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martes, 16 de septiembre de 2014

  • 16.9.14
Llevan tanto tiempo con la soflama de su derecho a decidir, su queja de que no se les quiere dejar votar y su reclamación de un derecho que entienden como principio y cúspide democrática que las consignas han llegado a calar no solo entre los catalanes –que han calado y mucho– sino entre el resto de España que, en un primer vistazo, topan con algo que parece de estricto derecho.

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Pero, como en tantas ocasiones, lo que esconde tras su aparente contundencia y simplicidad es una sibilina pero contundente mentira. En realidad, lo que pretenden es, ni más ni menos, expropiarnos nuestro derecho y robarnos, tan aficionados ellos a proclamar el latrocinio, nuestro voto.

Porque eso es lo que supone que ellos y solo ellos decidan sobre algo sobre lo que tenemos derecho a decidir todos: expoliarnos nuestro voto sobre algo de lo que todos debemos opinar, como todos opinamos cuando tocó ponerlo en marcha.

Porque fuimos todos, ellos incluidos, los que firmamos y votamos el pacto, las leyes y la Constitución donde tiene cabida su Estatut de Autonomía. Y habríamos de ser todos quienes, a la hora de modificar, retocar o incluso romper tal situación, debiéramos pronunciarnos.

Ese es el principio esencial en el que no cabe cesión ni renuncia alguna. Es la línea roja que el Gobierno y los representantes del Estado, incluido el propio Mas, están obligados a respetar, cumplir y hacer cumplir.

El propio presidente Mariano Rajoy no puede –en el caso de querer, que tampoco quiere– hacer ninguna otra cosa que cumplir la ley, que emana de ese derecho, de esa soberanía del conjunto del pueblo español sobre la totalidad de España.

Porque, sin ello, ni siquiera existe España. Si todos y cada uno de los territorios autonómicos plantean ese su “derecho a decidir”, cada cual sobre los “suyos”, España y los españoles dejan de existir y su ciudadanía dejaría de ser depositaria de derecho y de soberanía.

La semana pasada, cientos de miles de catalanes proclamaron en las calles lo contrario. Y ahora ya es momento de tabular y aquilatar fervores y efervescencias. Pero hoy ya puede decirse que, por muchas voces y “uves” que den y hagan, lo que no es de recibo por el resto, ni siquiera para bastantes de los propios catalanes mismos, es que de lo se suponen con derecho sea a costa de violar y apropiarse de los derechos de los demás.

Estoy seguro de que el fervor separatista, en esa Diada por ellos secuestrada como de su exclusiva propiedad, ha sido mucho y hasta creciente, aunque el número y los ánimos en el fondo sean algo menguantes. Porque que son cada vez más son los que perciben que el camino no lleva a ningún sitio y puede acabar en una tremenda frustración.

Pasada la exaltación nacionalista, la realidad vuelve a asomar. Los tiempos se agotan y el día 9 de noviembre como fecha de Damocles pende sobre las cabezas. Sobre todo, sobre aquellas que lo fiaron todo a su imposición. Sobre todo lo demás.

Es la fecha decisiva, aunque ya hay otras: la del viernes 19 de septiembre es la próxima anunciada. El día en que aprobará la Ley de Consultas, que pretende dar amparo al referendum ilegal. Pero la fecha que de verdad ahora puede tener mayor significado y relevancia no es esa sino la del día anterior. Y no porque vaya a suceder algo aquí, sino por lo que ese día puede suceder en Escocia.

No es una situación igual ni en la historia ni en su evolución, pero sí coincide en el objetivo: la secesión. Si el "sí" triunfa en Escocia, el puchero catalán hervirá. Pero si la unión sale victoriosa, eso ayudará a que el caldo catalán se empiece a enfriar.

ANTONIO PÉREZ HENARES

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