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jueves, 27 de noviembre de 2014

La Estación Enológica de Montilla acogerá un proyecto de la Universidad Pablo de Olavide

Las instalaciones de la Estación Enológica de Montilla acogerán el desarrollo de un proyecto I+D de un grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) que pretende elaborar un vino dulce natural sin aditivos.

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El rector de la UPO, Vicente Guzmán, y la directora gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), Catalina Madueño, han suscrito en la localidad sevillana de Carmona un convenio específico de colaboración para la realización de un proyecto de investigación y desarrollo que desembocará en la elaboración de Olavidium, un vino naturalmente dulce, sin aditivos, que se creará por medio de una levadura autóctona de Andalucía.

Fruto de este convenio, la Agapa cede las instalaciones del Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Montilla para el desarrollo de un proyecto I+D de un grupo de investigación de la UPO que pretende dar a luz un vino natural sin aditivos que se deriva de la investigación científica en la universidad pública andaluza.

El proyecto, liderado por los investigadores Juan Jiménez y Andrés Garzón, del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la UPO, se basa en las propiedades particulares que posee una levadura identificada y caracterizada por estos investigadores entre miles de levaduras aisladas en Andalucía.

"Con esta levadura y partiendo de uva levemente pasificada, se elabora un vino naturalmente dulce con una composición y graduación alcohólica tales que, de forma natural, se logra un vino estable sin necesidad de aditivos", precisaron desde la institución universitaria.

De esta forma, Olavidium "alcanza un perfil organoléptico extraordinario y poco habitual como vino joven". No obstante, dentro del proceso de desarrollo experimental, una parte de su producción se someterá a envejecimiento en botas de 500 litros envinadas con vino de Jerez, ubicadas en el sótano del palacio de Los Briones de Carmona, sede de la UPO, instalaciones que han sido cedidas por esta universidad con el fin de vincular este vino natural a la marca "Olavide".

El proyecto de investigación Olavidium, un vino naturalmente dulce e íntegramente ecológico logró un Premio al Proyecto Empresarial del VI Concurso de Ideas y Proyectos Empresariales Innovadores de la UPO, en la modalidad Biotech, categoría Spin-off, en junio de este año.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

miércoles, 26 de noviembre de 2014

La Junta impulsa la creación de más de 1.339 empresas y 1.830 empleos hasta septiembre

Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía Emprende en la provincia han impulsado hasta el mes de septiembre la creación de 1.339 empresas y 91 planes de desarrollo, que han generado un total de 1.830 nuevos puestos de trabajo en Córdoba, de los que 1.643 proceden de las empresas creadas y 187 de los planes de desarrollo.

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Para el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, estos datos reflejan la importante apuesta de la Junta de Andalucía por el autoempleo y el emprendimiento, a través de los 25 CADEs ubicados en la provincia, “que tienen como principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial mediante la prestación de servicios de apoyo para emprendedores y empresarios que les ayuden en la puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio”.

El responsable territorial ha explicado que los más de 100 técnicos especialistas en creación y desarrollo de empresas, prestan además otros servicios de asistencia, como “asesoramiento técnico cualificado, formación, tutorización, alojamiento empresarial y acompañamiento a emprendedores y empresarios para la creación de nuevos negocios y el desarrollo de los existentes”.

Las 1.339 empresas creadas, que tienen una inversión inicial estimada cercana a los 16 millones de euros, han sido promovidas por 1.543 personas emprendedoras, en su mayoría jóvenes (69% menores de 40 años), destacando una elevada presencia de mujeres (40% promotoras).

Con relación a la forma jurídica de estas nuevas empresas, destacan los empresarios individuales, que representan un 87% del total, con 1.166 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 101 proyectos (7,5%) y la economía social, con 11, perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas (sociedades civiles, comunidades de bienes...).

Respecto a los sectores de actividad, destaca el de servicios, que representa el 83% del total, con 1.108 empresas. Le sigue el sector de la construcción, con 93 empresas (7% del total); industria, con 73 empresas (5%); el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con 38 empresas (3%); y el sector primario, con 27 (2%).

Expósito ha destacado que en los primeros nueve meses de este año se han creado un 36% más de empresas en el ámbito de las nuevas tecnologías que en todo el 2013, “esto refleja la importancia que este sector tiene ya en la economía de la provincia”.

