a la dependencia), así como la aportación financiera de la organización promotora.

Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración (inscritos como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación. Los ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa aprobada hoy por el Consejo.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

La Junta favorecerá la creación de empleo y empresas en el ámbito de la economía social

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha abierto el plazo para solicitar los incentivos contemplados en la nueva orden de ayudas del Programa de Apoyo a la Promoción y Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que cuenta con siete líneas de apoyo.

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Estas líneas se centran en el fomento del empleo en cooperativas; difusión y promoción; fomento del emprendimiento social; innovación y competitividad empresarial; intercooperación empresarial; formación profesional y asociacionismo.

Para el desarrollo de esta convocatoria y para favorecer la creación de empleo y empresas en el ámbito de la Economía Social, la Junta de Andalucía destina 12,8 millones de euros para el conjunto de la provincia de Córdoba.

El delegado de Economía, José Ignacio Expósito, ha destacado que esta nueva convocatoria de ayudas es un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz por implementar políticas que fortalezcan y consoliden el tejido productivo en Andalucía, “especialmente en el ámbito de la economía social, ya que estas empresas tienen la sostenibilidad como principio básico, coincidiendo con el impulso de la Junta de un nuevo modelo económico más sostenible”.

Para Expósito, “las empresas de economía social y las cooperativas en particular deben convertirse en un referente para la mejora y consolidación del tejido productivo andaluz ante los límites manifestados por éste como consecuencia de la crisis, y de esta forma contribuir a un crecimiento sostenible y socialmente responsable de Andalucía”.

La primera línea, dotada con 962.959 euros, contempla dos medidas: la primera para apoyar la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona desempleada, y la segunda para promover la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fin de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Los contratos a jornada completa se complementan con una ayuda de 5.500 si es hombre y 7.000 euros si es mujer. Estas cifras suben en colectivos de exclusión social con 8.000 euros o discapacitados con 10.000 euros.

La segunda de las líneas, de Difusión y Promoción de la Economía Social, dotada con 745.214 euros, impulsa la realización de actividades dirigidas a difundir y promocionar las fórmulas empresariales bajo las que se organizan las entidades de economía social entre la población en general, y entre los emprendedores en particular, haciendo especial hincapié en los principios y valores que rigen su actuación, así como cualquier otra actuación encaminada a mejorar el conocimiento que se tiene sobre este sector.

Contempla ayudas para todo lo relacionado con la organización de jornadas, congresos, charlas, seminarios, publicaciones, campañas de difusión o páginas Web entre otras muchas cuestiones. La subvención podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos con un límite de 90.000 euros.

La Línea 3, de Fomento del Emprendimiento Social, dotada con 850.000 euros, pretende fomentar el empleo mediante actuaciones de asesoramiento relacionadas con la constitución de empresas de economía social, incluida la transformación de entidades con actividad económica ya existentes en empresas de economía social, la viabilidad económico-financiera de empresas de economía social, el relevo generacional en las empresas de este sector, y la recuperación de empresas con dificultades por sus propios trabajadores.

La Línea 4, de Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social, dotada con 750.000 euros persigue la realización de actividades que supongan una contribución sustantiva en el incremento del nivel de competitividad empresarial y sostenibilidad de las cooperativas y sociedades laborales andaluzas y en la apertura de nuevas posibilidades de negocio.

En ambas líneas se incentiva la contratación de servicios profesionales externos, auditorias, adquisición de sistemas informáticos, alquileres, etc. pudiendo cubrir la ayuda el 100% del gasto hasta un máximo de 150.000 euros.

La quinta línea, Intercooperación Empresarial en la Economía Social, dotada con 300.000 euros, promueve la puesta en marcha de proyectos empresariales de cooperación de cooperativas y sociedades laborales que persigan un incremento en el dimensionamiento de una actividad de interés común que les permita compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y costes y aumentar los ingresos, y en definitiva, mejorar la productividad y eficiencia y fortalecer su posición competitiva.

Entre las acciones que se incentivan se encuentran los gastos notariales, inscripciones registrales, escrituras, licencias, etc. Puede cubrir hasta el 50 por ciento del gasto, con un máximo de 45.000 euros.

