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lunes, 25 de julio de 2016

  • 25.7.16
El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, fue el encargado de presentar el balance de inspecciones y actuaciones de control llevados a cabo por la Brigada de Investigación de Venenos en la provincia de Córdoba desde que fue creada en marzo de 2014.



La Brigada de Investigación de Venenos (BIVE), dependiente de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está integrada por una decena de agentes de Medio Ambiente distribuidos por toda la provincia de Córdoba, especializados en la lucha contra el veneno en el medio natural. Además, la Brigada también cuenta con una Unidad Canina Especializada en la detección de tóxicos en cebos y cadáveres de animales integrada por cuatro perros.

Según informó el delegado, las actuaciones de la Brigada se realizan a través de un protocolo de actuación concreto, y pueden ser de carácter preventivo que consiste en inspecciones programadas, sujetas a un calendario establecido, que tendrían por objeto la localización de posibles cebos o cadáveres de animales envenenados. Estas actuaciones estarían especialmente orientadas a zonas de riesgo y, por lo general, se realizan con el apoyo de la Unidad Canina Especializada.

Por lo que respecta a las actuaciones de carácter urgente, que se producen en casos de alerta por aparición de cebos o cadáveres de animales presuntamente envenenados, se realiza una ejecución de inspecciones orientadas a la intervención en casos de alerta. De confirmarse la presencia de posibles cebos envenenados intervendría como apoyo la Unidad Canina Especializada.

En ambos casos, los Agentes junto con la Unidad Canina Especializada, son convocados en algún lugar visible del pueblo en cuyo Término Municipal se vaya a realizar la inspección, con el objetivo claramente disuasorio de que se conozca que se realizan estas inspecciones. A continuación, se dirigen a la finca que se vaya a inspeccionar, avisando al titular en el mismo momento de proceder a la inspección. En estas inspecciones se suele recorrer gran parte de la finca acompañados por los perros y se inspeccionan naves y vehículos en busca de sustancias de uso prohibido.

Entre las funciones en la erradicación del uso de venenos, el delegado destaca que los Agentes de Medio Ambiente realizan inspecciones en coordinación con el Seprona e investigación policial, levantan muestras biológicas y de indicios de delito, elaboran informes técnicos, complementarios y diligencias para su incorporación en los expedientes administrativos y atestados. Además, inspeccionan el Libro Oficial de Movimientos de productos tóxicos en los establecimientos autorizados y realizan inspecciones de control de los diferentes medios prohibidos de caza en el medio natural.

El delegado subrayó que siendo un delito el uso del veneno, los Agentes de Medio Ambiente poseen la condición de Policía Judicial Genérica, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto sus inspecciones técnico-oculares, recogida de muestras, entre otras, tienen validez en un proceso judicial.

Especies amenazadas por el uso del veneno

El elenco de especies afectadas por el uso del veneno es muy amplio ya que al tratarse de un método nada selectivo, afecta a cualquier especie que ingiera el cebo. Especialmente sensibles son las especies necrófagas, como el buitre negro o el alimoche, tanto por la ingestión directa de los cebos como por la de los cadáveres de otros animales envenenados, ya que el carácter residual de estas sustancias hace que siga activo en los organismos sobre los que incide.

Para Algar, “el uso del veneno supone no sólo una grave amenaza para las especies silvestres y sus ecosistemas, sino también puede suponer un alto riesgo para la salud pública, ya que hay que considerar la cercanía de núcleos de población a los lugares donde en ocasiones han sido hallados cebos envenenados”.

Todos los cebos y cadáveres de animales presuntamente envenenados son remitidos al Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) de Málaga, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que ha convertido la lucha contra el veneno en una de sus prioridades.

En base a los resultados de las muestras analizadas por el CAD, se determina que la principal sustancia en los casos de envenenamiento es el Aldicarb seguido del Carbofurano, ambos compuestos han sido retirados del mercado, señaló el delegado.

“El uso y la tenencia de estas sustancias pueden ser constitutivos de delito, por lo que es importante informar a la ciudadanía que posea todavía algunos de estos productos u otros cuyo uso ya no esté permitido, para que se dirija a las autoridades correspondientes y así poder realizar su oportuna entrega”, afirmó Algar.

El responsable de Medio Ambiente animó a la ciudadanía a poner en conocimiento a los Agentes de Medio Ambiente cualquier indicio de uso de venenos y resaltó la labor fundamental de concienciación a la ciudadanía que realizan los agentes sobre las actuaciones en el medio natural.

El total de inspecciones realizadas por la Brigada desde su creación en 2014 ascienden a 91, 42 de ellas preventivas y 49 urgentes. En lo que va de 2016, se han realizado 25 inspecciones, de las que 13 han sido preventivas y 12 urgentes.