En materia de empleo, de los 1.643 empleos generados por las nuevas empresas creadas, el 91,7% ha sido por cuenta propia y el 8,2% por cuenta ajena. Cabe destacar la elevada presencia de mujeres en la ocupación de estos nuevos puestos de trabajo, alcanzando el 40% del total.

Además, durante este período del año el personal técnico de Andalucía Emprende ha realizado 2.060 atenciones a usuarios, ha tutorizado 296 proyectos empresariales, ha realizado 552 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora en las que han participado 12.717 personas y ha impartido formación en gestión empresarial a 2.154 personas emprendedoras a través de 214 cursos.

Entre otros, los contenidos formativos impartidos han sido formas jurídicas, control y gestión de presupuestos, fuentes de financiación, fiscalidad y e-administración, marketing y ventas y redes sociales.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Junta se suma con una concentración al Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Isabel Ambrosio, presidió ayer la concentración realizada a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz, en la calle San Felipe de la capital cordobesa, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.

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Ambrosio señaló que es fundamental concienciar sobre este problema y mantener la unidad en torno al mismo entre las instituciones y la ciudadanía en su conjunto para combatir este “régimen de terror” que representa la violencia de género.

La delegada defendió que es necesario alertar de situaciones de violencia que se siguen produciendo por parte de muchas mujeres y ofrecer soluciones. Asimismo puso de manifiesto el esfuerzo de la Junta a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para, en primer lugar ,proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas y señalar a los culpables maltratadores que son los responsables del daño causado a las mujeres y su familia.

Ambrosio destacó que esta semana hay programadas una serie de actividades por parte del IAM con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. La delegada se refirió a este organismo del Gobierno andaluz como "pionero en España y que realiza un trabajo intachable para visibilizar esta problemática y aportar soluciones".

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

El Guaperas

“Pon un guaperas en tu vida”. No, no se trata del lema de ninguna organización femenina, ni tampoco la máxima aspiración que mujer alguna pueda tener en su vida. Considero al sexo femenino mucho más inteligente como para depositar todas sus esperanzas de futuro en la belleza física de alguien, sin tener en cuenta las capacidades intelectuales, aparte de sentimentales, de su pareja.

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Sin embargo, en política parece que no es así. Partidos como el PSOE o IU –y nada me extrañaría que el PP se sumase al carro– han optado por hacer propio el lema y poner un “guaperas” al frente de sus organizaciones, una vez que van descubriendo que con sus programas, su intelectualidad, su forma de estar y dirigir la nación, pierden apoyos y hasta la razón de ser.

Y esto es lo que le pasa a Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas españoles, que se cree que sigue en las tertulias de Intereconomía TV o 13 TV, en las que daba muy bien en pantalla, pero en las que las opiniones que se vertían eran gratuitas –por mucho que cobrase por su participación en aquellas, como todo contertulio– y alejadas de la realidad de las tareas de Estado, encontrándose en el momento actual en la propia esencia de dicho Estado, como máximo representante del principal partido de la oposición, manteniendo un discurso tertuliano, genérico, hueco de contenido, escasamente comprometido y en la búsqueda permanente del aplauso de los propios, a los que todavía tiene que convencer.

La situación de España exige, más que un físico agraciado, hombres de Estado que, con visión de futuro, afronten la situación crítica que vivimos, aportando soluciones concretas. Vamos mojándose, en román paladino y no apuntando al paraíso sin explicar cómo se puede acceder a él.

Y Sánchez viene dedicándose a eso, a la innoble tarea –que otros también practican– de intentar destruir al adversario, colaborando con ello a la destrucción del país, sin tender la fortaleza de la mano propia –puede que por propia debilidad– para salir todos juntos de este atolladero.

Y en el contencioso de Cataluña es donde Pedro Sánchez está dando más muestras de su pobreza de espíritu, de representar una fachada muy vacía de contenido, de ser un buen tertuliano que da en pantalla pero no un hombre de Estado.

No vale, como él apela continuamente, llamar al diálogo sin aportar los términos en los que debe establecerse dicho diálogo, cuando contamos con un marco constitucional que define muy claramente la composición del Estado, que unos quieren dinamitar y desde el Gobierno se defiende.

¿Qué tipo de diálogo? ¿El de la independencia, como defienden los nacionalistas, o el de la unidad, aunque fuese en el seno del federalismo que defienden los socialistas? No se puede ser cínico y defender la unidad de España mientras se exige del Gobierno un diálogo que es imposible con quienes no admiten otra premisa que la independencia de Cataluña.

