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lunes, 18 de agosto de 2014

  • 18.8.14
Con menos de un año de antelación y ante la posibilidad cierta de que formaciones nuevas atraigan la confianza de los descontentos, descreídos y desencantados que suelen engrosar la abstención, el partido en el Poder, el que gobierna la Nación y la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos del país, decide cambiar las reglas del juego para obligar por ley que se designe alcalde al candidato de la lista municipal más votada en caso de que ninguna consiga mayoría absoluta.

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Puede parecer, en primera lectura, una iniciativa democrática, por cuanto el “mensaje” que pretende transmitir la propuesta es el de “respetar” la mayoría expresada en las urnas y dejar gobernar al que más votos obtenga en los próximos comicios locales de 2015. ¿De verdad es esa la intención?

Si así fuera, si fuera sincero el interés del Partido Popular por fortalecer y profundizar realmente los procedimientos democráticos que rigen esos sufragios, cualesquiera de los que se valen los ciudadanos para escoger a sus representantes no sólo en ciudades y pueblos, sino también en las comunidades autónomas o regiones y, por qué no, incluso en las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, hace tiempo, años o legislaturas que se habría promovido tal “mejora” que, en teoría, reproduce fielmente en escaños las preferencias del votante.

Pero existen dos datos que despiertan sospechas: primero, circunscribir la nueva norma sólo a la elección de alcaldes; segundo, la “coincidencia” de que, precisamente ahora y a toda prisa, se proponga tal modificación, a las puertas de unas elecciones que ya preparan los aparatos de los partidos, cuyas repercusiones alterarían todo el mapa político municipal, sin consenso ni deliberación entre todas las formaciones con representación parlamentaria e imponiéndola de manera urgente, vía decreto-ley (ya que no da tiempo para una ley de tramitación ordinaria), a fin de que la modificación electoral pueda aplicarse dentro de pocos meses, en las elecciones locales de 2015. ¿Por qué tantas prisas y por qué ahora?

Parece evidente –previa definitiva confirmación en las urnas– que el inesperado auge de Podemos, la novísima formación que acapara la confianza de los defraudados con los partidos que hasta ahora se alternaban en el Poder (PP y PSOE) y con esa izquierda testimonial (IU) que se conforma con las migajas del Sistema, sin cambiarlo, puede atraer el apoyo nada despreciable de los ciudadanos hasta convertirla en la tercera fuerza política en unas próximas elecciones.

Ya dio el “sorpasso” en las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo, en las que obtuvo cinco escaños en el Parlamento europeo gracias a más de 1,2 millones de votos y cerca del 8 por ciento de representación popular.

Con semejante “empuje” inicial, Podemos se prepara ahora para repetir la hazaña, con mayor contundencia, a escala municipal, promoviendo sin descanso, a través de las redes sociales, asambleas o círculos de simpatizantes en todas las ciudades con la intención de configurar propuestas y acuerdos que posibiliten presentar candidaturas, en solitario o en coalición, en todas ellas.

Incluso se está dotando de una “estructura” orgánica que, a pesar de sus críticas a las formaciones establecidas que tacha de “castas”, convierte a Podemos en otro partido que sólo se distingue de los demás por no emitir carnets de afiliado.

Y la mera posibilidad de que esta formación, derivada de las manifestaciones espontáneas de los indignaos del 15-M, pueda resultar eficaz para desbancar a la derecha del enorme Poder que atesora a escala local, hace temblar de inquietud al partido al que pertenecen los que sientan sus posaderas en las poltronas de alcaldías y diputaciones provinciales. ¿Cómo evitarlo?

Algún asesor demoscópico alumbró una idea, camuflada de prurito democrático: dejar gobernar al candidato de la lista más votada, al que encabeza la papeleta minoritaria más votada, prohibiendo que las restantes ofertas agrupen sus apoyos en torno a un candidato alternativo común, aunque sumen así, coaligados, votos suficientes para conformar una mayoría estable y legal.

Se pretende evitar que, con la irrupción de Podemos en el mapa municipal, las izquierdas puedan arrebatar el Poder que ahora detenta la derecha en la mayor parte de los municipios y diputaciones provinciales.

Un temor fundado ante la capacidad demostrada por la nueva formación de atraer el voto de los indecisos y frustrados con los “profesionales” de la política y sus interminables “chanchullos” de corrupción y abusos de poder.

Más que propiciar el gobierno del partido más votado, lo que se persigue la propuesta del Partido Popular es impedir la coalición de una oposición que, en su conjunto, es mayoritaria. Una posibilidad que ni el sistema electoral proporcional ni la Ley D'Hondt para el reparto de escaños puede contrarrestar.

Y ante ese probable panorama, la solución desesperada es la de impedir por ley que ello ocurra, obligando a proclamar “ganador” de los comicios al candidato de la lista minoritaria más votada, que corresponderá a alguno de los grandes partidos que conforman el bipartidismo que nuestro sistema electoral propugna y favorece.

De esta manera, estando el PSOE en sus horas más bajas con respecto a la confianza que despierta entre sus propios votantes y cuando el electorado de izquierdas se fragmenta en múltiples ofertas minoritarias, el PP, partido hegemónico de todo el espectro ideológico de la derecha española, podría conservar con esta iniciativa pseudodemocrática la mayor parte de su poder municipal, incluso si un número importante de ciudadanos le retiran su apoyo a causa de sus políticas de empobrecimiento de la población. ¿Es ello democrático?

La intención no es democrática, sino oportunista. Si realmente persiguiera un procedimiento más democrático de responder fielmente a la voluntad de los votantes, facultaría a los propios votantes a decidir en una segunda vuelta sus preferencias electorales entre candidatos a los que obligaría a consensuar nuevas ofertas mayoritarias.

Tampoco es democrática por cuanto pretende impedir por ley la coalición de partidos individualmente minoritarios, pero que agrupados podrían conformar una mayoría, para favorecer la opción minoritaria más votada.

Como dice Rosa María Artal, un 40 por ciento no es más que un 60 por ciento, aunque el 40 lo consiga un solo partido y el 60 esté conformado entre tres. No es democrático obstaculizar la formación de mayorías entre ofertas afines.

Todos los gobiernos, a cualquier nivel, tienen la posibilidad de conformar mayorías estables mediante la coalición de partidos. Es democrático y es legal. Pero hay que cambiar esta norma porque al PP le conviene con tal de conservar todo su Poder local.

Si esto no es un pucherazo electoral, con la excusa del más votado, que venga María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, a explicarlo. Ella es experta en cambios de reglas en la mitad del partido, como hizo en Castilla-La Mancha, donde es presidenta de la Junta, para disminuir el número de parlamentarios autónomos como método para perpetuarse en el Poder. Pero es otra historia.

DANIEL GUERRERO

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