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lunes, 11 de agosto de 2014

  • 11.8.14
No voy a negar toda la ayuda que se le pueda prestar a un sacerdote católico español contagiado por el virus del Ébola en Liberia. Es un caso que acapara la atención pública, por cuanto conmueve el sacrificio de quien dedica sus esfuerzos por los demás, los más pobres y abandonados del planeta, aunque estoy convencido de que ni el hecho de ser religioso ni acaparar ese foco de atención mediática han sido causas del generoso desprendimiento del Gobierno español para repatriarlo, enviando un avión especial medicalizado, con una tripulación de profesionales sanitarios, y acondicionar todo un hospital público de Madrid para acoger en exclusiva y dispensar al misionero el tratamiento de soporte disponible para una infección que no tiene cura.

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Tales muestras de solidaridad hacia una sóla persona (o dos, o siete), sin escatimar recursos, contrasta con las políticas que ese mismo Gobierno aplica a la sanidad en su conjunto, recortando prestaciones, disminuyendo personal y limitando servicios a millones de pacientes que reclaman idéntica atención médica en nuestro país. Me gustaría pensar que nuestro Gobierno se preocupa por todos equitativamente.

No voy a negar toda la ayuda que se le pueda prestar a un cura español que, voluntariamente, se marcha de misionero a un país asolado por la pandemia del Ébola, conociendo los riesgos a los que se enfrenta.

La ONG o la orden religiosa que organiza el desplazamiento de cooperación dispondrá de los seguros pertinentes para afrontar las eventualidades que pudieran afectar a sus voluntarios en caso de precisar atención médica, traslados u otras asistencias más o menos previsibles.

Y que dada una emergencia imprevista, como un secuestro o un terremoto, el Gobierno, como espera todo ciudadano en el extranjero, será capaz de ofrecer a través de sus embajadas y consulados el apoyo material, logístico, legal y diplomático necesarios para solventar estas situaciones de extrema urgencia. Por eso, quiero pensar que nuestro Gobierno socorre a todos los nacionales en el extranjero de forma equitativa, sin distinción, corriendo con todos los gastos, si fuera necesario.

No voy a negar toda la ayuda que consiga el misionero español porque es la actitud con la que deseo que nuestro Gobierno atienda las necesidades sanitarias de toda la población española, tanto en el extranjero como dentro de nuestras fronteras.

Me gustaría pensar que cuando contraigamos cualquier enfermedad, las autoridades sanitarias no escatimarán recursos para atendernos ni nos negarán medios con los que tratar no sólo lo que no tiene cura, sino también lo que puede ser solventado con la medicación pertinente, aunque sea onerosa o no esté incluida en el catálogo farmacéutico de la Seguridad Social.

Me gustaría pensar que, si para el tratamiento sintomático y paliativo contra la infección del Ébola no hay restricción de medicamentos, los 456 medicamentos retirados de la financiación pública volverán a ser incluidos en el catálogo farmacéutico al que tenemos derecho y que es financiado con nuestros impuestos.

No voy a negar toda la ayuda asistencial que se le vaya a dispensar al religioso español en un hospital madrileño que se ha acondicionado para aislar al enfermo y evitar contagios de una enfermedad mortal, aunque en España, afortunadamente, aún no se propaga.

Es loable que precisamente ese hospital, que había sido desmantelado de sus unidades de tratamiento especializado y clausurado como referencia en enfermedades infecciosas por criterios políticos, no científicos, para transformarlo en un centro de estancias medias, sea, ahora, a toda prisa reconvertido a su antigua dedicación especializada y recupere su función como centro universitario de primer orden.

Me gustaría pensar que el cierre de ambulatorios y centros de salud, así como la disminución de la actividad de hospitales en verano y la eliminación de servicios de urgencia, todo ello por motivos de una austeridad que roza lo criminal, serán de igual modo paralizados ante la necesidad de millares de pacientes españoles que aguardan atención médica, cuidados sanitarios y controles de enfermedades crónicas por los “achaques” propios de la vida, y no a consecuencia de riesgos previsibles que podrían haberse evitado.

Me gustaría pensar que no hay que padecer la infección por Ébola para abandonar una lista de espera y ser atendido de forma inmediata, sin ninguna discriminación y sin escatimar medios.

No voy a negar la atención médico-sanitaria que se le pueda dispensar a un sacerdote de una religión que antepone sus creencias a la ciencia, reprocha ciertas líneas de investigación médica con células madre y prohíbe y condena moralmente determinados procedimientos terapéuticos que palian sufrimientos o resuelven situaciones indeseadas, como es el aborto.

Pero me gustaría pensar que, aunque no sea voluntad de ningún dios, el Gobierno respetará las creencias de todos los miembros de la sociedad y no impondrá criterios morales que sólo obligan a quienes los asumen individualmente.

Me gustaría pensar que las autoridades respetan el precepto constitucional que declara al Estado como aconfesional, ya que una sociedad laica es más justa, por tratar a todos por igual sin importar sus creencias, que una confesional, en la que para atender un miembro privilegiado se destinan recursos que se niegan a otros.

Me gustaría pensar que este no es el caso y que a todos se nos trata por igual. Por eso no voy a negar ninguna ayuda que se le pueda prestar al misionero Miguel Pajares, contagiado por el virus del Ébola en Liberia, adonde acudió voluntariamente a prestar socorro y consuelo a los más desfavorecidos, poniendo incluso su vida en peligro. Me gustaría pensar que conmigo harían lo mismo. Y con usted.

DANIEL GUERRERO

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