Y ante los independentistas no se puede estar defendiendo la Constitución y a la vez atacar al Ejecutivo por intentar perseguir su incumplimiento, sólo porque electoralmente no le convenga al PSC, o bien, si el Gobierno hiciera dejación de sus funciones, atacarlo entonces por mostrar su debilidad.

Y si de la situación económica, la corrupción, la política exterior o la Unión Europea hablamos, qué les voy a decir. Ya conocen el episodio del rechazo al nombramiento de Arias Cañete como comisario europeo, los ataques continuos a las reformas económicas emprendidas para solucionar las maltrechas cuentas del Estado dejadas por Rodríguez Zapatero o la viga en el ojo propio que no quiere reconocer en materia de corrupción, que demuestran que ir de “guaperas” da muy bien en televisión pero no sirve para nada a la hora de hacer Política con mayúsculas.

ENRIQUE BELLIDO

martes, 25 de noviembre de 2014

Andalucía recibirá 19,3 millones de euros para programas de Desarrollo Rural cofinanciados

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, asistio ayer en Madrid a la conferencia sectorial extraordinaria de Agricultura y Desarrollo Rural donde se abordó la territorialización de los fondos de los programas de desarrollo rural 2007-2013. Víboras explicó que Andalucía recibirá 19,3 millones de euros de estos fondos, de un total de 66,3 millones.

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La titular andaluza indicó que la propuesta “incluye las necesidades de financiación previstas por Andalucía para el cierre del ejercicio 2014”. Por ello, destacó la consejera, “estamos conformes con la propuesta de asignación”, ya que se cubren las necesidades para este año.

Estos fondos corresponden a la parte cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dentro del marco 2007-2013 y se dedicarán a aspectos como “ayudas a la modernización de explotaciones, a los jóvenes o a las almazaras, entre otras”, recordó Víboras.

En total, se ha aprobado en la conferencia sectorial un importe total de 66,3 millones de euros para los planes de desarrollo rural cofinanciados por la Unión Europea (UE).

En el encuentro mantenido, tras analizar las aportaciones financieras realizadas en el presente ejercicio y las previsiones remitidas por las comunidades autónomas, se comunicó la distribución territorial del importe pendiente de transferir a cada región para los programas de desarrollo rural.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

CCOO exige propuestas que atajen de raíz los problemas de los trabajadores del campo

El Sindicato Provincial Agroalimentario de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba exige a los gobiernos central y autonómico "propuestas que atajen de raíz los problemas de los trabajadores y trabajadoras del campo" y los invita a que "se dejen de improvisar medidas coyunturales, no exentas de electoralismo, para afrontar las continuas pérdidas de empleo en el sector primario".

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El secretario general de este sindicato provincial, Rafael Estévez, ha señalado que “hay que arbitrar mecanismos estables para atajar una situación que es cíclica y que se repite cada cierto tiempo” porque “todos los años nos encontramos con incidencias en la producción agraria que afectan directamente al empleo de los asalariados y asalariadas agrícolas”.

Este año, además de la climatología que ha mermado las cosechas de aceituna y cítricos, se ha sufrido la crisis del Ecoli y el veto ruso a los productos agrarios españoles. A estas circunstancias hay que añadir un hecho más grave a juicio de CCOO: el alto nivel de economía sumergida en el sector, que en algunas provincias supera el 50 por ciento del empleo, con las consecuentes consecuencias negativas para los trabajadores en materia de protección y prestaciones por desempleo, amén del fraude a la Seguridad Social.

En este sentido, CCOO propone "medidas coercitivas concretas contra quienes explotan a los trabajadores agrarios con salarios muy inferiores a los que establecen los convenios colectivos y ocultan altas a la Seguridad Social e incluso deducen del salario de sus empleados las cuotas patronales".

“No podemos estar atacando con medidas excepcionales problemas que se repiten todas las campañas por su carácter estructural”, insiste Estévez, quien critica que se utilicen los problemas del campo en la batalla electoral que sostienen los partidos en el medio rural.

“Es una frivolidad política tener a los trabajadores y trabajadoras pendientes de las coyunturas electorales para encontrar medios de subsistencia”, apostilla el representante sindical de CCOO.

Ante esta situación, el sindicato exige que se estudien y se pongan en marcha las medidas oportunas que regulen mecanismos de intervención estables que den alternativas a las pérdidas de empleo de los trabajadores asalariados agrarios y que se establezcan medidas para regular un modelo de relaciones laborales equivalente al resto de sectores productivos de la sociedad y que de cobertura a todas las incidencias posibles de la producción.