Durante los años 2014 y 2015 y según los datos obtenidos en este periodo, se constata que de 66 inspecciones realizadas, en 17 casos se determinó la presencia de cebos o cadáveres de animales envenenados de un total de 37 localizados. Es decir, un 25,75 por ciento de las inspecciones de la BIVE dieron como resultado la localización de cebos o cadáveres de animales envenenados.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

domingo, 24 de julio de 2016

  • 24.7.16
La Diputación de Córdoba aprobará en el próximo Pleno, que se celebrará este miércoles, una partida presupuestaria de 400.000 euros que será destinada a la adquisición de cuatro vehículos ligeros, que serán adscritos al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la institución provincial.



Así lo destacó su vicepresidenta, Dolores Amo, quien además destacó que “estos vehículos se sumarán a los dieciocho que serán adquiridos por parte del Consorcio cuyo contrato se encuentra en proceso de adjudicación, tras ser aprobado en su última Junta General, el pasado 17 de mayo”.

Amo lamentó “la situación en la que se encontraba el Consorcio hace poco más de un año, unas condiciones bastante deficitarias tanto en cuestión de medios como de las instalaciones de los parques, motivo por el que se han previsto unas inversiones que alcanzan los siete millones de euros”.

“Una situación realmente preocupante teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años, el anterior gobierno dejó sin ejecutar más seis millones, según se desprende de la liquidaciones de los listados de ejecución del presupuesto”, apostilló la diputada.

Del mismo modo y ante este situación, Dolores Amo aseguró que “el compromiso y la voluntad tanto del equipo de Gobierno de la institución provincial como del Consorcio es la de dotar de todos los medios necesarios a este organismo, no sólo con recursos propios si no también con recursos de la corporación provincial”.

En este sentido, la delegada explicó que la Diputación de Córdoba “ha hecho frente al pago de la deuda pendiente que esta entidad tenía contraída con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo ésta una de las primeras medidas que se acometieron, por lo que una vez más se evidencia el máximo compromiso y voluntad que la institución provincial tiene y que se ve reforzada además con la adquisición de estos cuatro vehículos”.

Por otra parte, la también delegada de Empleo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba argumentó, ante los hechos acontecidos recientemente, que “el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios cuenta con los servicios de una empresa especializada que se encarga de llevar a cabo las labores de desinsectación y desratificación; empresa que desarrolla seis tratamientos preventivos a lo largo del año, siendo el último efectuado la pasada semana; esta compañía atiende las necesidades del servicio en menos de veinticuatro horas tras la petición de la misma por parte de los jefes de turnos”.

Dolores Amo finalizó su intervención asegurando de forma contundente y rotunda que “el Consorcio está trabajando por poner a disposición de todos los trabajadores los recursos y medios necesarios para que puedan desarrollar su trabajo diario en las condiciones más favorables, lo que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía de la provincia de Córdoba”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 24.7.16
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) prevé ofrecer este verano unas vacaciones divertidas, seguras y libres de violencia a 74 personas acogidas en su red de centros del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Córdoba, a través del programa Vacacionantes.



La coordinadora del IAM, Ana Díaz, quien explicó que el objetivo de este programa es el desarrollo conjunto este verano de actividades culturales en los centros de acogida, destacó que en concreto serán 37 mujeres y 37 menores los beneficiarios de esta iniciativa en la provincia cordobesa.

El programa Vacacionantes, dirigido a las personas acogidas en la red, y que ofrece durante los períodos vacacionales un conjunto de actividades lúdicas con el fin de favorecer la integración de las víctimas, especialmente de las niñas y niños, en el ámbito afectivo, social y cultural de la nueva ciudad en la que residen, al encontrarse fuera de su entorno familiar por haber sido acogidas ante el elevado riesgo de muerte por violencia de género.

Con una planificación lúdico-pedagógica, el programa pretende además aumentar la autoestima de las víctimas, fortalecer el vínculo materno-filial y, sobre todo, crear un ambiente de seguridad, respeto y buen trato como modelo de convivencia.

La programación abarca actividades tan variadas como fiestas del agua, talleres de cocina infantil y hábitos saludables, lecturas de verano, manualidades con elementos reciclados, cine de verano, taller de jardinería, cenas y tertulias de verano, juegos cooperativos o diferentes excursiones a playas, piscinas o lugares de interés turístico y cultural, entre otras.

El programa se enmarca dentro del objetivo de la Junta de Andalucía de ofrecer una atención integral a menores expuestos a la violencia de género, con el fin de evitar que perpetúen la violencia de género que han sufrido en sus casas y recuperen una vida libre de maltrato, afectiva, normalizada en su nuevo hogar y en su nuevo entorno social y cultural.

El Servicio Integral de Atención y Acogida, al igual que el resto de programas del IAM para víctimas de violencia machista, trabaja de manera multidisciplinar para la recuperación integral de las personas que sufren maltrato, a través de una atención psicológica, jurídica, laboral y social, no sólo para atender sus necesidades más inmediatas, como la protección y seguridad, sino también para fomentar en ellas la autoestima y promover el respeto y buen trato como modelo de convivencia.

