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jueves, 17 de julio de 2014

  • 17.7.14
Cierto revuelo ha causado en la oposición la propuesta de Mariano Rajoy de plasmar en una ley la reforma electoral que permita a los candidatos de la lista más votada acceder a la Alcaldía a partir de las próximas elecciones municipales.

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Recuerdo que en 1987, en el municipio cordobés de Cabra, se produjeron unos resultados electorales muy singulares. Fue el PSOE el que obtuvo el mayor número de concejales, siete en total, pero otras cuatro fuerzas políticas obtuvieron representatividad en la Corporación: el CDS, que obtuvo cinco ediles; Alianza Popular, cuatro; el Partido Comunista, tres; y el Partido Andalucista, dos.

En los días anteriores a la constitución del nuevo Pleno, fueron muchas las reuniones que se mantuvieron, pretendiendo que fuese el candidato del CDS quien ocupase la Alcaldía con el apoyo del resto de fuerzas políticas, a excepción de los socialistas.

En aquella ocasión, los cuatro concejales populares eran decisivos para conformar una mayoría de once y, finalmente, optamos por no entrar en la coalición de fuerzas y, simplemente, votar a nuestro candidato, con lo que el representante del PSOE accedía, como lista más votada, a la Alcaldía.

Posteriormente, incluso, asumimos responsabilidades de gobierno a fin de dar estabilidad a la gestión municipal. No se entendió nuestra actitud por parte de un sector importante de la población que, parece ser, hubiese preferido una gran coalición de muy difícil ajuste programático y en la que hubiesen tenido que confluir ideologías entonces muy distantes entre sí.

Y es que no es tan sencillo valorar las intenciones y los gustos de un pueblo cuando reparte sus votos de forma dispar, sin otorgar mayoría absoluta a ninguna de las formaciones políticas que electoralmente se le ofrecen.

Porque tan complicado es gobernar con mayoría simple cuando son el resto de fuerzas políticas las que gozan de los votos necesarios para la toma de decisiones plenarias tan decisivas como la aprobación de presupuestos, ordenanzas fiscales, etc., como hacerlo con uno u otro de los partidos presentes en la Corporación, sin que tal posibilidad se haya trasladado a la ciudadanía previamente a la emisión del voto.

Supongamos que en las municipales de 2015 en el Ayuntamiento de Córdoba se produjesen unos resultados que dieran al PP once concejales, siete a IU, siete al PSOE, dos a Ciudadanos, uno a UCOR y otro a Podemos. En total, los veintinueve que corresponden a esta Corporación de una capital andaluza.

Resulta evidente que la lista más votada es la del Partido Popular, si bien sin mayoría absoluta, aunque con la reforma de la ley accedería a la Alcaldía de la ciudad. Nos encontraríamos con un Gobierno municipal que, tal vez, podría llegar a un acuerdo con Ciudadanos y UCOR, pero que enfrente se encontraría con una oposición que bien podría conformar una mayoría absoluta de bloqueo que haría ingobernable el municipio.

De ahí que no resulte tan simple el llevar a la práctica aquello de dejar gobernar a la lista más votada que, por cierto, también ha defendido el PSOE en su programa electoral, si no se articulan mecanismos que puedan garantizar el ejercicio del poder efectivo por parte de quienes accedan al gobierno municipal, poniendo con ello en cuestión el papel que deberá jugar la oposición en el ejercicio democrático de la representatividad ciudadana.

Otra cosa es si resulta correcto o no modificar las reglas del juego cuando quedan pocos minutos para su conclusión… Mi opinión es que el Gobierno de Mariano Rajoy no dará ese paso, si bien hora es ya de que todas las fuerzas políticas dejen de mirarse al ombligo, defendiendo sus intereses corporativos frente a los de la población, y se pongan de acuerdo en reformas como esta, la de la Ley de Partidos u otras muchas que deberían salir adelante a través del consenso en un país, no lo olvidemos, que tiene graves retos de todo tipo que afrontar.

ENRIQUE BELLIDO

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