Mientras tanto, y para paliar la actual situación en el campo, CCOO reclama incrementar con carácter excepcional los fondos del Plan de Fomento Agrario y Zonas Rurales Deprimidas para 2015 y la implicación de las comunidades autónomas en su cofinanciación, así como modificar los criterios de selección de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a participar en los diversos planes de Fomento de Empleo Agrario (Profea) para primar a los colectivos que necesiten las jornadas y que les sean compatibles para acceder al Subsidio Agrario y Renta Agraria y reducir el número de jornadas necesarias para acceder a las prestaciones del Subsidio y Renta agrarios.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL

Solo ante el peligro

La afición de Eduardo Torres-Dulce por el cine del Oeste es de sobra conocida y algunos le tenemos como el mejor de los críticos y ensayistas. Su libro Jinetes en el cielo resulta imprescindible en la materia. Por ello, en estos días que vive es posible que le hayan traído a la memoria aquella mítica película de Zinnemann, Solo ante el peligro, protagonizada por Gary Cooper.

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No me consta que sea de las que tiene en la mayor de las estimas pero no somos pocos quienes, muy a su pesar, le hemos visto en cierta forma en el pellejo de aquel sheriff al que todos le dicen lo que tiene que hacer mientras le van dejando solo, al tiempo que él entiende que su único camino, por mucho que no sea conveniente, es el de cumplir con la ley.

Eduardo Torres-Dulce ha sido, hasta el momento, el fiscal general con más apoyo dentro de la “carrera” y el que ha dado más sobradas prueba de criterio propio e independiente de todos cuantos le han precedido.

Lógicamente, ello le ha supuesto pasar por algunas situaciones nada agradables y que no contentaban ni a los unos ni a los otros. También se sabe que su intención manifiesta era estar justo una legislatura y ni un día más en el cargo.

Y en la actual encrucijada, quizás la más endiablada de estos años, ha aplicado, contra viento y marea, injerencias y presuntas conveniencias políticas lo que le parecía que debía que hacer siguiendo un estricto criterio jurídico.

Simplemente cree, como las gentes del común y con un mínimo de ese sentido, que Artur Mas y sus adláteres se pasaron la ley y a los tribunales por la entrepierna. Y que deben de responder ante la justicia por ello.

Ante eso se ha encontrado con casi todo. Primero, los propios afectados; luego, los socialistas, que le dicen que sí, que lo de la ley muy bien, pero que mire para otro lado , que no es “conveniente”, que se vaya a pescar y un ratito del pueblo.

Por el otro lado le salen discípulos adelantados que se van de la boca y pretenden sustituirle en la redacción del pliego de cargos, caso de Alicia Sánchez Camacho. Y, de postre, los “ayudantes” se le escamotean en el preciso momento.

Encabezados por la señora Teresa Compte, de siempre trufada políticamente –nombrada por Conde-Pumpido, siempre estuvo a favor del inconstitucional presunto derecho a decidir de Cataluña– la mayoría de los fiscales catalanes se han colocado en la posición de echar la culpa a todos: al Constitucional por no precisar y a Zapatero, que eso también, por haber derogado la convocatoria ilegal de referendum como constitutiva de delitos y de salirse ellos por peteneras.

Que mejor no presentar la querella porque, además, lo más probable es que el TSJC se la vaya a tumbar porque los jueces, a su vez, están muy tocados de nacionalismo. Como ellos, vamos. La presión ambiental que se dice. Pero no ha tenido Torres-Dulce tampoco apoyo de quien podía esperarlo un poco más al menos. Por ejemplo, del ministro de Justicia.

Al final, Torres-Dulce ha decidido jugársela. Cierto que, a la hora de la verdad, no le han fallado sus compañeros. De 24 fiscales de la Junta solo uno se manifestó en contra de presentar la querella y aún él acabó por unirse a la abrumadora mayoria al final.

Pero nunca debió llegarse a ese momento. La querella con esta disputa interna llega debilitada al tribunal. De eso no cabe duda. También ha sufrido un enorme desgaste el propio fiscal general del Estado.

Por eso, uno se pregunta si su historia no acabará como la película. Que cumplido su deber les estampe la estrella en los pies y se vaya a seguir escribiendo de cine. Que de política, Eduardo Torres-Dulce ya ha tenido bastante.