Andalucía fue la primera comunidad que consideró víctimas directas a los hijos de víctimas de violencia de género, al poner en marcha en 2009 el Servicio de Atención Psicológica para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

En este sentido, desde la Junta se pide al Gobierno central que apoye la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, que incluye entre otras medidas la suspensión del régimen de visitas a los hijos e hijas para las personas denunciadas o condenadas por maltrato.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

sábado, 23 de julio de 2016

  • 23.7.16
La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios establecidos en aplicación a los Planes Nacionales llevados a efecto en la provincia para la erradicación de la venta y consumo de sustancias estupefacientes en lugares de ocio y centros escolares, ha detenido a una persona en Fernán Núñez y ha investigado a otra en Montemayor, ambos mayores de edad, como supuestos autores de un delito contra la Salud Pública, por cultivo y elaboración de marihuana.



Las investigaciones llevadas a efecto por la Guardia Civil del Puesto de Fernán Núñez, permitieron averiguar que en las inmediaciones de dicha localidad y en el municipio de Montemayor, pudiera ubicarse alguna plantación de marihuana.

Ante ello, la Guardia Civil inició gestiones para localizar la ubicación de las plantaciones y para la identificación y localización de los propietarios de las mismas, lo que permitió ubicar en Fernán Núñez un solar que albergaba una plantación de marihuana compuesta por siete plantas de marihuana de grandes dimensiones que fue intervenida, procediéndose a la detención del propietario de la misma, como supuesto autor de un delito de cultivo y elaboración de marihuana.

Consecuente con las gestiones que se venían practicando, se logró localizar otra plantación en el interior de una nave ubicada en la localidad de Montemayor, compuesta por dos plantas de grandes dimensiones, que fueron intervenidas, procediéndose a la instrucción al propietario de las mismas de las pertinentes diligencias de investigación, como supuesto autor de un delito de cultivo y elaboración de marihuana.

En concreto, según indica la Guardia Civil, la operación intervino un total de quince kilogramos de marihuana tras su deshoje y despalillo. Por ello, el supuesto autor del delito de cultivo y elaboración de la droga ha sido detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 23.7.16
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles dio ayer un paso más para mejorar el control y la certificación de la calidad de sus vinos con a la puesta en marcha de un nuevo sistema de identificación de la cosecha de cara a la próxima vendimia. De este modo, la entidad que preside Javier Martín ha decidido poner en marcha la Tarjeta del Viticultor, un dispositivo electrónico que registrará en los lagares y bodegas del marco datos esenciales sobre la cosecha.



Gracias al uso de esta tarjeta, que deberá entregarse a la entrada de cada lagar, los técnicos del Consejo Regulador podrán comprobar tanto la procedencia del fruto como la cantidad de uva entregada por cada uno de los viticultores de la DOP Montilla-Moriles. "Es un sistema que permite avanzar en el control y en la certificación de nuestros vinos", subrayó ayer Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador.

La implantación de este novedoso sistema es fruto de la colaboración con la entidad CajaSur y la empresa cordobesa de ámbito tecnológico Intelify. "Sin duda, es un avance tecnológico puntero en el sector y que podría ser exportable a otros sectores agroalimentarios de importancia como el del aceite", reconoció Francisco de la Torre, director del Servicio Agrario de CajaSur.

En total, el Consejo Regulador entregará para esta vendimia un total de 2.200 tarjetas a partir del próximo lunes, una por cada titular de viñedo, que permitirán su identificación en 21 de los 33 lagares con los que cuenta el marco pues, según señaló Garrido, el dispositivo tan sólo será necesario en aquellos casos en los que se admitan uvas de más de un viticultor.



Además, cuatro técnicos del Consejo Regulador y cuatro auxiliares de apoyo velarán por el buen uso de este sistema, así como las labores propias de inspección y control de esta vendimia que comenzará, aproximadamente, el próximo 5 de agosto para las variedades de uva de vino joven, según adelantó ayer el presidente de la institución, Javier Martín.

De esta forma, el Consejo Regulador se convierte en un referente en el control de sus lagares que, como apuntó el presidente del marco, servirá de ejemplo dentro de las tres denominaciones de Origen vitivinícolas que forman parte de la Fundación para el Control de la Calidad de Andalucía: Montilla-Moriles, Málaga y Condado de Huelva.

Apoyo al viticultor

La puesta en marcha de la tarjeta del viticultor desde el Consejo Regulador Montilla-Moriles con el apoyo de CajaSur ha supuesto, asimismo, el inicio de un nuevo convenio entre ambas entidades, con el que se pretende poner a disposición de los agricultores de Montilla-Moriles un amplio catálogo de servicios financieros que les permitirán cubrir sus necesidades de cara a la nueva campaña.

La nueva línea que CajaSur pone a disposición de los viticultores de la DOP pretende ofrecer condiciones ventajosas en un amplio catálogo de servicios y, de este modo, "seguir apoyando a la zona Montilla-Moriles y a sus agricultores". Por ello, junto a la entrega de la Tarjeta del Viticultor, el Consejo Regulador dará a conocer esta nueva línea de productos financieros.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ



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