La Línea 6, de Formación Profesional en Economía Social, está dotada con 7.483.393 euros y contribuye al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, mediante la ejecución de programas de formación profesional, que mejoren la capacidad profesional de las estructuras productivas y de gestión de las cooperativas y sociedades laborales, y contribuya a la generación de nuevos proyectos empresariales de economía social, todo ello en el marco de un Plan de Formación Profesional para la Economía Social.

La última de las líneas, Asociacionismo, es con la que se colabora en la financiación de los gastos de funcionamiento, organización y gestión de las principales entidades asociativas del sector, con objeto de mejorar el posicionamiento y la representatividad de la economía social andaluza. Está dotada con 1.800.000 euros.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

Una sociedad laica

Ser laico no es ser antirreligioso y menos aún anticristiano, tampoco anticatólico ni ateo o agnóstico. Es más, se puede aspirar a vivir en una sociedad laica y ser creyente. Quienes intentan equiparar el laicismo con cualquier “anti” es que pretenden confundir y engañar para impedir que la propuesta de laicidad, siempre esgrimida de forma razonada, llegue e interese a la gente.

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Jamás el laicismo se postula desde la imposición, el dogmatismo o la fuerza, como han hecho, hacen y seguirán haciendo los que profesan cualquier religión. Cualquier religión, repito, porque todas procuran extender su tutela al conjunto de la sociedad y no se conforman con sermonear a los feligreses que voluntariamente se acogen en su seno.

Una sociedad laica respeta por igual todas las religiones y, evidentemente, también a los que se consideran laicos. Ninguno de esos grupos disfrutaría de privilegios ni recibiría más apoyos que los que se conceden a cualquier colectivo social de variada índole: cultural, deportivo, benéfico, ecológico, etc.

Tratarlos a todos por igual es la única manera de reconocer la libertad que tiene cualquier persona para creer, pensar, opinar y conducirse según las convicciones que estime oportunas, sin que nadie pueda imponer su modo de vida al resto. El único límite a esa libertad es la ley, el cumplimiento con la legalidad vigente.

España se declara “aconfesional” en la Constitución. Es el término escogido para, sin ser un estado laico, seguir conservando los privilegios que disfruta la confesión católica. Ello va en contra de los derechos que asisten a las demás confesiones y, sobre todo, a los que desean que ninguna de ellas tenga consideración estatal, por entender que la religión –todas las religiones, insistimos- buscan inculcar su moral y su modelo social al conjunto de la sociedad, y no se limitan con predicar a sus seguidores desde los púlpitos.

Pretenden influir en el tipo de familia, en los usos y costumbres sociales y hasta en las leyes. La jerarquía eclesiástica de cualquier religión dominante en un Estado, sin ser elegidos por nadie, cuestiona y tutela la labor de los representantes civiles elegidos democráticamente por el pueblo en la regulación de la convivencia común. Tal intromisión religiosa en los asuntos civiles es inaceptable en una sociedad sana, democrática y laica.

Una sociedad laica permite que cada cual se comporte como quiera, que adore al dios que quiera, que practique los ritos que quiera y que regule su vida según los catecismos que quiera, siempre y cuando respete la ley y respete al prójimo, quien también tiene derecho de hacer lo que le apetezca.

La persona laica no se considera en posesión de la Verdad, pero el creyente sí lo cree y percibe como equivocada cualquier discrepancia. Y en vista de la disparidad de opiniones y creencias, lo más sensato y ecuánime, también lo más constitucional, sería dejar que todos piensen lo que quieran, sin que nadie imponga a los demás sus creencias y opiniones. Ni por supuestos imperativos históricos, ni tradicionales, ni por ser mayoría social, ni por nada que contravenga a la razón y la Constitución.

Sería fácil criticar a las religiones. Ya lo hizo hace siglos el filósofo Heráclito de Efeso (540 a.C.) cuando comprendió el mundo en que vivía: “Este mundo, el mismo para todos los seres, ninguno de los hombres ni de los dioses lo creó, sino que fue, es y será siempre fuego, siempre vivo, que se enciende y se apaga con medida”.