ANTONIO PÉREZ HENARES

lunes, 24 de noviembre de 2014

Sancionan con 5,82 millones al Banco Popular por incumplir la función social de sus viviendas

La Consejería de Fomento y Vivienda ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía. Ambas entidades han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes.

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Esta obligación fue establecida por el artículo 20.m de la Ley de Vivienda Protegida, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es 97; en el caso del Sabadell, dos. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.

En total, se trata de 99 VPO que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

“Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos”, ha afirmado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda. “La protección y garantía del derecho a la vivienda es nuestra principal prioridad”, ha afirmado Cortés.

La resolución firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra así con dos sanciones de un total de 5,94 millones de euros sendos expedientes abiertos por la Consejería el pasado mes de febrero.

El departamento que dirige Elena Cortés mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras seis entidades financieras, por un total 5,1millones de euros: BBVA (1,62 millones de euros por 27 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), Building Center (1,56 millones de euros por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por once viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos viviendas). Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.

Sareb

El departamento que dirige Elena Cortés ya ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas. Y mantiene abierto otro procedimiento contra la Sareb por 11,7 millones de euros por incumplimiento del artículo 20m, al supuestamente no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento renueva su colaboración con la Diputación para recoger documentos

El Ayuntamiento de Montemayor ha renovado recientemente su colaboración con la Diputación de Córdoba para continuar prestando el servicio de recogida de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas por los ciudadanos a la institución provincial.

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Con la firma de esta prórroga, el Consistorio montemayorense se compromete, por tanto, a recoger en su registro general aquella documentación que se presente para la Diputación de Córdoba. Tras la firma en el mes de abril de los primeros ayuntamientos, en esta segunda ronda lo han hecho 26 corporaciones locales más.

El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, ha subrayado que “la utilización de este servicio ha sido positiva porque ha evitado desplazamientos y ahorrado costes; de hecho, hemos recibido una media de 200 documentos mensuales en la institución gracias a la aplicación de estos convenios”.

 Fuentes ha aprovechado la ocasión para agradecer a los ayuntamientos la prestación de este servicio, “que facilita a los ciudadanos las relaciones con las administraciones”. Los ayuntamientos firmantes han sido Almedinilla, Belmez, Cabra, El Carpio, Doña Mencía, Encinarejo, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Luque, Montemayor, Moriles, La Guijarrosa, Guadalcázar, Palenciana, Pozoblanco, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Villa del Río, Villafranca, Villaharta, Villaralto, Villaviciosa, La Victoria, El Viso, Espiel y Villanueva del Duque.

REDACCIÓN / MONTEMAYOR DIGITAL

20 veces inmoral y 14 millones injusto

Si veinte personas o titulares de patrimonio poseen una fortuna equivalente a la que pueden reunir 14 millones de personas en su conjunto, es que el sistema es veinte veces inmoral y catorce millones de veces injusto. No puede funcionar con normalidad un sistema que permite que unos pocos acaparen tanta riqueza y que muchos no tengan siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Algo falla y falla estrepitosamente.

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Falla el sistema y fallan estrepitosamente los mecanismos legales, políticos y morales que lo permiten, consienten, mantienen y posibilitan. No se está construyendo con ese sistema una sociedad cimentada en la justicia, la equidad y la igualdad necesarios para ofrecer a sus miembros condiciones dignas de desarrollo, progreso y bienestar.

Antes al contrario, lo que se erige sobre esa base es una sociedad basada en desigualdades, injusticias sociales y en la rapiña de los poderosos, todo ello a costa de explotar a los más débiles, someter a los desfavorecidos y empobrecer permanentemente a los que poco o nada tienen. Tal situación es la que reflejan los datos facilitados en su último informe por la ONG Oxfam Intermón sobre la brecha entre ricos y pobres en España.

No se puede aceptar una sociedad así de inmoral e injusta como si fuese una catástrofe natural e inevitable. No es el azar lo que la produce, sino las intenciones e intereses de su clase dirigente o dominante. Y no tiene justificación.

Únicamente la justifican y preservan los depredadores sociales que la explotan y se lucran con las injusticias: ese 1 % de ricos que posee tanto o más que el 70 % del resto de los españoles, o esas 3 personas que atesoran una riqueza que duplica a la del 20 % más pobre de la población.