Pero no se trata de eso, no se trata de cuestionar a nadie, sino de convivir en igualdad –ateos, laicos y creyentes-, dejando a la religión su ámbito, el que le corresponde: el ámbito personal e íntimo de las personas, no una norma legal de obligado cumplimiento que mediatiza y controla el comportamiento de todos los ciudadanos, sean creyentes o no.

Por ello, apoyo la iniciativa por una sociedad laica que impulsa Andalucía Laica, un movimiento que forma parte del grupo Europa Laica en nuestra Comunidad, donde se articula, a su vez, como grupos territoriales en función del ámbito geográfico de actuación (Sevilla Laica, Córdoba Laica, Jaén Laica, etc.), y comparte su preocupación por erradicar el confesionalismo que impregna a la sociedad española, mediatizando la esfera política, la vida civil, la educación, la sanidad (prohibición del aborto) y hasta la cultura.

Entre sus objetivos figura conseguir la separación “real”, no sólo formal, del Estado y la Iglesia, a fin de evitar que ninguna religión imponga sus creencias, su moral y sus dogmas al conjunto de los ciudadanos.

Ni funerales de Estado presididos por un crucifijo, ni capellanes castrenses en los cuarteles, ni colegios públicos obligados a impartir religión, ni centros católicos subvencionados con fondos públicos, ni juramentos civiles sobre la Biblia, ni exenciones económicas o fiscales a ninguna Iglesia, ni, por supuestos, intromisiones religiosas en las decisiones políticas. Nada de ello puede seguir consintiéndose en una sociedad laica y en un Estado aconfesional.

Entre otras razones, porque el laicismo se entiende como un principio asociado a la democracia y la razón, que persigue la defensa del pluralismo ideológico, la libertad y la igualdad real, jurídica, política y social de todos los ciudadanos para evitar que ningún grupo imponga sus creencias y sus valores sobre el resto.

No se deben aceptar amenazas de excomunión, acusaciones de blasfemia o anatema en asuntos de la esfera pública y civil por parte de ninguna supuesta autoridad religiosa. Tampoco se debe aceptar el adoctrinamiento religioso en la enseñanza pública ni la presencia de símbolos religiosos en actos civiles ni en instituciones públicas. El ámbito religioso debe quedar circunscrito a la esfera íntima y particular de quien profese cualquier creencia.

Una sociedad laica es aquella que se declara ajena de toda influencia religiosa, pero que respeta la libertad de cada cual a guiarse por cualquier convicción y creencia. En ella, tan digno y respetable es un ateo como un cura, permitiendo que cada uno de ellos se conduzca de acuerdo con sus opiniones, sin recibir por ello ningún privilegio por parte del Estado. Es lo más justo.

DANIEL GUERRERO

domingo, 27 de julio de 2014

Descienden los accidentes con víctimas y los accidentes en las carreteras cordobesas

Durante el primer semestre del año 2014 se contabilizaron en las carreteras de Córdoba un total de 547 accidentes, tres menos que en el mismo periodo del año 2013. De éstos, 238 ocasionaron víctimas frente a los 243 del año pasado. Menos accidentes y menos accidentes con víctimas en total, pero un fallecido más, concretamente 11 frente a los 10 del año pasado.

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Tanto en 2013 como en 2014 la mayoría de los accidentes mortales se producen en carretera convencional, habiéndose producido un descenso en autovía y un aumento en carretera convencional en estos últimos meses. Estos datos fueron ofrecidos por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado y el jefe provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

Según Ríos Rosas, los heridos graves ascienden a 38 frente a los 39 de 2013 y los heridos leves a 339 frente a los 331 del mismo periodo del año anterior. Frente a estos datos, aclaró que “es importante tener en cuenta que estas cifras son provisionales y se refieren solo a los accidentes mortales ocurridos en las vías interurbanas y tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente”.

En cuanto a la forma de producirse el accidente con víctimas, se mantiene el patrón habitual de que, en más del 50 por ciento de los casos, se deba a una salida de vías, siendo necesario también destacar la importante reducción de los atropellos en carretera de 10 a 4. Asimismo, la distracción es el factor que está presente en la mayoría de los accidentes siendo su importancia mayor en 2014 que en 2013.

En el caso, de los meses con más siniestralidad, al contrario del año pasado, el mes con más accidentes en 2014 fue febrero con un total de 49, mientras que en 2013 el peor mes fue marzo con 52 accidentes.

Por días de la semana, el martes fue el más peligroso en 2013 y en 2014 el lunes con 41 y 44 víctimas respectivamente. El tramo horario donde se producen más accidentes mortales es el comprendido entre las 20 y 24 horas, frente al año pasado en el que el tramo más mortal fue el comprendido entre las 7 y las 14 horas.

Por último, otros datos destacados a aportar son la antigüedad de los vehículos: tanto en 2013 (62%) como en 2014 (67%) los vehículos implicados en los accidentes de la provincia tenían 8 o más años de antigüedad.

Asimismo, en el año 2014 no ha habido ningún peatón como víctima mortal en relación a los tres que hubo en 2013; no obstante tanto el número de conductores como el número de pasajeros víctimas mortales aumentó respecto a 2013. La edad del 66 por ciento de los conductores fallecidos se situaba entre los 21 y 34 años mientras que la de los pasajeros era de más de 55 para el 80 por ciento de los casos.

Medidas eficaces

El subdelegado del Gobierno aseveró que “son muchas las medidas que han influido en este descenso de los accidentes de tráfico en nuestras carreteras”. Entre ellas destacó “la continua mejora en la red de carreteras y el incremento del número de agentes, el cambio de comportamiento y mejor concienciación de los conductores, el esfuerzo de las agentes de Tráfico de la Guardia Civil, la implicación de las policías locales y la labor de los medios de comunicación”.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

Los consumidores resuelven sus consultas ante 'Consumo Responde' en menos de 24 horas

La plataforma multicanal Consumo Responde, gestionada por la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha recibido durante el primer semestre de 2014 un total de 15.703 consultas a través de su teléfono gratuito de atención a las personas consumidoras 900 21 50 80, del correo electrónico y los comentarios en la página web.

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En este sentido, cabe destacar que el 65 por ciento de las personas usuarias ha utilizado el teléfono para trasladar su consulta y que esto supone un incremento del 18 por ciento con respecto al último semestre de 2013, momento en el que la Secretaría General de Consumo puso en marcha la línea gratuita 900 21 50 80.

Por su parte, el 21 por ciento de las consultas se recibieron vía correo electrónico mientras que el 13,6 por ciento de las interacciones se registraron como comentarios en la página web www.consumoresponde.es.

A través de las tres vías de comunicación que ofrece la plataforma, las personas consumidoras de Andalucía acceden a información y recursos útiles para ser más activas y responsables en la toma de decisiones sobre el consumo de productos y servicios, así como para evitar posibles problemas en su compra o contratación.

Los técnicos de Consumo Responde atienden inmediatamente su consulta y ofrecen una respuesta. Dependiendo de la complejidad de la consulta, si es necesario, la derivarán para estudio a una asociación de personas consumidoras.

En este sentido es destacable la reducción en el tiempo de espera, así pues el 82,7 por ciento de las solicitudes fueron resueltas en menos de 24 horas, el 15 por ciento entre las 24 y 48 horas y sólo el 1,9 por ciento de las consultas se respondieron entre las 48 y 240 horas.

Por materias, el 44 por ciento de las consultas se centran en las Hojas de Quejas y Reclamaciones, mientras que el 17,9 por ciento hace referencia a las telecomunicaciones, el sector con más reclamaciones en lo que llevamos de año.

Otras consultas de las personas usuarias de Consumo Responde se refieren a las garantías de productos o servicios, los suministros de agua y luz, el arbitraje, los servicios financieros, los derechos como personas consumidoras o el comercio electrónico, etc.

En cuanto al género, el 46 por ciento de las consultas recibidas son de hombres y el 36,4 por ciento corresponde a mujeres, cuya participación en los canales de comunicación potenciará Consumo Responde. Asimismo, las personas de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años son las que más utilizan el servicio de consultas de la plataforma multicanal.

REDACCIÓN / MONTEMAYOR DIGITAL