Desde cualquier punto de vista, se trata de una situación humillantemente lacerante máxime si, para colmo, las desigualdades y las injusticias se producen en un país que tiene a más de 5 millones de sus ciudadanos sin trabajo, con pocas o ninguna posibilidad de encontrar empleo como no sea precario y mal pagado, y con un Gobierno que reduce las prestaciones por desempleo y acorta su duración con tal de beneficiar al sistema, a los empresarios y a los pudientes bajo la excusa de una crisis económica provocada, precisamente, por la avaricia de esos mismos sectores y clases dominantes.

Este sistema social y económico que, cuando más lo necesitan abandona a su suerte a los que peor lo pasan, es un sistema caduco y, por ende, rechazable. Cuando las soluciones que ofrece se limitan a reducir o eliminar ayudas y servicios públicos, cuando empuja al desamparo a millones de personas a causa de los recortes aplicados en sanidad y educación, precisamente las dos palancas que contrarrestan el peso de las injusticias y las desigualdades, es que es un sistema más injusto y más inmoral de lo que las cifras dan a conocer. Es un sistema podrido.

Pero en vez de combatirlo, lo apalancamos y lo consolidamos como si fuera insustituible. En vez de luchar contra las desigualdades que provoca, las fomentamos y las agrandamos. En vez de exigir a los que más tienen, empobrecemos a los que ya son pobres o apenas tienen.

En vez de invertir para corregir los desequilibrios que refleja la brecha entre ricos y pobres, se fomenta gracias al socorro a los bancos, las autopistas, las compañías eléctricas y las finanzas. Se ayuda a la minoría acaudalada eliminando socorros públicos con la reducción del gasto en sanidad, educación, dependencia y pensiones, en perjuicio de una mayoría que no puede costeárselos.

En vez de fomentar el trabajo, se permite a las empresas despedir sin justificación y sin apenas costo, abaratar la mano de obra y reducir salarios, precarizar el poco trabajo y empeorar las condiciones laborales, perjudicar en cualquier caso al trabajador para conseguir que aumente la cuenta de resultados y alimentar el insaciable lucro del capital, aunque la caída del consumo que se deriva del empobrecimiento de los asalariados sea, a la postre, perjudicial para la actividad productiva y económica.

Cuando el sistema sólo sirve a los pudientes y poderosos, no es de extrañar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más numerosos y más pobres, pudriendo una sociedad que se transforma en injusta, crea desigualdades y sus miembros sucumben a la desconfianza en las instituciones y en los medios que contribuirían vencer sus lacras.

Justo eso es lo que reflejan estas cifras de Oxfam Intermón de la situación en España. Reflejan el descontento de la población con un sistema que no ha sabido dar respuesta a sus demandas ni ha podido satisfacer sus ansias de progreso y bienestar con equidad y justicia. Reflejan un sistema fallido que posibilita el surgimiento de los populismos y los pescadores de ríos revueltos.

Gracias a seis años de crisis provocada por los especuladores financieros y afrontada exclusivamente con la austeridad en el gasto público y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, España ha conseguido convertirse en el segundo país más desigual de la Unión Europea.

Esas medidas restrictivas en el gasto, lejos de solucionar el problema, han traído consigo el incremento del número de desempleados hasta cotas inasumibles, han deteriorado las condiciones laborales hasta cotas vergonzosas, han recortado salarios y derechos de los trabajadores hasta niveles tercermundistas y han, en su conjunto, empobrecido a la población como nunca antes en la historia moderna de España, salvo el período inmediatamente posterior a la Guerra Civil.

Y ello no ha sido involuntario ni indeseado, sino todo lo contrario. Todas las políticas implementadas para afrontar la crisis se han decidido con la intención de favorecer a la élite del capital en detrimento de las masas proletarias. Son fruto de un modelo de sociedad que descansa en las injusticias y las desigualdades, es decir, en la iniciativa privada y el mercado como motores de la actividad económica.

Si de ello se deriva la ampliación de la brecha que separa ricos de pobres, no debería sorprendernos. Se trata de una lógica y esperada consecuencia. Lo tenemos tan asumido que cuando un representante de esa élite privilegiada fallece en sus mansiones, el pueblo se presta a mostrar entristecido su lealtad a un miembro del sistema que se sustenta en la explotación de unas clases por otra.

Pero no suelta ni una lágrima por su propia condición de pueblo sometido y esquilmado. Así nos va. Desgraciadamente, Oxfam podrá seguir detectando nuestro empobrecimiento durante muchos años.

DANIEL GUERRERO